Durante el debate sobre la respuesta a las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, la directora general del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, presentó ante el Congreso un balance actualizado de las acciones adelantadas para proteger a los niños, niñas y adolescentes en territorios impactados por la presencia de actores armados. Recordó que, durante el empalme de Gobierno, organismos internacionales alertaron sobre un incremento del 220 % en los riesgos de reclutamiento, lo que obligó a reforzar la presencia institucional y comunitaria en terreno.
Cáceres explicó que el Bienestar Familiar ha atendido 68 Alertas Tempranas y gestionado más de 845 amenazas de reclutamiento y contra la vida en el periodo 2023–2025. Explicó que esta labor se basa en tres líneas de acción: primero, la activación inmediata de rutas de protección en articulación con la Defensoría del Pueblo y autoridades locales; segundo, un trabajo permanente con comunidades, en especial con pueblos indígenas, decisivo en rescates y acompañamientos en territorios como Guaviare, Cauca, Ocaña, Catatumbo y Nariño; y tercero, el acompañamiento integral a familias y procesos de restablecimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes desvinculados atendidos por los programas de la entidad.
La directora insistió en que el reclutamiento y la utilización de menores es un delito que no admite justificación alguna y que el país debe actuar con claridad y determinación para proteger a la niñez. Subrayó que, para ampliar la capacidad de respuesta en los territorios más golpeados por la guerra, el Bienestar Familiar requiere mayor respaldo institucional, especialmente en zonas donde las comunidades enfrentan riesgos permanentes.
Con este llamado, el Bienestar Familiar reafirma su compromiso de seguir trabajando con comunidades, instituciones, autoridades y familias para cerrar los riesgos de reclutamiento y avanzar en la protección integral de la niñez en los territorios más afectados por la violencia.
