Bogotá, D. C.

Durante la jornada, cada uno los representantes expuso las líneas de programas que realizan, la experiencia de su labor en Colombia, antecedentes de labores con el ICBF y nuevas propuestas para trabajar en equipo.

El encuentro también permitió revisar los avances de la cooperación que actualmente se desarrolla entre el ICBF y las agencias participantes, así como identificar oportunidades para fortalecer las acciones y estrategias que se vienen implementando.

La directora general del ICBF destacó la importancia del trabajo con este organismo dentro del marco de los lineamientos del Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella.

La reunión contó también con la participación del jefe de Oficina Coordinación Residente de la ONU en Colombia y de los representantes de UNICEF, ACNUR, OPS/OMS, FAO, PMA, UNFPA, PNUD, OIM y UNODC.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar destaca la condena, en primera instancia, interpuesta por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Ibagué contra siete personas vinculadas con la Fundación Peces Vivos por el delito de tortura agravada. Las penas impuestas oscilan entre 15 y 17 años de prisión, además de multas e inhabilidades.

El proceso se relaciona con hechos ocurridos durante 2016 y 2017 en las instalaciones de la mencionada fundación, organización que atendía a la niñez, la adolescencia y personas mayores de edad con discapacidad, quienes hacían parte de procesos de restablecimiento de derechos.

Participación del ICBF en el proceso

El ICBF intervino en calidad de víctima y solicitó sentencia condenatoria. En sus alegatos de conclusión, sostuvo que las pruebas practicadas demostraban que las inmovilizaciones examinadas no correspondían a medidas terapéuticas legítimas, sino a actos de sometimiento incompatibles con la obligación de cuidado asumida por el operador.

Como pruebas se presentaron videos, registros internos de la fundación, declaraciones de familiares y comunicaciones legalmente interceptadas.

La entidad enfatizó en que la contratación de un servicio de atención especializada imponía a sus directivos y trabajadores un especial deber de protección. La sentencia, de primera instancia, admite recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué.

El ICBF reafirma su rechazo a toda forma de violencia contra la niñez y las personas con discapacidad. Ninguna práctica de cuidado puede convertirse en un mecanismo de castigo o sometimiento.