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Durante la actividad participaron 35 familias productoras del territorio, quienes ofrecieron alimentos cultivados en la región para abastecer a las unidades de servicio que atienden a niñas y niños, fortaleciendo así los circuitos cortos de comercialización y el vínculo entre el campo y la garantía de derechos de la niñez.

La jornada contó con la participación de la directora general de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, quien destacó la importancia de fortalecer estas alianzas territoriales que permiten que los alimentos que llegan a la niñez provengan directamente del trabajo de las comunidades campesinas.

«Cuando los alimentos que llegan a nuestras niñas y niños nacen de las manos campesinas del propio territorio, estamos fortaleciendo al mismo tiempo la nutrición, la economía local y la dignidad de las comunidades. Esa es la apuesta de Bienestar Familiar: que el campo y la niñez crezcan juntos», afirmó la directora general Astrid Cáceres.

Con iniciativas como esta, Bienestar Familiar continúa impulsando la soberanía alimentaria, fortaleciendo el trabajo del campesinado y promoviendo que niñas y niños accedan a alimentos frescos, producidos en sus territorios.

Estas acciones reafirman el compromiso de seguir articulando esfuerzos con las comunidades rurales para garantizar entornos protectores y una alimentación digna para la niñez.

Con la apertura de diez casas en los municipios de Itagüí y Bello, en el departamento de Antioquia, la directora general del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, dio inicio formal a la implementación del servicio «Vida en Comunidad», una novedosa apuesta de la entidad para que las personas con o sin discapacidad, bajo protección del Bienestar Familiar, avancen hacia una vida independiente y autónoma.

Para la directora general de Bienestar Familiar, este lanzamiento del servicio no solo implementa un nuevo enfoque, también genera conocimiento y construye una nueva forma de concebir la protección y el restablecimiento de derechos de las personas con y sin discapacidad.

La directora señaló que este modelo de vida en comunidad nació para niñas, niños y adolescentes que perdieron sus vínculos familiares y permanecen bajo protección del Instituto.

«La vida en comunidad significa el respeto a la diferencia, el celebrar que el otro piensa distinto y ser capaces de construir para ambos», enfatizó la directora general en la presentación del servicio en Itagüí, Antioquia. 

«Nosotros tenemos que romper con la institucionalización de niños, niñas y adolescentes, tengan o no discapacidad, y pasar a modelos de crianza y acompañamiento familiar», enfatizó Cáceres e invitó a las entidades del Estado y organizaciones y autoridades administrativas a apostarle a este servicio.

¿Cómo va a funcionar «Vida en Comunidad»?

El servicio inicia en diez casas en los municipios de Itagüí y Bello, en las que estarán distribuidas las 60 personas según rango de edad: niñas, niños y adolescentes en algunas casas y adultos en otras.

En el servicio Vida en Comunidad las personas con y sin discapacidad podrán, por ejemplo, ir al supermercado, decidir sobre las actividades educativas, de diversión, la ropa que se ponen, incluso, su menú de alimentos de cada día, teniendo en cuenta sus gustos, preferencias y necesidades de manera autónoma. 

El servicio es una apuesta que se adelantará, durante su primera fase, entre febrero y julio de 2026, para avanzar hacia la desinstitucionalización de las personas con discapacidad, atender la evidencia internacional, estar en línea con las experiencias en otros países y, en particular, reconocer las voces de las personas que han vivido en instituciones por amenaza y vulneración de derechos, lejos de sus familias y comunidades.

Una vez culminada la primera fase, el Bienestar Familiar realizará una evaluación para determinar los ajustes técnicos, metodológicos y administrativos para continuar con la incorporación del servicio dentro de la oferta del Instituto.

Con este y otros servicios, Bienestar Familiar impulsa acciones para transformar de manera progresiva el modelo tradicional de internamiento y avanzar para que se garantice que las niñas, niños, adolescentes y personas con y sin discapacidad, puedan ejercer su derecho a vivir en comunidad.

En el lanzamiento de esta forma de atención y en el que también se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, el Bienestar Familiar dio a conocer que en el año 2025, a corte del 31 de diciembre, la entidad ha atendido a 11.197 niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad en todo el país en promoción de derechos y prevención de vulneraciones; a enero de 2026, 7.420 se encuentran en Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos.

El piloto es una apuesta para avanzar hacia la desinstitucionalización de las personas con discapacidad y busca que ellas y ellos cuenten con una vida independiente, autónoma y en comunidad.

El lanzamiento del piloto se realizará en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down, con el propósito de dar a conocer las características de este servicio de vida en comunidad.

Cinco niñas, niños y adolescentes del pueblo arhuaco, con edades entre los 5 meses y los 16 años, recibieron atención médica en el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, luego de resultar afectados por los enfrentamientos registrados en la Sierra Nevada de Santa Marta entre grupos armados ilegales.

Tres niños siguen bajo valoración médica y en observación. De acuerdo con la información disponible, no presentan heridas de gravedad, pero reciben atención médica y acompañamiento institucional ante las afectaciones físicas y emocionales derivadas de la situación.

Acompañamiento institucional a la niñez

Para llegar a esta zona apartada de la Sierra Nevada, la directora general realizó un recorrido junto con las Unidades Móviles del ICBF, que se desplazaron hasta el territorio para llevar atención y acompañamiento psicosocial a la comunidad, especialmente a los niños, niñas y adolescentes afectados por los recientes hechos de violencia.

Durante la jornada, que se extendió por más de tres horas, se desarrolló un espacio de diálogo con líderes y autoridades tradicionales del pueblo Arhuaco, en el que se escucharon las preocupaciones de la comunidad y se revisaron acciones orientadas a la protección de la población. En este encuentro también participaron el defensor del pueblo de Magdalena, Ricardo Alonso Salinas Vega; y el comisionado departamental de Paz, Luis Teherán Puello.

Desde el sitio sagrado de Gunmaku, en territorio arhuaco, la directora expresó su preocupación por la situación que se vive en la Sierra Nevada y reiteró el compromiso del Instituto con la protección de la niñez.

«La paz es uno de los derechos más importantes de las niñas y de los niños; tenemos que garantizarlo en todos los territorios, pero mucho más aquí en el “corazón del mundo”. Esas comunidades que fueron atacadas y que han estado en conflicto por grupos armados ajenos a este territorio, han puesto en desequilibrio todo el trabajo que se viene haciendo en Serankua. Estamos aquí y vamos a continuar aquí porque la paz tiene que llegar para quedarse», afirmó la directora Astrid Cáceres al concluir el encuentro con las autoridades indígenas.

Acción humanitaria del pueblo arhuaco

También se conoció que las autoridades del pueblo arhuaco iniciaron una acción humanitaria hacia las zonas donde se han registrado los enfrentamientos, con el propósito de verificar la situación que vive su comunidad y acompañar a las familias afectadas.

«Vamos a organizarnos para llegar hasta donde están las familias afectadas, congregarnos, escuchar sus necesidades y conocer su situación. Luego iremos a Santa Marta para reunirnos con todas las autoridades del Gobierno y transmitir el mensaje de la comunidad», expresaron las máximas autoridades indígenas.

Se tiene previsto que el próximo domingo en Santa Marta las autoridades arhuacas presenten los resultados de esta veeduría humanitaria.

Presencia del Bienestar Familiar en el territorio

Como parte del acompañamiento institucional, el Bienestar Familiar instaló una unidad móvil para brindar atención y acompañamiento psicosocial a la comunidad en la Sierra Nevada de Santa Marta, incluyendo la entrega de alimento de alto valor nutricional (Bienestarina).

Asimismo, otra unidad móvil hace presencia en el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, donde permanecen en atención los niños, niñas y adolescentes del pueblo Arhuaco, junto a miembros y líderes de su comunidad. Durante la jornada también participó una defensora de familia del Instituto, para adelantar acciones de seguimiento en la protección de la niñez afectada.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar continuará trabajando de manera articulada con las autoridades indígenas, las entidades del Estado y los organismos de derechos humanos para fortalecer las acciones de protección y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el territorio.

Bienestar Familiar puso en marcha, este 2 de marzo, una nueva etapa del programa «¿Me conoces?», una estrategia histórica al servicio de la protección de niñas, niños y adolescentes que hoy evoluciona para actuar con mayor oportunidad dentro de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos en todo el país.

El uso oficial de la forma interrogativa «¿Me conoces?» refuerza el llamado directo a la ciudadanía para activar redes familiares y de apoyo que contribuyan a la garantía de derechos. Se trata de una invitación clara a la corresponsabilidad social: actuar juntos y llegar a tiempo por la niñez. La pregunta «¿Me conoces?» no solo informa: interpela directamente a la ciudadanía, activa la memoria y moviliza la atención para facilitar el reconocimiento y la ubicación de sus familias.

La efectividad de «¿Me conoces?» depende de la participación activa de la ciudadanía. Cada emisión es una oportunidad real para que una persona reconozca, aporte información o contribuya a ubicar a la familia o red de apoyo de una niña, niño o adolescente. Ver, reconocer y actuar puede marcar la diferencia en el restablecimiento oportuno de sus derechos.

Creado en los años 80 y consolidado como uno de los espacios más reconocidos de la televisión nacional, el programa ha sido una herramienta clave para ubicar a familiares de niñas, niños y adolescentes bajo medida de protección. Su origen se remonta a la estrategia «Los niños buscan su hogar», orientada a fortalecer el derecho a la familia.

En el marco del Gobierno del Cambio, Bienestar Familiar acompañó este proceso con una modernización estructural que fortalece esta etapa clave del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD). A partir de ahora, las autoridades administrativas cuentan con una aplicación web que permite realizar solicitudes de publicación en un medio masivo de comunicación de manera digital, automatizada y en tiempo real.

La nueva herramienta incorpora:

• Radicación de solicitudes en tiempo real mediante automatización del proceso.
• Asignación automática de consecutivo para trazabilidad y seguimiento.
• Creación del correo exclusivo meconoces@icbf.gov.co para gestión institucional.
• Consulta jurídica a través de canal digital.
• Disminución de los tiempos del trámite y agilización de las publicaciones.
• Apoyo directo al trabajo de defensores y defensoras de familia.

Esta mejora impacta una fase determinante del proceso: la citación a familiares o redes cercanas cuando no es posible ubicarlos por medios ordinarios, en cumplimiento del artículo 102 del Código de la Infancia y la Adolescencia. Al fortalecer este mecanismo, se amplía la capacidad institucional para avanzar con mayor agilidad en la definición de la situación jurídica de cada niña, niño o adolescente bajo protección.

La transformación también incluye un cambio de imagen y una ampliación estratégica de los canales de difusión. Además de su emisión tradicional en televisión nacional, «¿Me conoces?» fortalecerá su presencia en plataformas digitales, canales institucionales y otros medios de cobertura nacional, incrementando el alcance de las publicaciones y ampliando las posibilidades de identificación y vinculación de familiares o personas cuidadoras. Esta expansión permite que la activación de redes de apoyo sea más rápida y efectiva en distintos territorios del país.

«¿Me conoces?» no es un programa de adopción. Es un mecanismo legal contemplado en el artículo 102 del Código de la Infancia y la Adolescencia, que establece la publicación de información en medios masivos cuando no se logra ubicar a los responsables del menor de edad dentro del proceso administrativo. Su propósito es permitir que cualquier ciudadano que reconozca a la niña, niño o adolescente pueda aportar información relevante para el restablecimiento de sus derechos.

Una evolución al servicio de la niñez

La transformación de 2026 marca un nuevo hito en la trayectoria del programa:

• Décadas de los 80 y 90: difusión en radio y televisión bajo estrategias como «Los niños buscan su hogar».
• 2011: consolidación del espacio «Me conoces» en televisión nacional.
• 2026: implementación de aplicación digital en tiempo real para automatizar la radicación de solicitudes.

«Esta nueva etapa de “¿Me conoces?” representa un paso adelante en nuestra responsabilidad de actuar juntos y llegar a tiempo por la niñez. No es solo un espacio de difusión; es una estrategia fortalecida que respalda el trabajo de los defensores y defensoras de familia y nos permite actuar con mayor oportunidad dentro del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos», afirmó Astrid Cáceres, directora general de Bienestar Familiar.

Impacto en la garantía de derechos

El fortalecimiento de «¿Me conoces?» no solo mejora la gestión operativa, sino que incide directamente en la garantía de derechos. En el marco del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, la citación efectiva a familiares o redes cercanas es determinante para:

• Avanzar en las decisiones administrativas.
• Evitar la prolongación innecesaria de medidas de protección.
• Garantizar, cuando es posible, el derecho fundamental de niñas y niños a tener una familia.

Al operar en tiempo real, el programa contribuye a reducir los tiempos de respuesta institucional, mejorar la oportunidad de las decisiones y aumentar las posibilidades de vinculación familiar o de redes de apoyo.

Acceso y consulta

La ciudadanía puede conocer y compartir los contenidos de «¿Me conoces?» a través de los canales oficiales:

• https://www.youtube.com/@MeConocesICBF

Esta nueva etapa entra en operación con herramientas digitales que permiten mayor oportunidad en la difusión y fortalecen la activación de redes de apoyo en todo el país.

Con esta transformación, Bienestar Familiar reafirma, en el marco del Gobierno del Cambio, su compromiso con una política pública orientada a actuar juntos y llegar a tiempo. La modernización de esta herramienta fortalece la capacidad institucional para garantizar respuestas más ágiles, activar redes de apoyo y avanzar oportunamente en el restablecimiento efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Colombia.

«Necoclí es hoy un punto clave para la protección de la niñez en contextos de movilidad humana. Con este Centro de Emergencia fortalecemos nuestra capacidad de respuesta en el territorio, articulando equipos especializados para actuar de manera inmediata y garantizar que cada niña, niño y adolescente reciba protección, acompañamiento y una respuesta institucional oportuna. Este es un paso fundamental para consolidar una presencia efectiva del Estado donde la niñez enfrenta mayores riesgos», afirmó la directora general de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres. 

Esta modalidad tiene como propósito garantizar la ubicación inicial de la niñez y la adolescencia con Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD), mientras la autoridad administrativa define la medida de restablecimiento más adecuada, conforme al principio del interés superior del niño y la niña.

Los Centros de Emergencia están diseñados para recibir, acoger y atender a niñas, niños y adolescentes entre los 6 y los 18 años durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y brindar cuidado, atención integral y acompañamiento especializado mientras se define su situación jurídica y se adoptan las medidas de protección necesarias.

El fortalecimiento de esta modalidad en Necoclí responde a las dinámicas migratorias que presenta este territorio, considerado un punto estratégico en los flujos migratorios de la región del Darién, donde confluyen población con vocación de permanencia, en tránsito y en flujo migratorio inverso. En este contexto, el Bienestar Familiar avanza en la consolidación de servicios que permitan atender de manera oportuna a la niñez y la adolescencia en situación de riesgo.

Este servicio se articula con las acciones que el Instituto desarrolla en territorios con alta movilidad humana, donde entre 2023 y 2025 los equipos especializados han identificado riesgos de protección, activado rutas de atención y brindado acompañamiento psicosocial a niñas, niños y adolescentes migrantes y sus familias, reafirmando el compromiso institucional con la garantía de sus derechos. 

El Bienestar Familiar avanza en la consolidación de respuestas oportunas para garantizar la protección, el restablecimiento de derechos y la atención integral de la niñez y la adolescencia, en articulación con las autoridades territoriales y el Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

En el encuentro con madres comunitarias formalizadas como trabajadoras oficiales del Estado, la directora general del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, presentó los avances de la transformación institucional que reorganiza el modelo de atención en los territorios y fortalece el Sistema del Cuidado.

El presidente Gustavo Petro, quien asistió al encuentro junto con el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, destacó que la educación pública comienza desde la primera infancia: «Hoy son 2.300 trabajadoras oficiales que, por primera vez en la historia, son servidoras públicas del Bienestar Familiar».

El mandatario subrayó que la dignificación de las madres comunitarias representa un cambio profundo en la forma como el Estado asume el cuidado: «Durante décadas el cuidado de la niñez recayó sobre mujeres que trabajaban sin el reconocimiento pleno del Estado. 


Hoy las reconocemos como servidoras públicas porque el cuidado de la vida es una responsabilidad pública». Añadió que «la educación parte desde el vientre y continúa en los primeros años. Si queremos una Colombia en paz, debemos cuidar a nuestras niñas y niños con calidad, con presencia del Estado y con dignidad para quienes los acompañan».

«Estamos saldando una deuda histórica con miles de mujeres que durante décadas sostuvieron la política de primera infancia sin derechos laborales plenos. El proceso de vinculación se desarrollará de manera gradual y proyecta la formalización de entre 40.000 y 60.000 personas antes de 2029», manifestó el ministro Sanguino durante su intervención.

Por su parte, la directora Astrid Cáceres subrayó que este paso marca un punto de inflexión en la historia de la entidad: «Hemos hecho posible lo que durante décadas se consideró imposible. Este es el primer paso de una transformación más profunda del sistema de atención».

Actualmente, 35.000 madres y padres comunitarios acompañan la atención de 430.916 niñas y niños en hogares comunitarios, articulados con otras estrategias que permiten alcanzar a más de 2,1 millones de niñas y niños en todo el país.

Cáceres explicó que el Instituto avanzó hacia un modelo con mayor gestión directa en los territorios, donde el 72 % de los servicios operan bajo un esquema público comunitario y se proyecta que en 2026 más de 45.000 unidades de servicio funcionen con mayor gestión directa en 30 departamentos. «Ahora son las propias organizaciones comunitarias quienes gestionan sus recursos», señaló.

En materia de soberanía alimentaria, resaltó que 181 organizaciones campesinas proveen alimentos a 283.631 niñas, niños, adolescentes y familias, integrando producción local y compras públicas territoriales. En territorios priorizados, las muertes asociadas a desnutrición disminuyeron más del 40 %, y en La Guajira se redujeron a menos de la mitad.

El Bienestar Familiar consolida su papel fortaleciendo el bienestar de las familias y las comunidades como base de la protección integral. La garantía de derechos comienza cuando el Estado llega a tiempo y acompaña de manera sostenida a niñas, niños y adolescentes en sus territorios.

En el marco del Encuentro por la Dignificación Laboral de las Madres Comunitarias, realizado en Ciudad Bolívar, el Gobierno Nacional destacó los avances en la implementación del artículo 68 de la Ley 2466 de 2025 (Reforma Laboral) que establece la vinculación progresiva de madres comunitarias, madres sustitutas y trabajadoras(es) de hogares infantiles a la planta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como trabajadoras oficiales.

Se trata de un proceso de formalización laboral que se extenderá hasta el año 2029, en armonía con la disponibilidad presupuestal y el Marco Fiscal de Mediano Plazo, y que fue reglamentada con el Decreto 1398 de 2025 que creó 2.353 cargos de trabajadores oficiales en la planta del Bienestar Familiar.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino,afirmó que este proceso representa un cambio estructural en el reconocimiento del trabajo de cuidado en Colombia: «Estamos saldando una deuda histórica con miles de mujeres que durante décadas sostuvieron la política de primera infancia sin derechos laborales plenos. El proceso de vinculación se desarrollará de manera gradual y proyecta la formalización de entre 40.000 y 60.000 personas antes de 2029. Con la implementación del artículo 68 de la Reforma Laboral, el Estado reconoce que cuidar también es trabajar, y garantiza estabilidad, seguridad social y dignidad laboral. Con el salario vital que defenderemos hasta el último suspiro podemos decirles que con dignidad cumplimos».

Mediante el Decreto 0586 de 2025, el Gobierno del Cambio reconoció oficialmente la labor delas madres comunitarias como empleo público de nivel asistencial, permitiendo su vinculación progresiva mediante contrato a término indefinido y con remuneración equivalente, como mínimo, a un salario mínimo mensual legal vigente.

Durante el evento, convocado por el ICBF, se resaltó que la formalización fortalece la política pública de cuidado, consolida la justicia laboral y mejora las condiciones de vida de miles de hogares, al garantizar acceso pleno a seguridad social, prestaciones y estabilidad contractual.

«Hoy el Estado colombiano reconoce que el trabajo de cuidado no es voluntariado ni informalidad: es empleo digno. Con la implementación del artículo 68 de la Ley 2466 de 2025 estamos transformando una labor históricamente invisibilizada en el trabajo oficial del Estado, con estabilidad, seguridad social y garantías plenas. Esta formalización no solo dignifica a las madres comunitarias, sustitutas y trabajadoras de hogares infantiles; también fortalece la calidad de la atención a la primera infancia y consolida una política pública de cuidado con enfoque de derechos», resaltó ladirectora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas.

El Ministerio del Trabajo continuará acompañando las mesas de seguimiento y articulación institucional junto con la Procuraduría General de la Nación y las organizaciones sindicales, asegurando que la implementación avance conforme a la ley y al Plan Nacional de Desarrollo.

Actualmente, el 72 % de los servicios operan bajo el modelo público comunitario y más de 45.000 unidades de servicio funcionan con mayor gestión directa en 30 departamentos. En territorios priorizados se registra la reducción superior al 40 % en muertes por desnutrición y caída del trabajo infantil de 3,4 % a 2,9 %, quereflejan avances sostenidos en protección integral.

Con este proceso, el Gobierno del Cambio reafirma su compromiso con la dignificación del trabajo de cuidado, la equidad de género y la consolidación de un sistema de protección social que reconozca plenamente el valor económico y social de quienes cuidan la infancia en Colombia.

El Festival nace del compromiso de escuchar a la niñez y la adolescencia y reconocer su papel protagónico en la transformación de sus familias, colegios, barrios y comunidades. Mediante videos cortos grabados con celular, las y los participantes podrán narrar —desde la ficción, el documental o una mezcla de ambos formatos— cómo imaginan un presente y un futuro con más cuidado, respeto, naturaleza, arte y convivencia.

La convocatoria busca visibilizar las voces de las nuevas generaciones frente a temas como la vida en familia y comunidad, la protección del entorno natural, los futuros posibles que sueñan y las expresiones artísticas y culturales que fortalecen la paz.

Podrán participar de manera individual o colectiva en dos categorías: Pumas: de 6 a 13 años y Jaguares: de 14 a 17 años. Los reels deberán grabarse en formato vertical, con celular, y tener una duración máxima de 1 minuto y 30 segundos.

Los videos seleccionados serán proyectados en pantalla grande durante el festival público que se realizará en Bogotá en mayo de 2026, y harán parte de los canales digitales institucionales para amplificar sus mensajes a nivel nacional.

Las y los interesados podrán enviar sus creaciones hasta el viernes 27 de marzo de 2026 a las 11:59 p. m., acompañadas de la autorización de padres, madres o personas cuidadoras.

Con esta iniciativa, el Gobierno del Cambio reafirma su compromiso con el derecho a la participación, la expresión y la construcción colectiva de paz desde la niñez y la adolescencia.

Consulta más información aquí:

https://www.icbf.gov.co/system/files/FESTIVAL%20DE%20REELS..pdf