Bogotá, D. C.

Durante su intervención compartió tres ideas fundamentales: la primera, que todos los enfoques del presupuesto nacional deben tener un componente de niñez; la segunda, que los datos generados por las entidades deben ser analizados diferencialmente y en sus respectivas dimensiones; y la tercera, que en la política de niñez no puede existir el lucro y debe estar enfocada en garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

“Todo el presupuesto nacional, tiene que tener el trazador presupuestal de que los niños y las niñas son los primordiales, que no se ven afectados por un solo factor. Cualquier meta del Plan de Desarrollo debe impactar sus vidas, ellos no viven solos, viven con una familia que, si no tiene garantías laborales, acceso a la salud u otras condiciones, la niñez termina siendo el eslabón más débil de la garantía de derechos”, indicó la funcionaria.  

En ese sentido, hizo un llamado para que se analizara el boletín “Datos para el cambio, situación de violencias contra las niñas, niños y adolescentes”, cuyo objetivo es informar sobre las situaciones que afectan a la niñez en Colombia con base en información estadística de fuentes oficiales, lo que es una herramienta útil para orientar decisiones y priorizar las acciones para garantía de derechos. 

"Este es un informe muy completo que consolida todos los datos, no los universaliza, porque es correcto tanto el dato del Ministerio de Salud como el del ICBF, ambos deben ser analizados. Yo estoy convencida de que la generalización no permite la toma de decisiones políticas; lo que hace la diferencia es la territorialización y el análisis del dato”, dijo Cáceres. 

Agregó que la generalización “no nos permite actuar y ese ha sido un factor difícil en el país. Tenemos que enfocarnos en los territorios concretos, así fue como pasó con La Guajira para bajar el nivel de mortalidad infantil por desnutrición, pese a que no llegamos al cero casos, tenemos contadores territoriales muy específicos en donde vemos el avance de la situación”. 

La funcionaria indicó que las políticas públicas de niñez no pueden ser un mercado social, “la política está muy bien planteada, pero la forma de ejecutarla se volvió un mercado social. Es decir, que con los análisis de presunta corrupción encontramos que de 220 contratos la proveeduría de alimentos la tenía el mismo grupo, igual que la de servicios públicos, como los servicios pedagógicos y las maestras, entonces, las señoras de cocina no podían quejarse si la comida llegaba mal, porque era el mismo jefe”. 

Su intervención concluyó señalando que “el objetivo de la atención no es generar empleo, es garantizar los derechos, por eso debemos cambiar ese lenguaje. Nuestro objetivo es que el servicio no es el fin, es el medio para garantizar derechos de la niñez”. 

(Fin/eeb)

“Hoy celebramos el pronunciamiento del Consejo de Estado frente a lo que fue la canción +57 y como puso haber vulnerado los derechos de los niños el llamado que le hace a los artistas lo compartimos nosotros y que el Consejo se pronuncie da cuenta de cómo el país ha avanzado en prevenir la vulneración de derechos”, dijo la directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

La funcionaria indicó que “acompañamos el llamado que hace para que el consumo de los niños tenga mejor calidad, dicho pronunciamiento está en la vía para garantizar los derechos de los niños. Debemos exaltar el principio de que todos los actores del Estado, podemos trabajar conjuntamente para garantizar los entornos seguros de nuestras niñas, niños y adolescentes”.

Cabe anotar que el Bienestar Familiar suscribe la declaración del tribunal en la que indica que “la sexualización temprana cosifica a los menores, los reduce a objetos de deseo y los expone a riesgos que, pueden afectar gravemente su desarrollo. Este tipo de actos contraviene el principio del interés superior del menor, que exige que, todas las decisiones y actuaciones que les conciernen se adopten teniendo en cuenta su bienestar y protección integral”.

En ese sentido,  el hecho de que ese  pronunciamiento se realiza, tal como lo dice el fallo, con fundamento en el marco constitucional y legal sobre la protección a los niños, niñas y adolescentes, que comprende las normas del artículo 44 y permiten la organización de las instituciones estatales en favor de la infancia y la adolescencia, y en ejercicio de la función de pedagogía constitucional que permite adoptar medidas que prevengan una violación futura a la dignidad de los menores. 

Desde el ICBF estamos comprometidos en garantizar los derechos del futuro de Colombia, y hacemos un llamado a los artistas para que sus letras garanticen sus derechos.

“Hay una particularidad en las estadísticas y es que solo en el año 2025, hasta el 28 de febrero, se han registrado 117 ingresos al programa especializado de Desvinculados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Una cifra que sigue alertando sobre el reclutamiento ilícito de menores”, informó la directora general del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres durante el debate de control político denominado orden público y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados, en la Cámara de Representantes. 

Durante la sesión en el Capitolio del Congreso de la República, la Directora General manifestó que se está realizando un trabajo preventivo con profesionales expertos, “uno de los principales programas de prevención es Atrapasueños. Recibimos un ICBF con programitas chiquitos, con coberturas pequeñas muy fragmentadas. Lo que hicimos fue unificar los recursos y generar un solo modelo y lo masificamos en los territorios con mayor probabilidad de reclutamiento, actualmente hay 32 casas Atrapasueños en el país”. 

Así mismo, Astrid Cáceres se refirió a la articulación intersectorial y destacó el trabajo en prevención realizado entre las entidades que conforman la CIPRUNNA, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y los equipos territoriales.

De igual manera, explicó que Jóvenes en Paz ha sido una iniciativa que corta los lazos de vinculación al reclutamiento, “nosotros estamos actuando en todo el proceso de formación y ya hay más de 22.000 adolescentes y jóvenes que hacen parte de la estrategia”, señaló. 

Cáceres, concluyó indicando que “la paz es una responsabilidad de los adultos y hemos debido votar todos por la paz y cerrar los territorios con la presencia del Estado, sin hacer trizas la paz”. 

El debate de control político contó con la intervención del Ministro de Defensa, Pedro Sánchez; la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago y el Alto Comisionado de Paz, Otty Patiño quienes explicaron con datos concretos y cifras exactas la gestión que desde el Gobierno del Cambio se ha realizado en todo el territorio nacional para evitar cualquier tipo de vulneración a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

La jornada se llevó a cabo en el municipio de Villapinzón y mediante un trabajo en conjunto entre los referentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) y la alcaldía municipal, se logró realizar un encuentro significativo donde los adolescentes voceros de la mesa de participación expresaron las necesidades identificadas en sus comunidades.
 
Entre las propuestas seleccionadas, fueron cinco iniciativas centradas en escuelas de formación de básquetbol, fútbol y danzas para el sector rural del municipio. Los adolescentes y jóvenes de la mesa de participación, acompañados por profesionales del Bienestar Familiar y representantes de la alcaldía, llevaron estas propuestas a las veredas Chasquez y Chiguala, donde socializaron sus proyectos con niñas y niños de las instituciones educativas locales.
 
Los participantes presentaron sus iniciativas enfocadas en la prevención y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de salud mental, las cuales fueron seleccionadas por la alcaldía de Villapinzón e incorporadas en los planes de desarrollo. Las agendas socializadas representan las prioridades identificadas por los mismos adolescentes desde su conocimiento del territorio, para ser gestionadas por los gobiernos locales y los agentes del SNBF, con apoyo de organizaciones de la Sociedad Civil y de Cooperación Internacional.
 
"Desde el Bienestar Familiar continuamos aunando esfuerzos con las entidades territoriales para que las iniciativas y proyectos de la niñez y la adolescencia a través de la estrategia Juntos por la Niñez sigan siendo exaltadas y reconocidas. Debemos garantizar que esas necesidades que ellas y ellos expresan desde sus municipios sean escuchadas y respondidas en el marco de los planes de desarrollo territorial", afirmó la directora encargada Ingrid Cubides.
 
Con estas acciones, el Bienestar Familiar reafirma su compromiso en la construcción de la Generación para la Vida y la Paz en el departamento de Cundinamarca.

Así las cosas, la entidad ofrece una alimentación real, con alimentos naturales sanos y propios del territorio. Además, reconoce y apoya la práctica de la Lactancia Humana como primer acto de soberanía alimentaria, siendo este un alimento natural propicio para el desarrollo de los niños.

A través de 43 convenios suscritos con E.S.E Hospitales públicos en 2024 se logró la atención de22.156 usuarios entre niñas y niños menores de cinco años con riesgo de desnutrición aguda, y mujeres gestantes con malnutrición, salvando sus vidas y contribuyendo al mejoramiento de sus condiciones nutricionales, su bienestar y el de sus familias. 

La entidad logró la atención de estos usuarios en 295 municipios de 21 departamentos como: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, La Guajira, Meta, Magdalena, Nariño, Risaralda, Norte de Santander, Tolima, Putumayo, Santander, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada.

A partir de la atención que se brindó en el año 2024, logró el mejoramiento del estado nutricional del 91,6% de las niñas y niños menores de cinco años con riesgo de desnutrición aguda, quienes recuperaron su estado nutricional en el indicador peso para la talla.

El Bienestar Familiar proyecta para la vigencia 2025, a través de los convenios con las E.S.E Hospitales Públicos a nivel nacional, la atención de 58.600 usuarios menores de 5 años y madres gestantes.

También, ha hecho la entrega de 15.416 toneladas de Bienestarina® en polvo y 3.000 toneladas líquida, distribuidas a 4 millones de beneficiarios en promedio en todo el territorio nacional, como complemento de la alimentación de la niñez en el país.

La compra directa de alimentos naturales a los campesinos colombianos, para ser incluidos en la Bienestarina® Más Nuestra, ha sido clave para seguir garantizando una alimentación natural, saludable y nutritiva a las niñas y niños en las zonas más apartadas del país.

(Fin/mjm/pu)

La iniciativa se desarrolló en el Centro de Internamiento Preventivo “La Acogida” de Bogotá. En esta oportunidad, los participantes disfrutaron de la Feria de Pueblo La Esperanza, una actividad con juegos tradicionales y de mesa, reforzando la sana competencia, el trabajo en equipo y el desarrollo personal.

Uno de los juegos más destacados fue la Lucha de Sumo, en la que los jóvenes utilizaron trajes acolchonados que simulaban la complexión de los luchadores de esta disciplina originaria de Japón. Esta dinámica no solo brindó momentos de diversión, sino que también ayudó a los participantes a trabajar en la regulación de la respiración y el control emocional.

Con estas iniciativas, Bienestar Familiar brinda a los jóvenes y adolescentes, que están bajo medida sancionatoria del (SRPA), el pleno goce al derecho a la recreación y el deporte, con espacios que contribuyen a la construcción de identidad, el desarrollo de proyectos de vida y el fortalecimiento de habilidades personales.
 
(Fin/arn)

La jornada se realizará el próximo 4 de abril, y la Regional Bolívar será la única representación de la Costa Atlántica en este importante espacio, donde se expondrán experiencias exitosas en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Durante el evento, se presentarán las estrategias lideradas por el equipo misional de Infancia y Adolescencia, en articulación con las BINAS (Brigadas de Atención), quienes han trabajado de manera conjunta para fortalecer acciones de prevención y protección integral.

La participación se desarrollará conforme a las orientaciones que compartirá la sede nacional, permitiendo proyectar de forma clara los resultados alcanzados por la Regional Bolívar en su compromiso constante con la niñez y adolescencia del departamento.

Con este reconocimiento, el ICBF reafirma su liderazgo territorial y su compromiso institucional con la garantía y restablecimiento de derechos, promoviendo entornos seguros y protectores en todo el país.

Durante el Consejo Directivo, que fue el primero en realizarse en las instalaciones del Bienestar Familiar durante la actual administración, se presentaron temas administrativos y de funcionamiento de la institución.
El ministro de Igualdad, Carlos Rosero, indicó que esta fue una reunión muy productiva en la que se evaluaron las cifras de temas como adopción y atención para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes desvinculados.

Por otro lado, la directora general del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres sostuvo que “durante la reunión se abordaron temas principales como las sanciones a los operadores y procesos anticorrupción; además de la cancelación de licencias de aseguramiento de calidad y discutimos a fondo el tema de adopciones”, dijo.

Así mismo sostuvo que se hizo un análisis en profundidad del esquema de adopciones, “hemos acordado unas mesas técnicas de trabajo con las instituciones prestadoras de los servicios de adopciones como con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Igualdad y Equidad para que los lineamientos de adopciones conserven términos de igualdad, equidad y la política pública que maneja DNP”.

La directora anotó que durante la reunión se habló sobre el aval financiero por parte del Ministerio de Hacienda para los 113 equipos defensoriales de planta permanente y la nivelación salarial para profesionales de grados 11. Además, del levantamiento previo concepto para poner a funcionar las áreas que queríamos activar. 

Además, se acordó una mesa técnica con organizaciones de base para el tema de prevención de reclutamiento en algunas zonas del país, así como se hizo un repaso del boletín del de cifras del sistema de protección integral.

Durante la sesión del Consejo Directivo del ICBF también participaron Jaime Hernán Urrego Rodríguez, delegado del Ministerio de Salud; Isabel Del Carmen Agatón, delegada por el Ministerio del Trabajo; Norma Liliana Martín García, delegada del Ministerio de Educación; Alberto Bejarano Schiess, delegado del Departamento Nacional de Planeación; teniente coronel Claudia Patricia Suárez Carrillo, delegada de la Policía Nacional. 

Así como, Luz Karime Fernández Castillo, delegada del Presidente de la república al Consejero Presidencial para la Reconciliación Nacional del Departamento administrativo de la Presidencia de la República; y Luis Hernando Solarte, delegado de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).

Esta iniciativa, que fue construida con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), promueve la creación, implementación y articulación de procesos y procedimientos especializados y diferenciados para los adolescentes en conflictocon la ley penal.

La ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago Ruiz, aseguró que la necesidad de esta reforma surge a partir de las limitaciones identificadas por el SRPA, limitaciones que no solamente impedían generar una estructura coherente con la aplicación de esta ley, sino
que, sobre todo, entregaban una respuesta inadecuada a los jóvenes que estaban dentro del mismo.

“Hoy venimos a refrendar, como parte del Gobierno nacional, que la jurisprudencia nacional e internacional y los principios de justicia restaurativa y terapéutica impulsan el proyecto que hoy se presenta a la comunidad colombiana”, afirmó.

Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, destacó la importancia del proceso. “Este proyecto responde a la necesidad de consolidar un sistema más humano y eficaz, en el que los adolescentes en conflicto con la ley penal reciban sanciones proporcionales y con enfoque restaurativo, sin perder de vista la protección de las víctimas y el fortalecimiento de la justicia juvenil en el país”, indicó.

La directora del ICBF, Astrid Cáceres, también se manifestó al respecto. “Como Bienestar Familiar es importante iniciar el Mes del Niño con una noticia que plantea las reformas que
el Código de Infancia y Adolescencia necesita para reconocer el enfoque diferencial, centrado en una justicia restaurativa para reparar el daño. Todo esto a partir de la
concepción de las oportunidades como condiciones no estigmatizantes. Esta iniciativa es una transformación que necesita el Sistema y que les da a los jóvenes y adolescentes una segunda oportunidad”, señaló.

Cabe anotar que, desde la implementación del Código de Infancia y Adolescencia en 2006, el SRPA ha representado un avance significativo en la justicia juvenil. Sin embargo, con el tiempo se identificaron vacíos normativos y retos operativos, por lo que el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SNCRPA) evidenció la necesidad de crear reglas claras para investigar, judicializar, sancionar, mejorar las condiciones para la atención de los adolescentes y fortalecer la justicia restaurativa y terapéutica, como herramientas fundamentales para la inclusión social.

En este sentido, el proyecto armoniza las normas nacionales con los instrumentos internacionales sobre los derechos para menores de 18 años en conflicto con la ley.
Además, establece el uso de las sanciones privativas de la libertad de manera excepcional y por el menor tiempo posible; y promueve las medidas alternativas centradas en la finalidad del SRPA, así como el carácter pedagógico, específico y diferenciado de las sanciones.
Para mayor información, consulte el ABC de este proyecto ley.

“Estamos saldando una deuda con los adolescentes que conforman el Sistema de Responsabilidad Penal. Comenzamos esta acción haciendo las reformas que el Código de Infancia y Adolescencia necesita. De esta manera, se reparan los daños, se reconoce el enfoque diferencial centrado en la justicia restaurativa y es posible lograr una participación activa de esos jóvenes”, resaltó la directora General del Bienestar Familiar.

La iniciativa legislativa fue radicada por la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago y el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Abello y durante el encuentro, Cáceres explicó que, “nosotros como Bienestar Familiar venimos implementando unas medidas que les permiten a los jóvenes infractores pagar su sanción desde la restauración y la garantía de derecho. Pero es necesario trabajar en una justicia restaurativa para los niños, niñas y adolescentes que infringen el código penal”, manifestó.

“Hacemos un llamado a los legisladores para cambiar esas condiciones, hemos comenzado con una ruta, pero este proyecto permite transformar el sistema y dar un salto que beneficia a los adolescentes, a nuestros niños, niñas y niñas”.

Igualmente, la directora de la entidad insistió en que es importante que se castigue a quienes inducen a los jóvenes a cometer delitos, “en este país muchos de los victimarios no han tenido la sanción que tienen nuestros adolescentes, por eso en este proyecto hablamos de oportunidad y cambio”.

Por otro lado, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Abello, sostuvo que este proyecto lleva dignidad a aquellos jóvenes que han cometido una infracción “es necesario decirle a los habitantes de esta patria que somos portadores de dignidad, aún quienes han infringido la ley penal, porque cuando son conscientes de eso ellos inician un proceso para restaurar a la sociedad”.

A su turno, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, reiteró que utilizar menores es un delito, “tanto en las normas de Derecho Internacional Humanitario, como en las normas ordinarias, tenemos más de 6 tipos penales en donde estos comportamientos son sancionados, desde ese punto de vista el tema es la conciencia que quien use un menor está cometiendo un delito, esta no es una modalidad nueva”.