Bogotá, D. C.

Con el propósito de avanzar en una atención más integral, segura, confidencial y libre de revictimización para niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual, el Bienestar Familiar, como rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en alianza con UNICEF, realiza la apertura del Curso de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Sobrevivientes de Violencia Sexual.

Este proceso formativo busca fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de profesionales, equipos de atención, autoridades administrativas y entidades responsables de la protección integral de niñas, niños y adolescentes. Su propósito es brindar herramientas conceptuales, metodológicas y prácticas para responder de manera oportuna, segura, coordinada y centrada en los derechos de la niñez.

El curso fue adaptado para Colombia y se basa en la metodología de Caring for Child Survivors of Sexual Abuse de UNICEF, que se ha implementado por más de una década en múltiples países del mundo, actualizándose con aprendizajes, evidencias y recomendaciones de profesionales que atienden a las niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual y sus familias.

Esto representa una apuesta estratégica para consolidar respuestas institucionales más efectivas frente a las violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Su enfoque propone pasar de una mirada centrada únicamente en el daño a una perspectiva centrada en las personas sobrevivientes, sus capacidades, su participación y sus procesos de recuperación integral.

Para su implementación se realizó la formación de 60 profesionales del sistema de protección nacional, que replicarán la metodología con los equipos de las defensorías y comisarías de Familia de todo el país.

Durante la apertura se presentó el enfoque conceptual y metodológico del curso, así como sus principales componentes para fortalecer la gestión de casos, la evaluación, la planificación, la implementación, el seguimiento, el cierre y la derivación segura hacia servicios especializados. De igual forma, se abordaron principios fundamentales para la atención, como la seguridad física y emocional, la confidencialidad, el consentimiento informado, la escucha activa, la participación y la no discriminación.

El evento finalizó con un panel de expertos titulado «Garantías y desafíos en la atención integral de niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual», que permitió abordar los avances, retos y oportunidades institucionales para garantizar respuestas articuladas entre los sectores de protección, justicia, salud, seguridad y cooperación internacional.

En este espacio participaron representantes del Ministerio de Justicia y del Derecho, la Policía de Infancia y Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, y contó con la moderación de Julián Moreno Parra, director del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, y Paola Franchi, especialista de Protección de UNICEF Colombia.

Esta iniciativa también impulsa una transformación en el lenguaje institucional, al promover el uso del término «sobreviviente» en lugar de «víctima», como una forma de reconocer la resiliencia, la capacidad de recuperación y el derecho de niñas, niños y adolescentes a reconstruir sus proyectos de vida con dignidad.

Las y los participantes resaltaron que proteger a niñas, niños y adolescentes requiere un compromiso colectivo y sostenido, en el que instituciones, familias, comunidades y cooperación internacional trabajen de manera coordinada para construir entornos seguros, protectores y libres de violencias.

Este curso constituye un paso estratégico para fortalecer un sistema de protección que  responde ante el daño y además acompaña activamente los procesos de recuperación, resiliencia y construcción de futuro de cada niña, niño y adolescente sobreviviente de violencia sexual en Colombia.

Actualmente, este proceso cuenta con algunos desafíos como: la dependencia de procedimientos manuales, la confidencialidad de la información, el seguimiento y control, la unificación de la información y la falta de automatización para articular la información a nivel nacional de una manera oportuna y precisa.

Para abordar estos desafíos el Bienestar Familiar, desde la Oficina de Inspección, Vigilancia y Control y Calidad de Servicios, con el apoyo de la Dirección de  Tecnologías de la Información, ha lanzado un proyecto busca revolucionar la manera en la que se gestionan los trámites de personería jurídica. La clave de este proyecto radica en la implementación de soluciones tecnológicas avanzadas que automatizarán y optimizarán cada paso del proceso.

Una de las principales innovaciones es el desarrollo de una solución de gestión de trámites que permitirá una mejor organización y seguimiento de las solicitudes. Esta herramienta no solo facilitará la administración de los trámites, sino que también reducirá significativamente los tiempos de procesamiento. Además, la integración de herramientas de inteligencia artificial permitirá el análisis y la extracción de documentos de manera eficiente, minimizando los errores humanos y mejorando la precisión de los datos.

El impacto de este proyecto será transformador. Al mejorar la eficiencia, el Bienestar Familiar no solo logrará una gestión más efectiva, sino que también aumentará la satisfacción de la ciudadanía. Los beneficios de esta transformación serán evidentes en la rapidez, precisión y claridad con la que se otorgarán las personerías jurídicas, lo que a su vez fortalecerá la confianza en el sistema. 

Además, se podrá contar con más aliados estratégicos que le permitirán al Instituto cumplir con su misionalidad en el marco de un enfoque territorial y así garantizar los derechos fundamentales de niños, niñas, adolescentes y familias.

Esta es una iniciativa visionaria que nos prepara para enfrentar los desafíos del futuro y ofrecer un servicio de calidad que responda a las necesidades ciudadanas. 

El objetivo de estos encuentros es construir un documento con recomendaciones orientadas a fortalecer la protección de la niñez y adolescencia en el entorno digital, el cual será presentado en un encuentro virtual interamericano, el próximo 26 de mayo, convocado por el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN/OEA) y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), México.

Igualmente, este espacio contará con la participación de la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Niñez; la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), entre otros actores internacionales.

Como resultado de la jornada con países de América Latina y el Caribe, las propuestas de niñas, niños y adolescentes se integrarán al Informe Regional sobre el Uso de Redes Sociales y a la Declaración Interamericana dirigida a gobiernos, empresas de tecnología y otros actores clave de países de la región.

En Colombia, los encuentros son coordinados por el Bienestar Familiar y cuentan con la participación de niñas, niños y adolescentes entre los 10 y 17 años, quienes hacen parte de mesas de participación departamentales y municipales, así como de programas misionales de la entidad.

Los conversatorios, denominados «Lo digital es mi territorio de paz», se desarrollan en tres bloques temáticos mediante una metodología participativa basada en preguntas orientadoras que permiten profundizar sobre los distintos tipos de violencia digital, las emociones asociadas a estas experiencias, sus impactos en la vida cotidiana y la responsabilidad compartida entre familias, Estado, plataformas tecnológicas y sociedad.

La problemática de las violencias en entornos digitales ha aumentado en los últimos años. Así lo evidencia el estudio Disrupting Harm, presentado por UNICEF, ECPAT International e INTERPOL, el cual reveló que el 21 % de las niñas, niños y adolescentes usuarios de internet en Colombia, entre los 12 y 17 años, reportaron haber sido víctimas de explotación y abuso sexual facilitados por la tecnología durante un año, entre otras cifras relevantes sobre riesgos digitales.

Se espera que las recomendaciones contribuyan al fortalecimiento de estrategias institucionales, educativas y tecnológicas para la prevención de las violencias digitales en la región, así como a la promoción de entornos digitales seguros, protectores y respetuosos para las infancias y las adolescencias.

Actualmente, este proceso cuenta con algunos desafíos como: la dependencia de procedimientos manuales, la confidencialidad de la información, el seguimiento y control, la unificación de la información y la falta de automatización para articular la información a nivel nacional de una manera oportuna y precisa.

Para abordar estos desafíos el Bienestar Familiar, desde la Oficina de Inspección, Vigilancia y Control y Calidad de Servicios, con el apoyo de la Dirección de  Tecnologías de la Información, ha lanzado un proyecto busca revolucionar la manera en la que se gestionan los trámites de personería jurídica. La clave de este proyecto radica en la implementación de soluciones tecnológicas avanzadas que automatizarán y optimizarán cada paso del proceso.

Una de las principales innovaciones es el desarrollo de una solución de gestión de trámites que permitirá una mejor organización y seguimiento de las solicitudes. Esta herramienta no solo facilitará la administración de los trámites, sino que también reducirá significativamente los tiempos de procesamiento. Además, la integración de herramientas de inteligencia artificial permitirá el análisis y la extracción de documentos de manera eficiente, minimizando los errores humanos y mejorando la precisión de los datos.

El impacto de este proyecto será transformador. Al mejorar la eficiencia, el Bienestar Familiar no solo logrará una gestión más efectiva, sino que también aumentará la satisfacción de la ciudadanía. Los beneficios de esta transformación serán evidentes en la rapidez, precisión y claridad con la que se otorgarán las personerías jurídicas, lo que a su vez fortalecerá la confianza en el sistema.

Además, se podrá contar con más aliados estratégicos que le permitirán al Instituto cumplir con su misionalidad en el marco de un enfoque territorial y así garantizar los derechos fundamentales de niños, niñas, adolescentes y familias.

Esta es una iniciativa visionaria que nos prepara para enfrentar los desafíos del futuro y ofrecer un servicio de calidad que responda a las necesidades ciudadanas.

El Bienestar Familiar participó en el panel «Justicia Restaurativa en el SRPA: impactos, capacidades institucionales y tensiones estructurales», un espacio de reflexión técnica y académica sobre los desafíos actuales del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y la necesidad de fortalecer respuestas integrales frente a las dinámicas de la delincuencia juvenil en Colombia. 

 

Durante el encuentro se discutieron temas relacionados con las demandas sociales frente a sanciones más severas, las limitaciones operativas y presupuestales del sistema, el rol de las víctimas y la importancia de consolidar procesos restaurativos que permitan la responsabilización, la reparación del daño y la transformación de proyectos de vida de adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA. 

La directora general del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, destacó la importancia de fortalecer una justicia que no se limite al castigo, sino que permita generar procesos reales de transformación social.

«La justicia restaurativa no significa impunidad. Significa generar oportunidades para que adolescentes y jóvenes comprendan el impacto de sus actos, reparen el daño causado y construyan nuevas trayectorias de vida lejos de la violencia», señaló la directora general del Instituto.

Según las cifras presentadas durante el panel, entre junio de 2024 y junio de 2025, el 99.03 % de las unidades de atención reportó actividades con enfoque restaurativo y más del 80 % implementó estrategias pedagógicas, culturales y artísticas para fortalecer procesos reflexivos, habilidades socioemocionales y acciones de reparación. 

 

El Instituto también reiteró que uno de los principales retos del sistema está relacionado con el fortalecimiento de la articulación territorial e interinstitucional, la consolidación de programas de inclusión social y el acompañamiento posterior al cumplimiento de las sanciones, factores fundamentales para prevenir la reincidencia y fortalecer la construcción de paz en los territorios. 

 

«No podemos seguir mirando a los adolescentes únicamente desde el castigo. La justicia restaurativa nos exige entender sus contextos, reparar el daño causado y construir oportunidades reales para transformar las violencias y proteger a las víctimas», precisó Cáceres.

Asimismo, durante el panel se resaltó la necesidad de garantizar la participación voluntaria, segura y acompañada de las víctimas dentro de los procesos restaurativos, promoviendo medidas efectivas de reparación y garantías de no repetición. 

 

«En la actualidad, el modelo restaurativo en las modalidades del SRPA en el Bienestar Familiar permite dar respuesta a las dinámicas asociadas a la delincuencia juvenil; sin embargo, es importante reconocer que dicha respuesta requiere una comprensión amplia e integral de los y las adolescentes y jóvenes, sus contextos sociofamiliares y las particularidades de las conductas delictivas. En este sentido, el principal reto radica en comprender las realidades territoriales donde emergen estas problemáticas y fortalecer la capacidad operativa de los territorios, de manera que las acciones institucionales puedan responder de forma pertinente a las características, necesidades y dinámicas propias de cada entorno», expresó Magally Macías, subdirectora del SRP de Bienestar Familiar.

Con su participación en este espacio, el Instituto reafirma su compromiso con el fortalecimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes desde un enfoque restaurativo, pedagógico y protector, que contribuya a la reconstrucción del tejido social y a la garantía de derechos de adolescentes y jóvenes en el país.

El Bienestar Familiar destaca el reconocimiento internacional obtenido por Colombia en el informe «Out of the Shadows 2026», considerado uno de los estudios más importantes del mundo sobre prevención y respuesta frente a las violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes.

El informe fue elaborado por Economist Impact, división de análisis e investigación de The Economist Group, organización reconocida globalmente por sus estudios sobre desarrollo social y políticas públicas, junto a Together for Girls, alianza internacional que trabaja con gobiernos, organismos multilaterales y organizaciones sociales para erradicar las violencias contra la niñez.

La medición evaluó a 60 países, donde vive cerca del 83 % de la niñez del planeta, y analizó la capacidad de los Estados para prevenir las violencias, fortalecer rutas de atención, garantizar acceso a la justicia y consolidar sistemas de protección efectivos.

Colombia ocupó el puesto 8 a nivel mundial, el segundo lugar en América Latina y el primer lugar entre los países de ingreso medio-alto, alcanzando una calificación general de 69,7 sobre 100.

Uno de los resultados más relevantes del estudio es que Colombia obtuvo el mejor puntaje del mundo en el componente de prevención, con una calificación de 83,3 sobre 100, destacándose por sus avances en fortalecimiento institucional, prevención de violencias, protección integral y acciones orientadas a garantizar entornos seguros para niñas, niños y adolescentes.

El informe resaltó avances importantes del país, como la eliminación de la prescripción para delitos sexuales contra menores de edad, la prohibición del castigo físico, la prohibición del matrimonio infantil, el fortalecimiento de acciones de prevención y la realización en Bogotá de la Conferencia Ministerial Global contra la Violencia hacia la Niñez en 2024.

Asimismo, el estudio destacó que Colombia es uno de los pocos países del mundo que exige formación específica sobre violencia sexual infantil para profesionales del sector salud, una medida considerada fundamental para fortalecer la detección temprana y la atención integral de las víctimas.

La directora general del ICBF, Astrid Cáceres, aseguró que este reconocimiento internacional «demuestra que como país y como gobierno hemos avanzado en la construcción de una sociedad más consciente frente a la protección de la niñez. Aunque aún existen desafíos, hoy hay una mayor capacidad institucional, más prevención y una visión que entiende que cuidar a niñas, niños y adolescentes debe estar en el centro de las decisiones».

La funcionaria agregó que «nos enorgullece seguir impulsando transformaciones que contribuyen a desnaturalizar las violencias y fortalecer entornos seguros y protectores para la niñez. Este avance refleja el compromiso del Gobierno del Cambio con una política basada en el amor, la dignidad y la garantía de derechos para todas las niñas, niños y adolescentes del país».

Para el Bienestar Familiar, este resultado representa un impulso para seguir fortaleciendo la prevención, las rutas de atención y el trabajo articulado con las comunidades, las entidades territoriales y las instituciones del Estado.

Con dignidad, cumplimos.

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