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Coordinación Autoridades Administrativas

¿Qué es la Coordinación de Autoridades Administrativas?

La Coordinación de Autoridades Administrativas está encargada de apoyar, fortalecer y brindar asistencia técnico jurídica a las autoridades administrativas y equipos técnicos interdisciplinarios, competentes para el restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de cualificar su quehacer misional (Resolución 060 de 2013 modificada por la Resolución 2688 de 2017).

¿Qué es el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos?

Es el conjunto de actuaciones administrativas y/o judiciales que deben desarrollarse para la restauración de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes que han sido vulnerados o amenazados.

Este proceso especial incluye las acciones, competencias y procedimientos necesarios para que las autoridades administrativas restablezcan el ejercicio pleno y efectivo de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, de acuerdo con las características y necesidades particulares de cada caso.

¿Quiénes son las autoridades para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes?

El defensor de familia, el comisario de familia o el inspector de policía son las autoridades administrativas que de acuerdo con las competencias establecidas en los artículos 96 al 98 del Código de la Infancia y la Adolescencia y el artículo 7 del Decreto 4840 del 2007, compilado en el artículo 2.2.4.9.2.1 del Decreto único reglamentario 1069 de 2015 son los encargados de adoptar las medidas de restablecimiento de derechos.

No obstante, los jueces de familia y las autoridades tradicionales también son autoridades competentes para restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes de acuerdo con las particularidades y etapas de cada caso.

Medidas de Restablecimiento 

Son decisiones de carácter transitorio que toman las autoridades administrativas en el marco del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, para garantizar y restablecer el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

La única medida de restablecimiento de derechos de carácter definitivo es la adopción.

El artículo 53 del Código de la Infancia y la Adolescencia, señala las medidas de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes de la siguiente manera:

Marco Normativo
Preguntas Frecuentes

Respuesta:

Frente a las decisiones adoptadas por las autoridades administrativas dentro de los Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos, existe la homologación y la revisión.

  • Homologación:

Es un control de legalidad de las decisiones adoptadas por parte de las autoridades administrativas que se surte cuando existe oposición por algunas de las partes o el Ministerio Público, que no se constituye en un recurso y en virtud del cual, le corresponde al juez de familia efectuar un control tanto de forma, respecto del procedimiento llevado a cabo en la actuación administrativa, como de fondo, en cuanto se extiende a establecer si la medida adoptada por la Autoridad Administrativa atendió el interés superior del niño, niña o adolescente.

  • Revisión:

Cuando la autoridad administrativa identifica yerros dentro del Proceso Administrativa de Restablecimiento de derechos, podrá subsanarlos antes del vencimiento del término para definir la situación jurídica del PARD, es decir dentro de los seis (6) meses iniciales del proceso.

Así las cosas, la Autoridad Administrativa debe hacer uso de la figura de la revisión cuando ha perdido competencia para subsanar los yerros dentro del PARD, es decir después de vencido el término para definir la situación jurídica (seis (6) meses) en el proceso.

En esos eventos, deberá remitir el expediente a instancia judicial para la respectiva revisión de las actuaciones administrativas, con la finalidad que allí se determine si hay lugar a decretar la nulidad de lo actuado y en estos casos, resolver de fondo la situación jurídica del niño, niña y adolescente.

Finalmente, es preciso aclarar que ni la homologación ni la revisión, se configuran como un recurso ni una instancia, sino que obedecen a un control de legalidad que ejerce el juez competente sobre las decisiones o las actuaciones adelantadas por la Autoridad Administrativa. Por tal efecto, las determinaciones que se emitan en sede judicial no son objeto de recurso y son definitivas.