Bogotá, D. C.

La publicación incluye lineamientos técnicos, manuales, guías operativas y proyectos de actos administrativos que orientan la implementación de las modalidades y servicios de la Dirección de Protección Especial, así como el acompañamiento comunitario y familiar, el restablecimiento de derechos, la inclusión social y la atención de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley.

Esta consulta tiene como finalidad brindar a la ciudadanía la oportunidad de conocer los documentos, presentar sus opiniones, observaciones y comentarios, y contribuir al fortalecimiento de los instrumentos que orientan la atención y la protección desde el ICBF.

Los documentos se encuentran disponibles en el submenú de Consulta Ciudadana del botón Participa, en el sitio web institucional, a través del siguiente enlace:

https://www.icbf.gov.co/documentos-en-construccion-normatividad

La publicación estará habilitada hasta el 9 de noviembre de 2026, fecha establecida para el cierre de la consulta. Una vez finalizado este periodo, la Dirección de Relación con la Ciudadanía emitirá la certificación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1515 de 2026.

«Esa oportunidad existe y es importante que ellas la conozcan directamente, con información clara sobre las condiciones y el respeto de sus derechos laborales», aseguró desde su cuenta de X @carorestrepocan.

En esa misma red social aseguró que a la entidad le preocupa recibir información de que desde el sindicato se les está indicando que no acepten esa contratación. «Si esto se confirma, estaríamos ante una actuación cuestionable y no es coherente reclamar la continuidad laboral de las madres y, al mismo tiempo, promover que rechacen la posibilidad de continuar trabajando. Invitamos a la dirigencia sindical a explicar públicamente esta situación».

La directora general también dijo que «debemos ser claros sobre las responsabilidades institucionales. La selección del operador le corresponde al ICBF, conforme a los procedimientos establecidos».

En su red social la directora también señaló que las madres comunitarias y sus organizaciones tienen derecho a expresar sus inquietudes, «exigir el cumplimiento de sus derechos y ejercer vigilancia sobre el servicio. Eso no significa que puedan imponer al operador o condicionar las decisiones de contratación de la entidad».

«Adicionalmente, hemos recibido reportes sobre solicitudes de dinero a las familias bajo la figura de donaciones. Estamos verificando quién está realizando esas solicitudes, con qué finalidad y bajo qué condiciones. Invitamos a las familias a reportar estos hechos directamente al ICBF para que puedan esclarecerse y se adopten las medidas que correspondan», dijo la directora general.

Finalmente señaló que se mantendrá un diálogo directo con las madres comunitarias, se escucharán sus preocupaciones y se exigirá al operador el cumplimiento de sus obligaciones. «Nuestra responsabilidad es garantizar la atención de los niños y las niñas, velar por el respeto de los derechos de las madres comunitarias y tomar las decisiones del Instituto con transparencia, sin ceder a presiones».

En ese sentido, los operadores ratificaron su compromiso de aportar una contrapartida en especie equivalente al 2 % del valor de cada contrato. Estos aportes deberán ser cuantificables, documentados y verificables mediante soportes técnicos, registros de actividades y certificaciones financieras y contables.

El cumplimiento de estos requisitos será objeto de revisión por parte de la supervisión contractual del ICBF y constituirá una condición indispensable para autorizar los desembolsos correspondientes. El proceso estará ajustado de acuerdo con el Manual de Contratación institucional y los lineamientos técnicos vigentes.

El ICBF reitera que el diálogo intercultural y el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas deben avanzar de la mano de la transparencia, la legalidad y la protección del patrimonio público. El compromiso institucional es garantizar la continuidad de la atención a la primera infancia con responsabilidad y estricto cumplimiento de la ley.

El premio resalta la labor integral liderada por la Oficina Jurídica del ICBF, que asumió el reto de modernizar, unificar y elevar la calidad técnica de toda la producción reglamentaria de la institución. Este esfuerzo estratégico impacta de forma positiva tanto a la Sede de la Dirección General como a sus 33 direcciones regionales, lo que optimiza la seguridad jurídica en la atención a la niñez del país.

La estrategia galardonada se fundamentó en tres hitos clave de gestión pública desarrollados durante este año. El primero de ellos fue la adopción formal del nuevo Manual de Técnica Normativa del ICBF, que estandariza la creación de actos administrativos bajo criterios de simplicidad. El segundo fue la consolidación de un Normograma Institucional robustecido para mantener actualizadas las normas y disposiciones que expide la entidad.

Como tercer hito, el ICBF avanzó en la democratización del acceso a la información estatal al oficializar el uso obligatorio del Sistema Único de Consulta y Publicación (SUCOP) como su principal canal de consulta ciudadana. Esta medida asegura que los proyectos regulatorios se sometan a la participación activa y a las observaciones de las veedurías, operadores de servicios y la ciudadanía en general antes de su expedición definitiva.

De manera complementaria, el Instituto obtuvo una destacada calificación de 97,9 % en el Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión (FURAG), herramienta técnica virtual del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

Con este primer puesto en el certamen nacional, el ICBF ratifica su compromiso con la Política de Mejora Normativa y demuestra que la garantía de los derechos de las familias se construye sobre bases jurídicas transparentes, eficientes y rigurosas.

La apuesta de Colombia se centra en el fortalecimiento de la respuesta del Estado y la sociedad civil frente a las violencias contra la niñez y adolescencia facilitadas por la tecnología.

Durante la jornada principal del encuentro, más de 80 personas trabajaron en cinco mesas de diálogo intersectorial. Los temas abordados fueron prevención; ciudadanía digital; acceso digital seguro; respuesta integral, protección y justicia, y gobernanza, información, recursos y resultados, con el fin de construir una línea común y una base para trabajar en la prevención de violencias contra la niñez y adolescencia.

La subdirectora general del ICBF, Silvia Catalina Uribe García, destacó la necesidad de transformar la protección de la niñez y adolescencia en una acción articulada, oportuna y efectiva en todo el país. Hizo un llamado al Gobierno, los organismos internacionales, la sociedad civil, la academia y el sector privado a unir capacidades para prevenir el reclutamiento, la explotación y las violencias facilitadas por la tecnología, bajo una premisa fundamental. 

«Colombia no puede limitarse a reaccionar cuando los derechos de la niñez han sido vulnerados; debe anticiparse a los riesgos, actuar a tiempo y garantizar que ningún niño o adolescente quede solo frente a la violencia», destacó la subdirectora general.

Por su parte, Paola Franchi, jefa de Protección Infantil de Unicef Colombia, dijo que los entornos digitales ofrecen oportunidades extraordinarias para aprender, participar y desarrollarse, pero también pueden exponer a la niñez y adolescencia a formas nuevas de explotación, abuso y otros riesgos; por eso, no se puede abordar la protección digital en una agenda separada.