Bogotá, D. C.

En el marco de las mesas técnicas de Empalme ante el Pueblo, el Bienestar Familiar realizó la jornada dedicada al Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), con la participación de organizaciones de la sociedad civil, entidades que integran el Comité Ejecutivo del SNBF y organismos de cooperación internacional.

En el desarrollo de la mesa técnica se destacó como uno de los principales legados la modernización del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, materializada mediante la nueva estructura creada por el Decreto 1430 de 2025, que fortaleció la articulación de las autoridades administrativas, la coordinación del Observatorio del Bienestar de la Niñez, y la creación de un equipo de seguimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño,  junto a la generación de conocimiento para orientar la toma de decisiones públicas.

Asimismo, se presentaron los avances alcanzados en la articulación territorial, con el acompañamiento técnico a más de 5.500 instancias del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, la incorporación de la niñez en 1.133 planes de desarrollo territorial, el fortalecimiento de las mesas de participación de niñas, niños y adolescentes, la formulación de 4.947 iniciativas por parte de esta población y la consolidación de mecanismos interinstitucionales para la prevención y atención integral de las violencias. 

En materia institucional, también se resaltaron los avances en el fortalecimiento de las defensorías de Familia, con la creación de 113 nuevas defensorías, la ampliación de la planta de personal y el fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios, así como la implementación del Sistema Nacional de Justicia Familiar para ampliar la capacidad de respuesta del Estado frente a la garantía y el restablecimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

La directora general del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, destacó que el principal legado de este proceso es haber consolidado un Sistema capaz de trascender los periodos de gobierno y fortalecer la acción conjunta del Estado.

«El legado más importante que dejamos es un Sistema Nacional de Bienestar Familiar más fuerte. La garantía de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes no depende de una sola entidad; depende de la capacidad del Estado para actuar de manera articulada, llegar a los territorios y mantener estas políticas como un compromiso permanente del país. La protección integral solo será posible si este Sistema continúa fortaleciéndose como una política de Estado», señaló la directora general.

Por su parte, el director del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, Julián Moreno Parra, afirmó que la transformación institucional alcanzada durante el cuatrienio constituye una base sólida para fortalecer la coordinación de las políticas públicas de niñez y familia.

«La modernización del Sistema Nacional de Bienestar Familiar constituye uno de los principales legados de esta administración. Hoy el país cuenta con una institucionalidad más sólida, con mayores capacidades para articular las políticas de niñez y familia, fortalecer las autoridades administrativas, generar conocimiento para la toma de decisiones y acompañar a los territorios en la garantía efectiva de los derechos de niñas, niños, adolescentes y familias», afirmó el director Moreno Parra.

Finalmente, la subdirectora de Articulación Nacional, Natalia Quiñones, resaltó que el fortalecimiento del Sistema también se refleja en una mayor capacidad para coordinar la acción del Estado desde los territorios y producir conocimiento útil para la formulación y el seguimiento de las políticas públicas.

«Durante estos cuatro años fortalecimos la articulación entre la Nación y los territorios para que las políticas públicas llegaran con mayor capacidad de respuesta a las comunidades. Hoy contamos con herramientas como el Observatorio del Bienestar de la Niñez, el Sistema Único de Información de la Niñez (SUIN) y el seguimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño, que fortalecen la gestión del conocimiento y permiten tomar decisiones basadas en evidencia para garantizar los derechos de la niñez». 

Durante la jornada también se presentaron los avances del Observatorio del Bienestar de la Niñez, que ha consolidado la producción de información estratégica mediante boletines, tableros territoriales y análisis especializados, así como el desarrollo de herramientas para el seguimiento al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuya integración al Sistema Único de Información de la Niñez (SUIN) fortalecerá la toma de decisiones y el monitoreo de las políticas públicas en favor de la niñez. 

Con las Mesas Técnicas de Empalme ante el Pueblo, el Gobierno del Cambio entrega a la ciudadanía, a las organizaciones de la sociedad civil, a las entidades que integran el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y a los organismos de cooperación internacional una hoja de ruta construida a partir de los principales avances alcanzados durante el cuatrienio, con el propósito de dar continuidad al fortalecimiento del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y de las políticas públicas orientadas a garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y familias.

Así mismo conforme lo dispone el Código de la Infancia y la Adolescencia, por parte de la Unidad de Fiscalía Responsabilidad Penal para Adolescentes de Bogotá se adelanta el proceso judicial correspondiente.

Desde el momento en que se conocieron los hechos, un equipo interdisciplinario del Bienestar Familiar realizó la verificación de garantía derechos y abrió el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) que procede con el propósito de evaluar la situación familiar, social y de protección, y adoptar las medidas correspondientes.

De igual manera, a través de los equipos de presencia territorial, el Bienestar Familiar brinda acompañamiento psicosocial y orientación a las familias de los adolescentes involucrados, mientras avanza el proceso de atención integral y las actuaciones de las autoridades competentes.

Bienestar Familiar rechaza cualquier situación que ponga en riesgo la vida, la integridad y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, e insiste en la importancia de fortalecer los entornos protectores desde la familia, la escuela y la comunidad, promoviendo la corresponsabilidad en la prevención de hechos de violencia.