Consiste en la conminación a los padres o a las personas responsables del cuidado del niño, niña o adolescente sobre el cumplimiento de las obligaciones que les corresponden o que la ley les impone. Comprende la orden perentoria de que cesen las conductas que puedan vulnerar o amenazar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, con la obligación de asistir a un curso pedagógico sobre derechos de la niñez, a cargo de la Defensoría del Pueblo, so pena de multa convertible en arresto.

Retiro inmediato del niño, niña o adolescente de la actividad que amenace o vulnere sus derechos o de las actividades ilícitas en que se pueda encontrar y ubicación en un programa de atención especializada para el restablecimiento del derecho vulnerado.

Ubicación del niño, niña o adolescente en un programa especializado, acorde a sus necesidades y características individuales, que evite su exposición a la realización de actividades que afecten su dignidad, salud o integridad personal.

Es la ubicación del niño, niña o adolescente con sus padres, o redes de apoyo cuando estos ofrezcan las condiciones para garantizarles el ejercicio de sus derechos y atendiendo su interés superior.

Ubicación del niño, niña o adolescente, en lugares provisionales o transitorios, o de paso, mientras se adelantan las diligencias pertinentes para su protección integral.

Mediante esta medida se establece de manera irrevocable, la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza.

Además de las anteriores, se aplicarán las consagradas en otras disposiciones legales, o cualquier otra que garantice la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes.

La Autoridad Administrativa deberá conminar, solicitar, gestionar o exigir a través del medio más expedito o por oficio, ante las autoridades públicas nacionales, departamentales, distritales, municipales, indígenas, personas naturales o jurídicas, que formen parte o no del Sistema Nacional de Bienestar Familiar-SNBF, la adopción inmediata de las medidas pertinentes y eficaces para garantizar la protección integral de los niños, las niñas y adolescentes.

Así mismo, pueden adoptar medidas que impliquen compromisos familiares para la satisfacción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

La Autoridad Administrativa deberá promover, de forma inmediata al conocimiento del hecho, las acciones policivas, administrativas o judiciales a que haya lugar. En tal sentido, incoará sin perjuicio de la representación legal y judicial que corresponda, las acciones, demandas, denuncias, querellas o incidentes y toda diligencia que permita garantizar y restituir los derechos amenazados o vulnerados de los niños, las niñas y los adolescentes.

• Constitución Política de Colombia.
• Tratados y Convenios que integran el Bloque de Constitucionalidad en materia de Derechos Humanos e infancia y adolescencia, entre los cuales se destaca:
• Convención sobre los Derechos del Niño.
• Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la
• Cooperación en Materia de Adopción Internacional.
• Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Niños.
• Convención sobre la Obtención de Alimentos en el Extranjero.
• Convención Interamericana sobre la Restitución Internacional de Menores.
• Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores.
• Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias.
• Convenio sobre la Jurisdicción, Ley aplicable, Reconocimiento y Ejecución de la Ley y la Cooperación, con relación a la responsabilidad paterna y a las medidas para la protección de los niños.
• Tratados y convenios internacionales que el ICBF ejecuta a través del desarrollo de políticas y programas de prevención y protección.
• Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños.
• Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía.
• Convenio No.138 de la Organización Internacionales del Trabajo-OIT; Convenio No. 182 de la OIT y Recomendación No. 90 de la OIT, que la complementa sobre las peores formas de trabajo infantil.
• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de los niños en el conflicto armado.
• Convenios internacionales ratificados por el Estado colombiano, relacionados con la protección de los derechos de los grupos étnicos.

Leyes relacionadas con protección de la infancia y la adolescencia:

• Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”.
• Ley 1878 de 2018 “Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones”.
• Ley 75 de 1968 “Por la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto colombiano de Bienestar Familiar, ICBF”.
• Ley 7 de 1979 “Por la cual se dictan normas para la protección de la niñez, se establece el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, SNBF, se reorganiza el ICBF y se dictan otras disposiciones”.
• Ley 12 de 1991 “Por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989”.
• Ley 294 de 1996 “Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.”
• Ley 575 de 2000 “Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996.”
• Ley 640 de 2001 “Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones”.
• Ley 721 de 2001 “Por medio de la cual se modifica la Ley 75 de 1968”.
• Decreto 4436 de 2005 “Por el cual se reglamenta el artículo 34 de la Ley 962 de 2005 y se señalan los derechos notariales correspondientes”.
• Decreto 4840 de 2007 “Por el cual se reglamentan los artículos 52, 77, 79, 82, 83, 84, 86, 87, 96, 98, 99, 100, 105, 111y 205 de la Ley 1098 de 2006.”
• Ley 1257 de 2008 “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones.”
• Ley 1306 de 2009 “Por la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental y se establece el régimen de la representación legal de incapaces emancipados”.
• Ley 1361 de 2009 “Por medio de la cual se crea la ley de Protección Integral a la Familia”.
• Decreto Ley 19 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existente en las Administración Pública.”
• Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
• Decreto 987 de 2012 “Por el cual se modifica la estructura del ICBF y se determinan las funciones de sus dependencias.”
• Ley estatutaria 1618 de 2013 “Por medio de la cual se establecen disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”.
• Decreto 936 de 2013 “Por el cual se reorganiza el SNBF, se reglamenta el inciso primero del artículo 205 de la Ley 1098 de 2006 y se dictan otras disposiciones.”
• Decreto 1069 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho" y se compila el Decreto 4840 de 2007 “Por el cual se reglamentan los artículos 52, 77, 79, 82, 83, 84, 86, 87, 96, 98, 99, 100, 105,111 y 205 de la Ley 1098 de 2006”.
• Decreto 1664 de 2015 “Por el cual se adiciona y se derogan algunos artículos del Decreto número 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho y se reglamentan los artículos 487 parágrafo y 617 de la Ley 1564 de 2012.”
• Ley 1850 de 2017 “Por medio de la cual se establecen medidas de protección al adulto mayor en Colombia, se modifican las Leyes 1251 de 2008, 1315 de 2009, 599 de 2000 y 1276 de 2009, se penaliza el maltrato familiar por abandono y se dictan otras disposiciones”.
• Ley 1918 de 2018 “Por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones.”
• Decreto 753 de 2019 “Por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018 "Por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"
• Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022”
• Ley 1996 de 2019 “Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad.”
• Decreto 879 de 2020 “Por el cual se modifica la estructura del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "Cecilia de la Fuente de Lleras”
• Decreto 806 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.”

Respuesta:

Según el artículo 98 del Código de la Infancia y la Adolescencia, en los municipios en los que no haya defensor de familia, sus funciones serán cumplidas por el comisario de familia, y en ausencia de este último, las funciones asignadas al defensor corresponderán al inspector de policía.

Así las cosas, si en el lugar donde vive el niño, niña o adolescente que requiere el servicio no hay un centro zonal del ICBF, es importante que se indague en la respectiva alcaldía la ubicación de la comisaría de familia o en su defecto de la inspección de policía, con la finalidad de poner adelantar el trámite que se requiera.

Respuesta:

En estos casos, el criterio que determinará ante qué Autoridad Administrativa debe acudirse, será la violencia intrafamiliar. Es decir, cuando la situación en la cual se produce la presunta amenaza o vulneración de derechos a los niños, niñas y/o adolescentes se origina en un contexto de violencia intrafamiliar, corresponderá al comisario de familia conocer del asunto. Mientras que, si la situación que genera la amenaza o vulneración se produce en un escenario distinto al de la violencia intrafamiliar, su conocimiento corresponderá al defensor de familia.

Sin perjuicio de lo anterior, en los lugares en donde exista Defensoría de Familia y Comisaría de Familia, o Comisaría de Familia e Inspección de Policía, cualquiera de las autoridades administrativas asumirá a prevención el conocimiento del caso de amenaza o vulneración de derechos, verificará inmediatamente el estado de cumplimiento de derechos al niño, niña o adolescente, para determinar si procede la apertura de un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, protegerá al niño, niña o adolescente a través de una medida provisional si es el caso y remitirá las diligencias a la Autoridad Administrativa competente el día hábil siguiente.

Lo anterior quiere decir que si se pone en conocimiento por primera vez, por cualquiera de los canales de atención del ICBF una presunta situación de vulneración o amenaza de derechos a un niño, niña o adolescente, los profesionales del ICBF por ningún motivo podrán negar el servicio, ya que lo que procede es asignar a un defensor de familia para que ordene al equipo técnico interdisciplinario de la defensoría de familia, se adelante la verificación de garantía de derechos y apertura del PARD con toma de medida de restablecimiento de derechos si a ello hay lugar, y será luego esta autoridad administrativa, si identifica que la situación de vulneración o amenaza de derecho se dio en el contexto familiar, quien remitirá el proceso al comisario de familia del círculo de influencia del menor de edad.

Respuesta:

No todas las peticiones que se reportan ante el ICBF y comisarías de Familia requieren un Proceso de Restablecimiento de Derechos, ya que este proceso únicamente si luego de realizar la verificación de garantía de derechos se determina la existencia de una amenaza o vulneración de derechos.

En estos casos, la Autoridad Administrativa proferirá el auto de apertura de investigación, el cual deberá estar debidamente motivado y contra el cual no proceden recursos (artículo 99 del Código de la Infancia y la Adolescencia).

Así las cosas, la apertura del PARD procede cuando de la verificación de derechos se confirma que el menor de edad tiene sus derechos amenazados o vulnerados.

Respuesta:

La actuación administrativa deberá resolverse dentro de los seis (6) meses siguientes al conocimiento de la presunta amenaza o vulneración de derechos del menor de edad, término que será improrrogable y no podrá extenderse ni por actuación administrativa o judicial.

Cuando se haya declarado la situación de vulneración de derechos, la Autoridad Administrativa y el equipo interdisciplinario deberán hacer seguimiento a las medidas de restablecimiento por un término que no puede exceder seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria del fallo.

Excepcionalmente, la Autoridad Administrativa, a través de auto motivado que se notifica por estado, puede prorrogar el término de seguimiento inicial hasta por seis (6) meses adicionales, contados a partir del vencimiento del término inicial de seguimiento. Vencido este término, la Autoridad Administrativa deberá definir la situación jurídica del menor de edad.

Así las cosas, el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos tiene una duración máxima de dieciocho (18) meses.

Respuesta:

Decisión que adopta la Autoridad Administrativa en el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos a través de un acto administrativo (resolución), o la Autoridad Judicial a través de sentencia, en los casos donde se configura pérdida la competencia; y tiene por objeto resolver la situación jurídica en el proceso, para el restablecimiento de los derechos vulnerados de los niños, las niñas y adolescentes.

Dentro de la primera etapa del proceso, se puede definir en vulneración de derechos o declaratoria de adoptabilidad. Posteriormente, para los casos en que se falla en vulneración de derechos, la definición de la situación jurídica de fondo puede darse en dos sentidos: (i) la declaratoria de adoptabilidad, o (ii) el cierre del proceso por haberse evidenciado con los seguimientos, que la ubicación en medio familiar fue la medida idónea.

Respuesta:

este supuesto, la Autoridad Administrativa habrá perdido competencia para pronunciarse sobre el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos. Razón por la cual, como lo indica la normatividad vigente en materia de infancia y adolescencia, la Autoridad Administrativa deberá remitir el expediente al Juez de Familia con el fin que éste último defina la situación jurídica del menor de edad en un término máximo de (2) dos meses.

En ese sentido, es importante recordar que la autoridad administrativa en el PARD cuenta con los primeros (6) meses desde el conocimiento de la presunta situación, para la definición de la situación jurídica, (6) meses para el seguimiento de la medida adoptada y (6) seis meses más en caso de ser necesaria la prorroga a este seguimiento y poder tomar la decisión jurídica de fondo, para un total de (18) dieciocho meses del proceso.

Respuesta:

De conformidad con el artículo 103 del Código de la Infancia y la Adolescencia las medidas de restablecimiento de derechos son transitorias en su integridad, así las cosas, cualquiera de ellas podrá ser modificada por la autoridad competente cuando advierta que las circunstancias de las situaciones especificas lo ameritan.

Sin embargo, se debe recordar que la única medida de restablecimiento de derechos de carácter definitivo es la adopción.

Respuesta:

Frente a las decisiones adoptadas por las autoridades administrativas dentro de los Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos, existe la homologación y la revisión.

• Homologación:

Es un control de legalidad de las decisiones adoptadas por parte de las autoridades administrativas que se surte cuando existe oposición por algunas de las partes o el Ministerio Público, que no se constituye en un recurso y en virtud del cual, le corresponde al juez de familia efectuar un control tanto de forma, respecto del procedimiento llevado a cabo en la actuación administrativa, como de fondo, en cuanto se extiende a establecer si la medida adoptada por la Autoridad Administrativa atendió el interés superior del niño, niña o adolescente.

• Revisión:

Cuando la autoridad administrativa identifica yerros dentro del Proceso Administrativa de Restablecimiento de derechos, podrá subsanarlos antes del vencimiento del término para definir la situación jurídica del PARD, es decir dentro de los seis (6) meses iniciales del proceso.

Así las cosas, la Autoridad Administrativa debe hacer uso de la figura de la revisión cuando ha perdido competencia para subsanar los yerros dentro del PARD, es decir después de vencido el término para definir la situación jurídica (seis (6) meses) en el proceso.

En esos eventos, deberá remitir el expediente a instancia judicial para la respectiva revisión de las actuaciones administrativas, con la finalidad que allí se determine si hay lugar a decretar la nulidad de lo actuado y en estos casos, resolver de fondo la situación jurídica del niño, niña y adolescente.

Finalmente, es preciso aclarar que ni la homologación ni la revisión, se configuran como un recurso ni una instancia, sino que obedecen a un control de legalidad que ejerce el juez competente sobre las decisiones o las actuaciones adelantadas por la Autoridad Administrativa. Por tal efecto, las determinaciones que se emitan en sede judicial no son objeto de recurso y son definitivas.