Coordinación Autoridades Administrativas
Coordinación de Autoridades Administrativas
Es el trámite de naturaleza administrativa, a través del cual, los Defensores de Familia, Comisarios de Familia o Inspectores de Policía, según sea el caso, restablecen: a) la dignidad e integridad de los Niños, Niñas y Adolescentes como sujetos de derechos y; b)la capacidad para hacer efectivo el ejercicio de sus derechos, cuando dichas garantías se encuentran inobservadas, amenazadas o vulneradas.
Medidas de Restablecimiento de Derechos
La Ley 1098 de 2006, dispuso que, con el fin de restablecer los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, la Autoridad Administrativa competente, podrá adoptar cualquier medida que considere idónea para eliminar la amenaza o hacer cesar la vulneración a las garantías constitucionales de los menores de edad, siempre y cuando, la misma resulte legítima a la luz del ordenamiento jurídico. Algunas de las medidas de restablecimiento de derechos son: la amonestación con asistencia obligatoria a curso pedagógico, el retiro inmediato del niño, niña o adolescente de la actividad que amenace o vulnere sus derechos o de las actividades ilícitas en que se pueda encontrar y ubicación en un programa de atención especializada para el restablecimiento del derecho vulnerado, la ubicación inmediata en medio familiar, la ubicación en centros de emergencia para los casos en que no procede la ubicación en los hogares de paso, la adopción, etc.
El Lineamiento Técnico Administrativo de Ruta de Actuaciones para el Restablecimiento de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes con sus Derechos Inobservados, Amenazados o Vulnerados, en su Capítulo III definió las medidas de restablecimiento de derechos, del siguiente modo:
1. Amonestación con asistencia obligatoria a curso pedagógico:
Conminación a los padres o responsables del cuidado del niño, niña o adolescente, sobre el cumplimiento de las obligaciones que les corresponde o que la ley les impone, para que cese la conducta que dio origen a la medida, acompañada de la asistencia obligatoria a un curso pedagógico sobre derechos del niño, dictado por profesionales de la Defensoría del Pueblo.
2. Retiro inmediato del niño, niña o adolescente de la actividad que amenace o vulnere sus derechos o de las actividades ilícitas en las que se pueda encontrar y ubicación en un programa de atención especializada para el restablecimiento del derecho vulnerado:
Ubicación del niño, niña o adolescente en un programa especializado, acorde a sus necesidades y características individuales, que evite su exposición a la realización de actividades que afecten su dignidad, salud o integridad personal.
3. Ubicación Inmediata en Medio Familiar:
Ubicación del niño, niña o adolescente con sus padres, o parientes, cuando estos ofrezcan las condiciones para garantizarle el ejercicio de sus derechos y se establezca la calidad del vínculo.
4. Ubicación en centros de emergencia para los casos en que no proceda la ubicación en los hogares de paso
Ubicación del niño, niña o adolescente, en lugares meramente transitorios, o de paso, mientras se adelantan las diligencias pertinentes para su protección integral.
5. La adopción
La adopción es una medida de protección a través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable, la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza.
6. Cualquier otra medida que garantice la protección integral de los niños, niñas y adolescentes
La Autoridad Administrativa deberá conminar, solicitar, gestionar o exigir a través el medio más expedito o por oficio, ante las autoridades públicas nacionales, departamentales, distritales, municipales, indígenas, personas naturales o jurídicas, que formen parte o no del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, la adopción inmediata de las medidas pertinentes y eficaces para garantizar la protección integral de los niños, las niñas y adolescentes.
7. Acciones Policivas, Administrativas o Judiciales
La Autoridad Administrativa deberá promover, de forma inmediata al conocimiento del hecho, las acciones policivas, administrativas o judiciales a que haya lugar. En tal sentido, incoará sin perjuicio de la representación legal y judicial que corresponda, las acciones, demandas, denuncias, querellas o incidentes y toda diligencia que permita garantizar y restituir los derechos amenazados o vulnerados de los niños, las niñas y los adolescentes.
Marco Normativo
Constitución Política de Colombia de 1991
Tratados y Convenios que integran el Bloque de Constitucionalidad en materia de derechos humanos e infancia y adolescencia, entre los cuales se destaca:
- Convención sobre los Derechos del Niño.
- Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional.
- Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Niños.
- Convención sobre la Obtención de Alimentos en el Extranjero.
- Convención Interamericana sobre la Restitución Internacional de Menores.
- Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores.
- Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias.
- Convenio sobre la Jurisdicción, Ley aplicable, Reconocimiento y Ejecución de la Ley y la Cooperación, con relación a la responsabilidad paterna y a las medidas para la protección de los niños.
- Tratados y convenios internacionales que el ICBF ejecuta a través del desarrollo de políticas y programas de prevención y protección.
- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños.
- Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía.
- Convenio No.138 de la OIT; Convenio No. 182 de la OIT; y Recomendación No.90, que la complementa sobre las peores formas de trabajo infantil.
- Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de los niños en el conflicto armado.
- Convenios internacionales ratificados por el Estado colombiano, relacionados con la protección de los derechos de los grupos étnicos.
- Ley 1098 de 2006 Por medio de la cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia.
- Decreto 1069 de 2015 Por medio del cual se compila el Decreto reglamentario 4840 de 2007.
- Ley 1826 de 12 de enero de 2016 Por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado, la Ley entrará a regir seis (6) meses después de la fecha de su promulgación, es decir el 13 de julio de 2017.
- Ley 1801 de julio 29 de 2016 Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia, entró a regir el 30 de enero de 2016 y a la fecha se encuentra en un periodo de seis meses de inducción pedagógica.
Documentos Destacados
| Documento | Categoría | |
|---|---|---|
 Estadísticas Coordinación de Autoridades Administrativas. Corte: 2016 |
Protección|Autoridades Administrativas | |
 Presentación Grupo de Estudio y Trabajo“Atención a los hijos e hijas menores de 18 años de edad de la población interna en los establecimientos de reclusión, cuyos derechos se encuentran inobservados, amenazados o vulnerados” |
Protección|Autoridades Administrativas | |
 Presentación Discresionalidad Administrativa y Justificación de las Decisiones |
Protección|Autoridades Administrativas | |
|
Presentación Ruta Jurídica del Procedimiento Administrativo de Restablecimiento de Derechos De niños, niñas o adolescentes con sus derechos inobservados, amenazados o vulnerados. |
Protección|Autoridades Administrativas |
Preguntas Frecuentes
1. ¿Quiénes son competentes para adelantar Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos?
Respuesta:
- Por mandato legal, le corresponde a los Defensores de Familia, Comisarios de Familia o en ausencia de cualquiera de estos dos al Inspector de Policía, del lugar donde se encuentra el menor de edad, adelantar los Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos. Únicamente, en los eventos donde las anteriores autoridades pierdan competencia, corresponderá al Juez de Familia avocar conocimiento.
Respuesta:
- En estos casos, deberá acudir ante el Comisario de Familia; autoridad, que en aquellos lugares donde no hay presencia del Defensor de Familia, asumirá todas sus funciones, salvo la declaratoria de adoptabilidad, que por disposición legal, resulta exclusiva del Defensor de Familia.
Respuesta:
- Únicamente cuando no exista presencia de ninguna de estas dos autoridades administrativas, quien asumirá la función de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y/o adolescentes con sus garantías inobservadas, amenazadas o vulneradas, será el Inspector de Policía.
Respuesta:
- En estos casos, el criterio que determinará ante qué Autoridad debe acudirse, será la violencia intrafamiliar. Es decir, que cuando la situación en la cual se produce la presunta inobservancia, amenaza o vulneración de los derechos de niños, niñas y/o adolescentes se origina en un contexto de violencia intrafamiliar, corresponderá al Comisario de Familia conocer de la misma. Mientras que, si la situación que genera la inobservancia, amenaza o vulneración se produce en un escenario distinto al de la violencia intrafamiliar, su conocimiento corresponderá al Defensor de Familia.
Respuesta:
- Tan pronto la Autoridad Administrativa tiene conocimiento de una situación en la cual se encuentren en riesgo los derechos de niños, niñas y adolescentes, deberá, de manera conjunta con los profesionales de su equipo técnico interdisciplinario (psicólogo, trabajador social y nutricionista), adelantar la verificación del estado de cumplimiento de los derechos de ese menor de edad, con el fin de determinar si existe mérito o no para dar inicio al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos.
De modo que, la apertura del Proceso de Restablecimiento de Derechos no es automática a la puesta en conocimiento de la situación, pues conforme a las valoraciones que cada uno de los profesionales del equipo adelanta en la verificación de derechos, el Defensor de Familia determinará el inicio del trámite.
Respuesta:
- Por regla general, la Autoridad Administrativa cuenta con 4 meses, siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud o a la apertura oficiosa de la investigación, para definir la situación jurídica del niño, niña o adolescente. No obstante, la Autoridad podrá solicitar al Director de la Regional correspondiente, la ampliación del término para pronunciarse, el cual no podrá exceder de dos meses más.
Respuesta:
- Por disposición legal, la Autoridad Administrativa cuenta con un término de 4 meses, excepcionalmente prorrogables por otros 2 meses, para resolver la situación jurídica del niño, niña o adolescente a favor de quien se adelanta el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos.
Lo cual significa, que dentro de ese periodo de tiempo, la Autoridad Administrativa deberá tomar una de dos decisiones con el fin de definir la situación jurídica del niño, niña o adolescente, (i) declarar en situación de vulneración de derechos al menor de edad, o; (ii) declararlo en situación de adoptabilidad. Esto no obsta, para que frente a un niño que previamente ha sido declarado en situación de vulneración de derechos, la Autoridad Administrativa de forma posterior, decida declararlo en adoptabilidad.
Respuesta:
- En este supuesto, la Autoridad Administrativa habrá perdido competencia para pronunciarse sobre dicho Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos. Razón por la cual, como lo indica la normatividad vigente en materia de infancia y adolescencia, la Autoridad Administrativa deberá de manera inmediata remitir el expediente al Juez de Familia con el fin de que este último, resuelva el trámite correspondiente.
Respuesta:
- Si bien, el artículo 53 de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expidió el Código de Infancia y Adolescencia, consagra una serie de medidas de restablecimiento de derechos que podrán ser eventualmente adoptadas por las Autoridades Administrativas, el mismo artículo estableció que la Autoridad podrá adoptar como medida de restablecimiento de derechos, cualquiera que considere necesaria e idónea para salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, siempre que estas se ajusten a los parámetros generales de legalidad.
Vale destacar, que dentro de las medidas de restablecimiento de derechos que adopta la Autoridad Administrativa, por excelencia, debe propender por la articulación de las entidades que integran el Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
Respuesta:
- Las medidas de restablecimiento, de acuerdo al artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, son transitorias en su integridad, razón por la cual, cualquiera de ellas podrá ser modificada por la autoridad competente, cuando advierta la necesidad de hacerlo, siempre y cuando la anterior, no haya sido homologada por el juez la adopción o decretada por el mismo.
Respuesta:
- Frente a las decisiones adoptadas por las Autoridades Administrativas, existe la homologación como el control de legalidad, que de las mismas, podrá efectuar el Juez de Familia.
Dicho control de legalidad, versará sobre la forma y fondo del pronunciamiento, con el fin de verificar que la decisión adoptada en sede administrativa responda al principio del interés superior del niño, niña o adolescente. No obstante, los tiempos y requisitos que determinen la procedencia de la homologación, dependerán de si la decisión fue declaración en situación de vulneración de derechos, o declaratoria de adoptabilidad.