Colombia tiene una política de brazos abiertos frente a la migración: ICBF

La anterior es la afirmación de la Subdirectora General del Instituto Colombiano Bienestar Familiar (ICBF), Liliana Pulido Villamil, durante su participación en el encuentro ‘Personas refugiadas y migrantes invisibles ante la COVID-19: impactos desproporcionados en los grupos de especial protección’, organizado por el Gobierno de Canadá, Unicef y la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial (R4V). 
 
La Subdirectora General del ICBF resaltó que el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes provenientes de Venezuela, expedido por el Presidente de la República el 1º de marzo de 2021, es una medida histórica que ratifica la posición del país frente a una migración ordenada, segura y regular con miras a proteger, acoger e integrar a las personas más vulnerables. Calificó como crucial la medida, dado que, en Colombia, en 2020, había 1.742.927 migrantes venezolanos, de los cuales, el 56,4 % se encontraba en condición migratoria irregular.
 
“El estatuto incluye un capítulo para los niños, niñas y adolescentes, en el que se encuentran grupos especiales de protección, es decir, aquellos que tienen una medida de restablecimiento de derechos o quienes están sancionados en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente”, dijo Liliana Pulido al explicar que con este capítulo se avanza en el restablecimiento de los derechos de la niñez migrante, incluidos quienes no cuentan con documentos de identificación. Del total de migrantes en el país, 404.598 son menores de 18 años (23,39 %) y se verán beneficiados con esta medida.  
 
Otra de las acciones que adelanta el Gobierno colombiano y que se convirtió en un referente hemisférico es la medida administrativa excepcional y temporal por la cual se reconoce la nacionalidad colombiana por nacimiento a más de 24.000 niños y niñas hijos de padres venezolanos, con el fin de prevenir el riesgo de apatridia y garantizar su derecho a la identidad.
 
En el encuentro también se abordaron los retos de los diferentes países de la región frente al fenómeno migratorio. “Uno de los retos que tenemos es la dificultad frente a la consolidación de información suficiente, confiable y de calidad, por ejemplo, sobre niñez migrante no acompañada que ingresa de manera irregular al país por tránsitos o entradas no oficiales. Esta situación invisibiliza la magnitud de otros riesgos como la trata de personas, la explotación sexual comercial, la desnutrición, el trabajo infantil y el reclutamiento”, dijo la Subdirectora General del ICBF.
 

 
La identificación temprana de niños y niñas migrantes que ingresan al país en riesgo de desnutrición y de madres gestantes con bajo peso, es otro reto. En 2020, el ICBF atendió a más de 3.000 personas de esta población con una importante inversión de recursos. Frente a este tema es vital contar con la cooperación internacional y el apoyo de gobiernos aliados, con el fin de articular acciones y recursos que permitan robustecer las acciones del Estado, especialmente en zonas de frontera para la identificación temprana de casos.
 
Otro desafío identificado es la coordinación transfronteriza que permita el intercambio de información para agilizar los casos de búsqueda, contacto y reunificación familiar de niño, niñas y adolescentes no acompañados y separados.  Colombia ha avanzado en este tema en el marco del Proceso de Quito VII, pero se requiere continuar trabajando para avanzar en resultados concretos.  
 
Finalmente, Liliana Pulido resaltó que “se necesitan mecanismos y escenarios para lograr la inserción social, participativa y económica de los jóvenes migrantes”. Para enfrentar todos estos desafíos, el ICBF ha identificado posibles soluciones que pretende desarrollar a través de un banco de proyectos que será puesto en consideración de la cooperación internacional en la próxima conferencia de donantes que se realizará en junio próximo. 
 
La Subdirectora General agradeció el apoyo del gobierno canadiense y de UNICEF a Colombia para garantizar la protección de la niñez migrante.