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Entre 2022 y 2025, las muertes por desnutrición aguda en niñas y niños menores de cinco años en Colombia disminuyeron de 404 a 160 casos, lo que representa una reducción del 60,4 %. Asimismo, entre 2022 y 2026, la tasa de mortalidad por esta causa cayó un 59,6 %, resultado del fortalecimiento de la detección temprana, la atención oportuna y la articulación institucional.

Detrás de estos resultados hay una transformación del modelo de atención. El país pasó de responder únicamente cuando la emergencia ya estaba presente a consolidar una estrategia que integra la detección temprana, la atención en salud, el acompañamiento familiar y la recuperación nutricional, construida junto con comunidades que aportan sus conocimientos, prácticas y soluciones propias.

Este modelo se consolidó en los territorios mediante la articulación entre hospitales públicos, comunidades y equipos territoriales. A través de 145 convenios con Empresas Sociales del Estado, el Bienestar Familiar atendió a 214.171 niñas y niños menores de cinco años con riesgo o desnutrición aguda y a mujeres gestantes con malnutrición, en 569 municipios de 30 departamentos.

Como resultado, el 90,2 % de las niñas y los niños atendidos mejoró su estado nutricional. La estrategia priorizó municipios rurales y dispersos como Maicao y Uribia, en La Guajira; Tibú, en el Catatumbo; Tumaco, en Nariño, y Quibdó, en Chocó, territorios históricamente con menor acceso a la respuesta institucional. Allí, mediante 58 Zonas de Recuperación Nutricional y 27 Unidades de Recuperación Nutricional Comunitaria, la recuperación nutricional dejó de depender únicamente de las instituciones para fortalecerse desde las familias y sus propios saberes.

Esta visión también transformó la manera de entender la alimentación. Más allá de la entrega de complementos nutricionales, incorporó alimentos naturales y acordes con las prácticas culturales y alimentarias de cada territorio.

Bienestarina: 50 años y más colombiana que nunca

En 2026, la Bienestarina cumple 50 años de historia y presenta Mi Primera Bienestarina, sabor piña y aguacate, elaborada con un 99 % de materia prima nacional, el porcentaje más alto alcanzado desde su creación.

Este avance hace parte de un proceso iniciado en 2023 con el lanzamiento de Bienestarina Mamá con chontaduro. En 2024 se presentó Bienestarina Más Nuestra con harina de yuca y sacha inchi, la primera elaborada completamente con materias primas nacionales. En 2025 llegó Bienestarina Líquida Mi Tierra con pulpa de mango.

Como resultado de esta apuesta, las compras de materia prima nacional para la producción de Bienestarina pasaron de 3.545 toneladas en 2023 a 6.078 toneladas en 2025, un incremento del 71 %. Paralelamente, la estrategia de Alimentos de Alto Valor Nutricional benefició, en promedio, a 3,1 millones de personas y distribuyó 78.037 toneladas de productos entre agosto de 2022 y mayo de 2026.

El campesinado, reconocido como socio del Estado

La transformación también fortaleció la relación entre el Bienestar Familiar y el campesinado colombiano. Tras el reconocimiento constitucional del campesinado como sujeto de derechos mediante el Acto Legislativo 01 de 2023, la entidad adoptó el Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos mediante la Resolución 7998 del mismo año y creó mesas técnicas nacionales y regionales para incorporar este enfoque en toda su oferta institucional.

Posteriormente, la Resolución 6300 de 2024 fortaleció el otorgamiento de personerías jurídicas a organizaciones campesinas. Solo en 2025 fueron reconocidas 135 organizaciones. Además, por primera vez el Bienestar Familiar incorporó la variable de autorreconocimiento campesino en sus sistemas de información, identificando a 121.962 usuarios de primera infancia que se reconocen como campesinos.

Este reconocimiento también se refleja en las compras públicas y la educación inicial. Las Compras Públicas Locales con organizaciones campesinas pasaron de 144 contratos en 2025 a 197 en 2026, con presencia en 31 regionales, 369 municipios y 92 mercados campesinos.

En materia educativa, la Educación Inicial Campesina acumuló 414.600 atenciones entre 2025 y mayo de 2026 y dio origen al primer modelo propio de educación inicial dirigido al campesinado colombiano «Risas, Raíces y Reconocimiento Campesino», creado mediante la Resolución 5000 de 2025 junto con organizaciones campesinas del Cauca. En un año, esta estrategia pasó de atender 703 a 1.670 usuarios.

Asimismo, mediante la estrategia Tejiendo Interculturalidad, el Bienestar Familiar acompañó a 9.700 familias campesinas entre 2024 y mayo de 2026, con acciones específicas en la región del Catatumbo.

La reducción de las muertes por desnutrición, el fortalecimiento de la Bienestarina con materias primas nacionales y el reconocimiento del campesinado como actor estratégico son el resultado del trabajo conjunto entre familias, comunidades, productores campesinos, pueblos étnicos, hospitales públicos y equipos territoriales.

Con este proceso, el Bienestar Familiar consolidó una política que entiende la alimentación como un derecho humano y que fortalece la prevención, la participación comunitaria y el reconocimiento de los territorios como pilares para garantizar el bienestar de las niñas, los niños y sus familias.

Entre 2022 y 2026, la Subdirección General del Bienestar Familiar lideró una transformación de fondo: pasar de una oferta institucional pensada de manera general, a una construida con las comunidades y ajustada a sus particularidades étnicas, territoriales, de género y de discapacidad. El resultado es una institucionalidad con más herramientas técnicas, más presencia territorial y más capacidad de escuchar antes de responder.

El conocimiento que nace en los territorios y del diálogo con niños, niñas, adolescentes, las familias, líderes tradicionales, comunitarios y sociales.

Reconocimos que los territorios no son solo receptores de servicios, sino productores de conocimiento. Por eso se consolidó el Modelo de Comunidades de Aprendizaje y Fortalecimiento Técnico, construido de manera conjunta con los territorios, con mesas técnicas nacionales y regionales y una Red de Saberes y Conexión Territorial que articula los ámbitos nacional, regional y zonal. El modelo quedó institucionalizado mediante la Resolución 4956 de 2025, trascendiendo el esquema de asistencia técnica y consolidando una forma participativa y flexible de gestionar el conocimiento.

Ese mismo ejercicio permitió rediseñar la oferta misional: se desarrollaron el Lineamiento técnico de atención para el desarrollo integral, el Manual técnico de modalidad integrada, el Manual técnico de modalidad territorios priorizados, y guías operativas específicas para los Centros de Apoyo a la Inclusión, Tejiendo Caminos Sin Fronteras, la atención integral al pueblo wayuu y el Modelo de Atención Integral para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Gonawindúa, entre otras herramientas hoy en desarrollo para emergencias, primera infancia en contextos hospitalarios y espacios de cuidado nocturno.

Un enfoque que reconoce la diversidad del país

Construimos el Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos (MEDD) como eje transversal para que cada respuesta institucional se ajuste a las características de cada población. El modelo agrupa 6 categorías diferenciales, se acompañó técnicamente a las 33 direcciones regionales, y se desarrollaron más de 10 documentos e instrumentos técnicos, 3 memorandos institucionales, una caja de herramientas y un plan institucional para implementar la Ley 2447 de 2025. Como parte de este enfoque, se construyeron 30 herramientas para prevenir violencias basadas en género.

Pueblos étnicos: una atención construida desde la interculturalidad

El Bienestar Familiar fortaleció una atención intercultural construida junto con pueblos indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, que hoy representa a 115 pueblos indígenas y 2,4 millones de personas. En 2024, 162.187 niñas y niños indígenas recibieron atención, 5.632 a través del programa Semillas de Vida, y entre 8.000 y 12.000 mediante el Modelo de Atención Integral de la Sierra Nevada.

Este trabajo se construyó con más de 312 organizaciones comunitarias vinculadas y 9 juntanzas con más de 900 participantes, e incluyó la protocolización de la Política Pública de Infancia y Adolescencia Indígena, el Centro de Atención Integral Indígena del Guaviare, la construcción de un modelo propio para comunidades afrodescendientes, el fortalecimiento de la atención al pueblo emberá, y la incorporación de saberes ancestrales y partería tradicional.

El campo y las fronteras también son territorio de derechos

La Subdirección General consolidó una arquitectura institucional para reconocer al campesinado dentro de las políticas y servicios de la entidad, con 489.543 atenciones acumuladas —412.227 de ellas a través del nuevo modelo—, un 97,8 % de autorreconocimiento campesino, 135 organizaciones campesinas y rurales reconocidas con personería jurídica, 970 familias acompañadas y 1.268 organizaciones participantes (113 de ellas vinculadas específicamente como organizaciones campesinas), a través de modalidades como Educación Inicial Campesina, Risas, Raíces y Reconocimiento Campesino, Mochila Atrapasueños, Tejiendo Interculturalidad, compras públicas locales y 91 mercados campesinos, con 32 ruedas de negocio, 336 acuerdos de compra y $2.115 millones proyectados.

En materia migratoria, el Bienestar Familiar acompañó a 355.589 ciudadanos venezolanos a través de 9 ERAM que atendieron a 9.713 niñas, niños y adolescentes, 2.049 usuarios de Tejiendo Caminos y 2.953 personas de Tejiendo Caminos sin Fronteras, logrando 106 reuniones familiares con la articulación de 20 entidades. La entidad implementó protocolos en 12 aeropuertos, atendió 43 vuelos, y fortaleció a 323 funcionarios, de los cuales 123 quedaron certificados.

El pueblo wayuu, protagonista de su propia atención

Fortalecimos una atención intercultural con el pueblo wayuu basada en la participación comunitaria, a través del Mandato Comunitario y el Observatorio Ayaawataa, con componentes de pervivencia cultural, seguridad alimentaria y cuidado del territorio. Esta apuesta se tradujo en 40 fortalecimientos técnicos con 1.418 participantes, 138 comités técnicos operativos y 29 comités internos de emergencia nutricional.

En paralelo, el Bienestar Familiar desarrolló la primera Encuesta Nacional sobre Alimentación y Nutrición de los Pueblos Indígenas (ENSIN Indígena), construida con la Mesa Permanente de Concertación y en articulación con el DANE, el INS y organizaciones indígenas: desde el inicio de la recolección, el 18 de abril de 2026, con recursos del Convenio FSB 432 por $15.501.140.372, se han visitado 3.070 viviendas, encuestado a 11.323 personas y realizado 4.927 mediciones antropométricas.

Discapacidad y diversidad: derechos sin excepción

Se fortaleció la atención integral para niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad a través de los Centros de Apoyo a la Inclusión, la Estrategia Vida en Comunidad, el Hogar Gestor y la Ruta de Educación Inclusiva, en el marco de la implementación del CONPES Nacional de Discapacidad. El Bienestar Familiar también incorporó al Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos la categoría de orientaciones sexuales e identidades de género diversas (OSIGD), con la incorporación de 5 acciones al CONPES 4147, más de 300 personas fortalecidas y al menos 8 estudios de caso desarrollados junto con organizaciones sociales.

Prevención, salud mental y una atención que integra lo social y lo sanitario

Se fortalecieron las capacidades institucionales para prevenir y atender violencias, a través del Sistema Nacional de Justicia Familiar, las Unidades Locales de Apoyo y el fortalecimiento de las defensorías de Familia. Las Casas Atrapasueños llegaron a 33 en funcionamiento, con 3 nuevas proyectadas, 29 equipos territoriales y 281 profesionales. En salud mental, la entidad desplegó las estrategias Salud Mental y Buen Vivir, Parar para Crear, el Mes del Cuidado de la Salud Mental y #ResuenaLaVida, junto con formación territorial, acompañamiento psicosocial y la construcción de la Política Nacional de Salud Mental. El Bienestar Familiar y el Ministerio de Salud avanzaron, además, en un modelo sociosanitario que integra la atención social y en salud a través de planes individuales de atención, con pilotos en la Fundación Niña María (Albán), el Proyecto Unión (Tocancipá) y Los Álamos (Itagüí).

Memoria, paz y reconciliación desde los territorios

La Subdirección General fortaleció la respuesta territorial en municipios afectados por el conflicto, con cobertura en 170 municipios PDET, 1.249.042 personas atendidas, 356.446 niñas, niños y adolescentes acompañados y 2.916 ingresos a procesos de restablecimiento de derechos, incluyendo la prevención del reclutamiento, la atención mediante unidades móviles, la atención a hijas e hijos de firmantes de paz y la respuesta en el Catatumbo y El Plateado. La estrategia Aquí Crece la Generación para la Paz dejó 165 murales en 96 instituciones educativas y 34 infraestructuras del Bienestar Familiar, con 35 espacios comunitarios, y llegó a 4.125 niñas, niños y adolescentes y 495 docentes.

A 40 años de la tragedia, el Bienestar Familiar desarrolló también un proceso de memoria y reparación simbólica con el informe técnico Memorias vivas de la tragedia socionatural de Armero, círculos de diálogo y entrevistas con sobrevivientes, en articulación con la Fundación Armando Armero, la Registraduría Nacional y el Archivo General de la Nación.

Una gestión que se blinda con transparencia

Se consolidó una estrategia nacional de supervisión a través de la Mesa Nacional de Supervisión, 7 mesas técnicas y la integración de cinco sistemas de información, junto con el curso «Misión Supervisión: ver para proteger». Esta apuesta fortaleció a las 33 regionales, actualizó más de 20 instrumentos técnicos y formó a 3.410 profesionales de apoyo a la supervisión.

En materia de seguimiento y transparencia, el Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación Institucional (SIMEI) hizo seguimiento a 5 indicadores estratégicos, con una participación superior al 70 % en espacios institucionales, la revisión de 1.348 requerimientos, la elaboración de 3 informes de ley y la revisión de 11 informes institucionales. También se apoyó en la ruta de las auditorías forenses, los tamizajes a personas jurídica y naturales previo a la contratación misional con el equipo Anticorrupción y de Transparencia del Bienestar Familiar.

Un legado con las comunidades en el centro

El principal legado de estos cuatro años es una institucionalidad con mayores capacidades para responder a las realidades de niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades en todo el país: una gestión del conocimiento que reconoce a los territorios como productores de saber, un enfoque diferencial convertido en herramientas concretas, y una atención a víctimas y construcción de paz que no se quedó en el papel. El Gobierno del Cambio fortaleció las condiciones y los recursos para que esta transformación llegara a los territorios históricamente más alejados del Estado, junto con las comunidades que la hicieron posible. Gratitud plena con todas y todos. Con dignidad, cumplimos.

Fuente: V6 - Empalme con el Pueblo – Subdirección General del ICBF, julio de 2026.

Una niña o un niño no crece solamente con servicios: crece rodeado de vínculos, historias, afectos y comunidades que pueden convertirse en su primera red de protección. Bajo esa idea, el Bienestar Familiar superó en 55 % la meta de familias acompañadas durante el cuatrienio, y transformó de fondo la manera de llegar a ellas: pasó de diseñar respuestas institucionales desde afuera a construir procesos junto con quienes conocen sus territorios y sus propias formas de cuidado.

El cuidado también se construye desde el territorio

Colombia es un país de muchas formas de ser familia y de muchas maneras de cuidar. Por eso, el acompañamiento avanzó hacia una mirada que reconoce la diversidad cultural, étnica y territorial del país, pasando de hablar de «familia y comunidad» a reconocer a familias, comunidades y pueblos como sujetos con saberes, historias y capacidades propias. Este cambio permitió fortalecer procesos con pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, raizales, palenqueras, Rrom y campesinas, desde el diálogo de saberes y el reconocimiento de sus formas propias de organización y cuidado.

Cuando las familias se fortalecen, niñas y niños tienen más protección

La prevención empieza antes de que exista una vulneración. A través de «Somos Familia, Somos Comunidad» se fortalecieron capacidades familiares y comunitarias para mejorar la convivencia, crear redes de apoyo, resolver conflictos y promover entornos protectores para niñas, niños y adolescentes. Este servicio llegó a 170 municipios, con acompañamiento a 19.348 familias y 62.847 personas usuarias en todo el país. Las comunidades no recibieron una respuesta ya construida: participaron en la identificación de sus necesidades y en la creación de iniciativas para fortalecer el cuidado colectivo.

Los pueblos como protagonistas de sus propios caminos

En los territorios étnicos y campesinos, la protección de la niñez también pasa por cuidar la cultura, la memoria, la identidad y las formas propias de vivir. Con «Tejiendo Interculturalidad», las comunidades construyeron procesos desde sus propios saberes y prioridades: el servicio llegó a 23.782 familias (54.330 personas usuarias), en 861 comunidades de 150 municipios. La apuesta permitió que el Estado llegara a los territorios no para reemplazar las voces comunitarias, sino para acompañarlas y fortalecer sus capacidades.

Llegar antes: acompañar para prevenir

Otra transformación fue fortalecer la presencia cercana para acompañar a las familias antes de que las dificultades escalen. El servicio «Presencia para la Convivencia y el Fortalecimiento de Vínculos Familiares y Comunitarios», que incluye acciones afirmativas diferenciales, atendió a 9.159 familias en todo el país.

Familias migrantes también hacen parte del cuidado

En La Guajira, el servicio «Tejiendo Caminos sin Fronteras» fortaleció la atención a población migrante y comunidades de acogida, promoviendo integración social, convivencia y acceso a derechos. Actualmente acompaña a 1.042 familias migrantes en Maicao.

Estas transformaciones son resultado de las familias, comunidades, pueblos étnicos, comunidades campesinas, organizaciones de base y redes de cuidado que durante años han protegido a niñas, niños y adolescentes en Colombia. El Bienestar Familiar acompañó este camino con presencia técnica y territorial, y el Gobierno del Cambio fortaleció las condiciones y los recursos para que el cuidado que ya existía en los territorios se reconociera, creciera y llegara a más comunidades. Ese reconocimiento —convertir en política pública lo que las familias y los pueblos ya sabían hacer— es el legado que este gobierno le entrega al país, y la garantía que debe seguir creciendo para que la protección de niñas, niños y adolescentes continúe siendo, siempre, un derecho de la niñez colombiana.

Fuente: Presentación de la Directora General, Bienestar Familiar, 15 de julio de 2026 (diapositivas 53-55).

Con dignidad, cumplimos.

En el marco de las mesas técnicas de Empalme ante el Pueblo, el Bienestar Familiar realizó la jornada dedicada al Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), con la participación de organizaciones de la sociedad civil, entidades que integran el Comité Ejecutivo del SNBF y organismos de cooperación internacional.

En el desarrollo de la mesa técnica se destacó como uno de los principales legados la modernización del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, materializada mediante la nueva estructura creada por el Decreto 1430 de 2025, que fortaleció la articulación de las autoridades administrativas, la coordinación del Observatorio del Bienestar de la Niñez, y la creación de un equipo de seguimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño,  junto a la generación de conocimiento para orientar la toma de decisiones públicas.

Asimismo, se presentaron los avances alcanzados en la articulación territorial, con el acompañamiento técnico a más de 5.500 instancias del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, la incorporación de la niñez en 1.133 planes de desarrollo territorial, el fortalecimiento de las mesas de participación de niñas, niños y adolescentes, la formulación de 4.947 iniciativas por parte de esta población y la consolidación de mecanismos interinstitucionales para la prevención y atención integral de las violencias. 

En materia institucional, también se resaltaron los avances en el fortalecimiento de las defensorías de Familia, con la creación de 113 nuevas defensorías, la ampliación de la planta de personal y el fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios, así como la implementación del Sistema Nacional de Justicia Familiar para ampliar la capacidad de respuesta del Estado frente a la garantía y el restablecimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

La directora general del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, destacó que el principal legado de este proceso es haber consolidado un Sistema capaz de trascender los periodos de gobierno y fortalecer la acción conjunta del Estado.

«El legado más importante que dejamos es un Sistema Nacional de Bienestar Familiar más fuerte. La garantía de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes no depende de una sola entidad; depende de la capacidad del Estado para actuar de manera articulada, llegar a los territorios y mantener estas políticas como un compromiso permanente del país. La protección integral solo será posible si este Sistema continúa fortaleciéndose como una política de Estado», señaló la directora general.

Por su parte, el director del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, Julián Moreno Parra, afirmó que la transformación institucional alcanzada durante el cuatrienio constituye una base sólida para fortalecer la coordinación de las políticas públicas de niñez y familia.

«La modernización del Sistema Nacional de Bienestar Familiar constituye uno de los principales legados de esta administración. Hoy el país cuenta con una institucionalidad más sólida, con mayores capacidades para articular las políticas de niñez y familia, fortalecer las autoridades administrativas, generar conocimiento para la toma de decisiones y acompañar a los territorios en la garantía efectiva de los derechos de niñas, niños, adolescentes y familias», afirmó el director Moreno Parra.

Finalmente, la subdirectora de Articulación Nacional, Natalia Quiñones, resaltó que el fortalecimiento del Sistema también se refleja en una mayor capacidad para coordinar la acción del Estado desde los territorios y producir conocimiento útil para la formulación y el seguimiento de las políticas públicas.

«Durante estos cuatro años fortalecimos la articulación entre la Nación y los territorios para que las políticas públicas llegaran con mayor capacidad de respuesta a las comunidades. Hoy contamos con herramientas como el Observatorio del Bienestar de la Niñez, el Sistema Único de Información de la Niñez (SUIN) y el seguimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño, que fortalecen la gestión del conocimiento y permiten tomar decisiones basadas en evidencia para garantizar los derechos de la niñez». 

Durante la jornada también se presentaron los avances del Observatorio del Bienestar de la Niñez, que ha consolidado la producción de información estratégica mediante boletines, tableros territoriales y análisis especializados, así como el desarrollo de herramientas para el seguimiento al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuya integración al Sistema Único de Información de la Niñez (SUIN) fortalecerá la toma de decisiones y el monitoreo de las políticas públicas en favor de la niñez. 

Con las Mesas Técnicas de Empalme ante el Pueblo, el Gobierno del Cambio entrega a la ciudadanía, a las organizaciones de la sociedad civil, a las entidades que integran el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y a los organismos de cooperación internacional una hoja de ruta construida a partir de los principales avances alcanzados durante el cuatrienio, con el propósito de dar continuidad al fortalecimiento del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y de las políticas públicas orientadas a garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y familias.

En el auditorio de la Regional La Guajira del Bienestar Familiar fueron presentados los resultados y la estructura del informe de la Comisión Asesora Científica de La Guajira, instancia creada para estudiar las causas estructurales de la desnutrición infantil en el departamento, en cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional y del Auto 1290 de 2023. 

 

El encuentro contó con la participación de comisionados étnicos wayuu y afrodescendientes, agentes territoriales del Sistema Nacional de Bienestar Familiar líderes y lideresas comunitarias, quienes conocieron los principales hallazgos de este proceso investigativo, desarrollado desde un enfoque interdisciplinario, intercultural y participativo. 

 

«Cuando llegamos a La Guajira entendimos que, si queríamos obtener resultados distintos, debíamos hacer las cosas de manera diferente. Nos dejamos orientar por las comunidades para comprender su cultura, porque la desnutrición no puede analizarse solo desde la alimentación, sino desde los determinantes sociales, culturales y territoriales que afectan la vida del pueblo wayuu y de las comunidades afroguajiras», afirmó Astrid Cáceres Cárdenas, directora general del Bienestar Familiar. 

 

La Comisión Asesora Científica destacó que la desnutrición infantil en La Guajira es la manifestación de un entramado estructural de exclusión social, racial, territorial y económica. En este sentido, el informe plantea que la crisis nutricional no puede explicarse únicamente por la falta de alimentos o por condiciones sanitarias inmediatas, sino por la interacción de factores históricos como la pobreza estructural, el acceso limitado al agua, las barreras en salud, la fragmentación del territorio ancestral, el debilitamiento de sistemas tradicionales de cuidado, el cambio climático, el racismo estructural y los impactos del modelo extractivista en el territorio. 

 

Uno de los aportes centrales del informe es el reconocimiento de las voces comunitarias como evidencia válida para comprender la crisis. El proceso incorporó testimonios de niñas, niños, madres cuidadoras, parteras, sabedores, autoridades tradicionales, líderes comunitarios y representantes afroguajiros, con el propósito de articular el conocimiento científico con los saberes territoriales y las experiencias de las comunidades. 

 

«El cuerpo infantil refleja la sequía del entorno. No se puede sanar el cuerpo si el territorio que sostiene la vida permanece enfermo», señaló Iliana Curiel Arismendy, comisionada wayuu. 

 

El documento también advierte que los modelos de desarrollo extractivista implementados en La Guajira han configurado un determinante estructural de la pobreza y de la desnutrición infantil, al incidir en procesos de despojo, fragmentación y transformación del territorio ancestral, especialmente en la Alta y Media Guajira. Estas dinámicas han afectado los sistemas productivos tradicionales, el acceso al agua, la movilidad territorial, las prácticas alimentarias propias y las redes comunitarias de cuidado. 

 

En relación con el pueblo wayuu, el informe señala que la pérdida progresiva del calendario alimentario tradicional, la erosión de saberes ancestrales, la ruptura de redes de parentesco y cuidado, y la transición de una economía de soberanía hacia una economía del rebusque han generado nuevas formas de vulnerabilidad para niñas, niños, mujeres gestantes y familias. 

 

Así mismo, la Comisión visibiliza la situación del pueblo afroguajiro, históricamente poco reconocido en los análisis sobre La Guajira. El informe evidencia que las comunidades afrodescendientes también enfrentan desigualdades estructurales relacionadas con el subregistro estadístico, la inseguridad alimentaria, el déficit habitacional, el acceso limitado al agua, la informalidad laboral, la degradación ambiental y la invisibilización de sus sistemas de cuidado, medicina tradicional y saberes comunitarios. 

 

Entre las recomendaciones entregadas por la Comisión al Estado colombiano se destacan la protección jurídica de los cuerpos de agua; la contención jurídica frente a megaproyectos que puedan afectar fuentes hídricas y territorios vitales; la recuperación y preservación de calendarios agrícolas y alimentarios propios; el fortalecimiento de la soberanía alimentaria; la implementación efectiva de un modelo de salud propio e intercultural; y la incorporación de un enfoque étnico-cultural y de derechos colectivos en los indicadores de seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017. 
 

La Comisión también recomienda reconocer al pueblo wayuu como sujeto colectivo de derechos, con formas propias de organización social, sistemas familiares extensos, autoridades tradicionales, movilidad territorial, prácticas alimentarias y lógicas comunitarias de cuidado. Esto implica garantizar la pertinencia cultural de las intervenciones, la participación efectiva de autoridades tradicionales, palabreros, liderazgos comunitarios, mujeres cuidadoras, niñas, niños y adolescentes, así como el uso de la lengua wayuunaiki y el respeto por los tiempos y modos de relacionamiento propios del territorio. 

 

El informe plantea, además, que superar el Estado de Cosas Inconstitucional declarado por la Corte Constitucional exige pasar de respuestas asistencialistas y fragmentadas a transformaciones estructurales sostenidas, centradas en el territorio, el agua, la soberanía alimentaria, la justicia social, el reconocimiento de los saberes ancestrales y la garantía integral de derechos. 

 

Con este estudio, la Comisión Asesora Científica entrega al país un insumo estratégico para orientar decisiones públicas, fortalecer la articulación institucional y avanzar hacia respuestas integrales que reconozcan la dignidad, la cultura y los derechos de niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades de La Guajira. 

 

El informe puede ser consultado en la página web delSistema Único de Información de la Niñez (SUIN) del ICBF. 

(fin/scs/oam) 

Bienestar Familiar dio inicio a las mesas técnicas de empalme, un ejercicio de transparencia en el que la directora general, Astrid Cáceres, junto al equipo directivo, organizaciones sindicales, servidores públicos y ciudadanía, presentó los principales resultados de la gestión desarrollada entre 2022 y 2026 y la hoja de ruta para garantizar la continuidad de las acciones en favor de las niñas, niños, adolescentes y familias del país.

Durante la primera jornada se destacó que Colombia pasó del puesto 11 al puesto 8 en indicadores internacionales relacionados con la protección de la niñez. Asimismo, se presentó la reducción del 38,3 % del embarazo adolescente, el fortalecimiento de las acciones para prevenir las violencias contra niñas, niños y adolescentes y la aprobación de la ley que prohíbe el matrimonio infantil.

En materia institucional, la entidad expuso la reorganización de su estructura para fortalecer la presencia territorial, la separación de las funciones de las defensorías de Familia de la operación de los servicios de protección, el incremento de la planta de personal de 8.856 a 11.652 servidores, la vinculación de 2.353 madres comunitarias como trabajadoras oficiales del Estado y la creación de nuevas áreas estratégicas en nutrición, familias, comunidades, prevención y primera infancia.

La directora también presentó el fortalecimiento de la infraestructura institucional, con un incremento del 154 % en la inversión para la intervención de sedes administrativas y unidades de servicio, permitiendo mejorar 358 sedes y fortalecer la capacidad de atención en diferentes regiones del país.

«Abrimos la contratación para que las organizaciones de los territorios pudieran participar en igualdad de condiciones, sin bajar los requisitos de calidad. Hoy el 74 % de la operación de los servicios está en manos de organizaciones de base territorial, fortaleciendo la presencia institucional en todo el país», afirmó la directora general de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres.

Las mesas técnicas de empalme continuarán durante los próximos días con sesiones dedicadas a profundizar en temas como contratación, infraestructura, nutrición, primera infancia, protección, fortalecimiento institucional, presupuesto y Sistema Nacional de Bienestar Familiar, con el propósito de entregar de manera abierta los resultados de la gestión y los procesos que servirán como base para la transición institucional.

A diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz, Colombia cuenta con una generación de niñas, niños y adolescentes que ha crecido en medio de los esfuerzos de construcción de paz en los territorios históricamente más afectados por el conflicto armado. Más de 6.057.300 niñas, niños, adolescentes, familias, comunidades y pueblos han sido acompañados por el Bienestar Familiar en los municipios priorizados para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), contribuyendo a la garantía de derechos y a la construcción de oportunidades para las nuevas generaciones.

Estos resultados fueron presentados durante el encuentro «Cuentas para la Vida. Así crece una Generación para la Vida y la Paz», realizado en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Tierra Grata, ubicado en la Serranía del Perijá, jurisdicción del municipio de Manaure Balcón del Cesar. Allí, comunidades, firmantes de paz, entidades territoriales, organismos internacionales y representantes del Gobierno del Cambio reflexionaron sobre los avances, aprendizajes y desafíos de una década de implementación del Acuerdo Final de Paz, poniendo en el centro a quienes representan su mayor esperanza: las niñas, los niños, los adolescentes, las familias y las comunidades.

El significado de estos avances también se refleja en las voces de quienes han vivido el proceso de transformación en los territorios.

«Estos espacios no fueron creados para niños y niñas; estos espacios fueron creados para un proceso de desarme. Entonces, tener un espacio para ellos y para ellas es un logro muy significativo», afirmó Fredy Escobar, integrante de la Cooperativa de Paz del Cesar.

Por su parte, Sirli Mejía, tesorera de la Junta de Acción Comunal, destacó los cambios que ha traído el proceso de paz para la comunidad: «El Acuerdo de Paz en estos años ha sido una oportunidad de vida. Ha mejorado la situación laboral de algunos de nosotros, mejorando la economía de la comunidad».

Los resultados reflejan avances concretos en la garantía de derechos de la niñez, la adolescencia y las familias en territorios históricamente afectados por la violencia. Uno de los logros más significativos se evidencia en la atención integral a la primera infancia. A septiembre de 2025, 729.980 niñas y niños en zonas rurales contaban con atención integral y 195.290 niñas y niños en municipios PDETaccedían a estos servicios, fundamentales para su desarrollo, bienestar y protección.

El compromiso con las familias vinculadas a los procesos de reincorporación también ha sido una prioridad. Entre 2022 y 2026, el Bienestar Familiar registró 12.070 atenciones a hijas, hijos y familias de firmantes de paz en diferentes servicios, incluyendo 2.967 atenciones en educación inicial para niñas y niños hijos de firmantes, contribuyendo a fortalecer sus trayectorias de vida desde los primeros años.

Solo durante 2025, la entidad llegó a los 170 municipios PDET del país, donde atendió a 572.473 niñas, niños, adolescentes y personas. De esta atención, 430.045 niñas y niños participaron en servicios de primera infancia, reafirmando la importancia de garantizar cuidado, protección y oportunidades desde el inicio de la vida.

Asimismo, durante los diez años de implementación del Acuerdo Final de Paz, la entidad ha destinado más de 12 billones de pesos para fortalecer la atención integral, la protección de derechos y el desarrollo de capacidades comunitarias en los territorios priorizados.

Como símbolo de esta transformación, niñas y niños presentaron el mural de la campaña «Aquí crece la Generación para la Paz», una creación colectiva que recoge sus voces, sueños y reflexiones sobre el país que quieren construir. La obra representa a una generación que nació o creció mientras avanzaba la implementación del Acuerdo y que hoy encarna la esperanza de una Colombia que sigue apostándole a la reconciliación, la convivencia y la vida.

«Hace diez años hablamos de la firma de un acuerdo de paz. Hoy hablamos de una generación de niñas y niños que crece con más derechos, más oportunidades y mayores posibilidades de construir sus proyectos de vida en los territorios donde antes la guerra limitaba el futuro. Esa es la paz que seguimos construyendo desde el cuidado, la protección y la presencia del Estado en las comunidades», afirmó Astrid Cáceres Cárdenas, directora general de Bienestar Familiar.

Los avances alcanzados durante esta década evidencian que la implementación de la paz también se expresa en niñas y niños que acceden a educación inicial, en familias que fortalecen sus capacidades de cuidado, en comunidades que participan activamente en la protección de la niñez y en territorios que encuentran nuevas oportunidades para construir bienestar.

Una generación que crece para La Paz

A diez años del Acuerdo Final de Paz, uno de sus logros más profundos puede verse en los rostros de miles de niñas, niños y adolescentes que hoy crecen con más oportunidades en territorios que durante décadas estuvieron marcados por la guerra. Ellos representan una generación que ha aprendido a construir futuro desde la vida, la participación, la convivencia y la esperanza.

El Gobierno del Cambio reafirma que la paz se construye garantizando derechos, cerrando brechas históricas y ampliando oportunidades para quienes durante años fueron excluidos. Seguir fortaleciendo a las familias, acompañando a la niñez y consolidando la presencia integral del Estado en los territorios será fundamental para avanzar hacia una Colombia más justa, incluyente y en paz.

Aquí crece la Generación para la Paz.

Las personas interesadas en conocer el desarrollo del diálogo de rendición de cuentas “Cuentas para la Vida y la Paz” podrán seguir la transmisión enr: 

Parte 1:

https://youtube.com/live/mgMM-KdGg6Q?feature=share

Parte2:

https://youtube.com/live/CUBtp8EN1VE?feature=share

En la rendición de cuentas del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, la directora general de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, presentó los resultados, avances y transformaciones que la entidad ha impulsado para garantizar los derechos de la niñez, la adolescencia y sus familias durante los cuatro años de gobierno.

Cáceres inició su presentación destacando que, a lo largo del tiempo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar perdió parte de su razón de ser, pues la atención y los servicios para la niñez y la adolescencia dejaron de ser prestados directamente por el Estado. Señaló que, cuando llegó esta administración, las familias manifestaban una inconformidad acumulada durante años «por sentir lejano al Bienestar Familiar ».

Durante estos cuatro años, el Bienestar Familiar ha impulsado importantes transformaciones para garantizar los derechos de las niñas, los niños, los adolescentes y sus familias. En su intervención, destacó, en primer lugar, los avances para garantizar la alimentación y reducir la desnutrición en la primera infancia.

En el cuatrienio se registró una reducción histórica del 49,4 % en la mortalidad por desnutrición aguda en el país. Por ejemplo, en La Guajira la tasa pasó de 86,3 a 26,8, y en Amazonas llegó a cero. Asimismo, destacó el cambio en las minutas alimentarias, que permiten incorporar alimentos propios de los territorios.

La entidad también creó Alimentos de alto Valor Nutricional a partir de alimentos provenientes de los territorios y adquiridos a organizaciones campesinas. Entre ellos se encuentra la Bienestarina elaborada con sacha inchi, insumo cuya producción es comprada por la entidad a mujeres campesinas del Putumayo. También se desarrollaron versiones de Bienestarina con chontaduro y mango.

La directora destacó que Bienestar Familiar asumió el reto de fortalecer a las comunidades para que estas participen directamente en la atención a la niñez, mediante organizaciones comunitarias, juntas de acción comunal y comunidades indígenas y afrodescendientes. «Es la misma comunidad la que se organiza», resaltó.

Ante los asistentes a la rendición de cuentas, señaló que en el Bienestar Familiar se amplió la atención integral a la primera infancia con enfoque diferencial y territorial. En la actualidad, la entidad garantiza derechos a 2.070.660 niñas, niños y personas gestantes a través de los servicios de educación inicial.

Uno de los hitos más importantes para dignificar el trabajo de cuidado en favor de la niñez fue la reforma laboral, mediante la cual se incorporó un artículo para formalizar a las madres comunitarias. «Al ser trabajadoras oficiales, cuentan con garantías laborales», explicó.

Actualmente, 2.353 madres comunitarias son trabajadoras del Estado.

También se refirió a la disminución del trabajo infantil, la reducción del embarazo adolescente, la eliminación del matrimonio infantil y la implementación de 34 casas Atrapasueños.

Asimismo, destacó la atención a la niñez y la adolescencia en zonas afectadas por el conflicto armado y la creación de los Centros de Apoyo a la Inclusión para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. «Las cifras no las inventamos nosotros; son las mismas que el Estado siempre ha tenido», puntualizó.

Vea aquí la intervención completa.

Durante la jornada, la maestra María Granadillo destacó la recuperación de los saberes ancestrales y el fortalecimiento de los diálogos entre generaciones como una herramienta para el cuidado de la niñez: «Los diálogos intergeneracionales nos han permitido volver a hablar con nuestros mayores y retomar nuestra forma de vivir. La apuesta hoy es recuperar lo nuestro con la niñez. Que nuestros niños vuelvan a consumir maíz, yaujaushi y chicha, y que crezcan reconociendo los alimentos propios de nuestra cultura», expresó.

Como parte del espacio, la directora general, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, anunció beneficios para más de 18.000 maestras y maestros vinculados al  Bienestar Familiar en el departamento para la atención del pueblo wayuu, y resaltó el papel que desempeñan en la protección de la vida y el bienestar integral de la niñez. «En La Guajira han disminuido las muertes de niñas y niños por desnutrición, pero la meta es llegar a cero. Quienes han salvado vidas son ustedes. Nosotros movemos la institucionalidad, pero quienes están todos los días con los niños y las niñas son las maestras y maestros», afirmó.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el reconocimiento realizado a maestras y maestros por su entrega y compromiso con las comunidades. Como gesto simbólico de agradecimiento, niñas y niños les enviaron cartas en las que expresaron su cariño y gratitud por las enseñanzas y cuidados recibidos. Asimismo, recibieron rosas rojas acompañadas de mensajes de reconocimiento por parte de la Dirección General y de los equipos regional y zonal de Bienestar Familiar.

Las historias compartidas durante «Cuentas para la Vida» evidenciaron que las maestras y maestros wayuu no solo acompañan procesos educativos, sino que también contribuyen a preservar la cultura, fortalecer la identidad de las nuevas generaciones y promover prácticas de cuidado que nacen de los conocimientos propios de las comunidades.

(fin/scs/oam)

Durante la jornada, el adolescente Eliazar compartió su percepción sobre los impactos observados en su comunidad durante los últimos años: «Quiero agradecer a la señora Astrid por toda la ayuda que hemos recibido, porque antes, en La Guajira, había muchos niños que morían y muchos niños que no recibían ayuda. Ustedes llegaron a salvar la vida de muchos y ayudaron a disminuir la desnutrición», expresó. Además, aprovechó el espacio para compartir retos que identifica para las nuevas generaciones de la Alta Guajira.

En este diálogo con las comunidades, la directora general destacó que se seguirán construyendo respuestas desde el territorio, reconociendo el liderazgo de las autoridades tradicionales. «Una de las satisfacciones que podemos recoger en este tiempo es esa posibilidad de que sea el pueblo wayuu quien se autodetermine», afirmó.

Finalmente, un momento significativo de la jornada fue el recorrido por las experiencias presentadas por participantes de distintos centros zonales, quienes compartieron cómo la recuperación de saberes ancestrales ha fortalecido el cuidado de niñas, niños y familias wayuu. A través de expresiones culturales como la Yonna, las comunidades evidenciaron la importancia de continuar preservando sus tradiciones y de transmitirlas a las nuevas generaciones como parte de los procesos de cuidado y bienestar en los territorios.

(fin/scs/aas)