El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) rechaza categóricamente las amenazas, presiones e intimidaciones que presuntamente estaría haciendo el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), dirigidas a obtener la continuidad de contratos de aporte por fuera del marco jurídico que rige la contratación estatal.
La organización ha amenazado con dejar sin atención a más de 9.600 niños y adolescentes, pues exige al ICBF que los nuevos contratos mantengan las condiciones vigentes hasta el 31 de octubre para seguir con la prestación de servicios; sin embargo, la actual administración ha requerido que la celebración de estos nuevos contratos se haga bajo el estricto cumplimiento de la ley.
El Instituto reitera que las decisiones de una entidad pública no se imponen mediante amenazas ni se negocian al margen de la ley. Esta administración tiene un compromiso irrenunciable: trabajar por, para y con los niños y adolescentes de Colombia, garantizando sus derechos con transparencia, equidad y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.
Por ello, las decisiones contractuales se adoptarán con estricto apego al ordenamiento jurídico, sin privilegios ni excepciones. Ningún acuerdo o condición particular puede justificar el desconocimiento de las normas vigentes.
La protección de la niñez no puede utilizarse como instrumento de presión, ni como argumento para exigir condiciones contrarias a la ley. Por el contrario, garantizar sus derechos implica actuar con responsabilidad y asegurar que los recursos públicos cumplan su finalidad.
El ICBF mantendrá abiertos los canales de diálogo y concertación, pero sus decisiones estarán determinadas por la ley y el interés superior de los niños y adolescentes, nunca por amenazas o presiones de ningún actor.
En Colombia, la ley es para todos y todos estamos obligados a cumplirla. Sin distinciones, sin privilegios y sin excepciones. La niñez merece instituciones que actúen con integridad, firmeza y coherencia. Ese es nuestro compromiso y esa será nuestra línea de actuación.
