“Las políticas para la niñez no se pueden convertir en un mercado social”, directora General del Bienestar Familiar

Durante su intervención compartió tres ideas fundamentales: la primera, que todos los enfoques del presupuesto nacional deben tener un componente de niñez; la segunda, que los datos generados por las entidades deben ser analizados diferencialmente y en sus respectivas dimensiones; y la tercera, que en la política de niñez no puede existir el lucro y debe estar enfocada en garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

“Todo el presupuesto nacional, tiene que tener el trazador presupuestal de que los niños y las niñas son los primordiales, que no se ven afectados por un solo factor. Cualquier meta del Plan de Desarrollo debe impactar sus vidas, ellos no viven solos, viven con una familia que, si no tiene garantías laborales, acceso a la salud u otras condiciones, la niñez termina siendo el eslabón más débil de la garantía de derechos”, indicó la funcionaria.  

En ese sentido, hizo un llamado para que se analizara el boletín “Datos para el cambio, situación de violencias contra las niñas, niños y adolescentes”, cuyo objetivo es informar sobre las situaciones que afectan a la niñez en Colombia con base en información estadística de fuentes oficiales, lo que es una herramienta útil para orientar decisiones y priorizar las acciones para garantía de derechos. 

"Este es un informe muy completo que consolida todos los datos, no los universaliza, porque es correcto tanto el dato del Ministerio de Salud como el del ICBF, ambos deben ser analizados. Yo estoy convencida de que la generalización no permite la toma de decisiones políticas; lo que hace la diferencia es la territorialización y el análisis del dato”, dijo Cáceres. 

Agregó que la generalización “no nos permite actuar y ese ha sido un factor difícil en el país. Tenemos que enfocarnos en los territorios concretos, así fue como pasó con La Guajira para bajar el nivel de mortalidad infantil por desnutrición, pese a que no llegamos al cero casos, tenemos contadores territoriales muy específicos en donde vemos el avance de la situación”. 

La funcionaria indicó que las políticas públicas de niñez no pueden ser un mercado social, “la política está muy bien planteada, pero la forma de ejecutarla se volvió un mercado social. Es decir, que con los análisis de presunta corrupción encontramos que de 220 contratos la proveeduría de alimentos la tenía el mismo grupo, igual que la de servicios públicos, como los servicios pedagógicos y las maestras, entonces, las señoras de cocina no podían quejarse si la comida llegaba mal, porque era el mismo jefe”. 

Su intervención concluyó señalando que “el objetivo de la atención no es generar empleo, es garantizar los derechos, por eso debemos cambiar ese lenguaje. Nuestro objetivo es que el servicio no es el fin, es el medio para garantizar derechos de la niñez”. 

(Fin/eeb)