En la denuncia se solicita a la Fiscalía investigar integralmente la secuencia de hechos y establecer si la difusión de un video publicado por el senador Duvalier Sánchez Arango, que, según la denuncia, fue editado de manera que alteró el contexto y sentido de las palabras pronunciadas por la directora durante la sesión, pudo contribuir a desencadenar la reacción hostil que posteriormente se produjo en redes sociales.
Como soporte, fueron entregados a la Fiscalía el registro original de la sesión, el video posteriormente difundido en redes sociales, las transcripciones correspondientes y una reconstrucción cronológica que identifica los cortes y diferencias entre ambos contenidos, con el propósito de que sea la autoridad competente la que determine su alcance y eventual relevancia dentro de la investigación.
La denuncia también documenta los mensajes que comenzaron a circular después en distintas plataformas. Entre ellos se encuentran comunicaciones intimidantes y publicaciones abiertas en las que terceros divulgaron la ubicación de la directora general y manifestaron su intención de acercarse a ella o verla personalmente.
«Se divulga el lugar preciso en el que me encontraba y se anuncia, primero por una persona y luego por otra, la intención de acercarse a mí o de verme personalmente. Esa información, difundida ante miles de usuarios en medio de una reacción hostil, me lleva a temer por mi seguridad», señaló Restrepo Cañavera en la denuncia.
La directora solicitó a la Fiscalía que investigue los hechos en su conjunto y determine si existe relación entre la difusión y tergiversación que denuncia respecto de su intervención en el Senado y la posterior escalada de mensajes hostiles, intimidaciones y publicaciones relacionadas con su ubicación.
Asimismo, pidió que, a través de policía judicial, se identifique e individualice a quienes administran los perfiles desde los cuales fueron emitidos los mensajes incorporados como evidencia y se establezca si existe responsabilidad penal por cualquiera de los hechos puestos en conocimiento de la autoridad.
La directora general y su equipo jurídico entregaron a la Fiscalía los elementos documentales disponibles para que sea el ente investigador, con plena autonomía, el que establezca las circunstancias en que ocurrieron los hechos, sus posibles conexiones y las responsabilidades individuales a que haya lugar.
