Estas políticas han ubicado al Estado como un actor clave para la garantía y el goce de los derechos propios de esta población y, en consecuencia, han generado condiciones para que los jóvenes ingresen desde la etapa temprana de la adolescencia, al ejercicio de la vida pública como actores que tienen voz en la construcción de agendas públicas y que inciden de forma participativa sobre las políticas, programas y proyectos en las distintas suscripciones territoriales.
Para 2013, esta voluntad del Estado en su conjunto recoge y materializa, a través de la Ley Estatutaria 1322, un modelo para el ejercicio y articulación institucional y comunitaria por medio del Sistema Nacional de Juventud. Dentro de esta ley se ubican los Consejos Municipales y Distritales de Juventud (CMJ) como mecanismos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública en los temas juveniles, dándoles atribuciones para la interlocución de los jóvenes ante la institucionalidad.
Desde este gran panorama y oportunidad para incidir sobre los asuntos juveniles, el 28 de noviembre de este año, los y las jóvenes de Colombia tendrán otra vez la oportunidad de elegir y ser elegidos en estos consejos juveniles que llevarán la vocería territorial en espacios de planeación y seguimiento municipal y distrital.
En un periodo de cuatro años, los y las representantes que hagan parte de estas corporaciones juveniles podrán concertar la inclusión de las agendas juveniles con las respectivas autoridades políticas y administrativas, ejercer veeduría y control social sobre políticas juveniles, y actuar desde este escenario de interlocución y concertación ante la administración en los temas juveniles.
Sin embargo, para hacer posible este triunfo de la democracia, es indispensable que las juventudes se empoderen de estos espacios de participación y representación, por medio de la movilización social, mediante la inscripción, elección y seguimiento a los mecanismos que garantizan la participación, concertación e incidencia de las y los jóvenes.