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Tras el sismo registrado este lunes en Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar activó, desde las 9:00 a. m., la Mesa de Crisis y los protocolos de atención y prevención de emergencias para coordinar la respuesta institucional y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, siguiendo el procedimiento para la atención en casos de emergencia (P17).

Las acciones se concentran inicialmente en Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Tolima mientras las demás regionales mantienen activos sus mecanismos de monitoreo y respuesta. 

Como parte del despliegue territorial, 30 unidades móviles fueron activadas en los cinco departamentos priorizados para atender puntos críticos, albergues y rutas definidas por las autoridades, acompañando a niñas, niños, adolescentes y familias. A su vez, los equipos de Presencia brindarán acompañamiento psicosocial y fortalecerán la respuesta institucional en los municipios donde no lleguen las unidades móviles.

Los equipos institucionales verifican las condiciones de las sedes administrativas, unidades de servicio y espacios de atención a niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades, con el fin de identificar afectaciones en infraestructura y servicios, establecer la población afectada y determinar necesidades de apoyo y condiciones de acceso.

Las defensorías de Familia permanecen activas para adelantar procesos de restablecimiento de derechos cuando, en el marco de la emergencia, se identifiquen amenazas o vulneraciones que afecten a niñas, niños y adolescentes.

La entidad también verificó las unidades de Restablecimiento de Derechos y del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Hasta el momento se reportan afectaciones menores en varias de estas; se realizaron evacuaciones preventivas, se adoptaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los adolescentes y la continuidad de la atención.

El sismo ocasionó afectaciones en la planta de producción de Bienestarina ubicada en Cartago, Valle del Cauca, por lo que su operación fue suspendida temporalmente mientras se realizan las revisiones correspondientes.

Actualmente están listas para distribución 250.000 unidades de Bienestarina líquida, destinadas a apoyar la atención de niñas y niños en las zonas que requieran este alimento.

Los 300 enlaces del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, distribuidos en las 33 regionales y en el nivel zonal, se encuentran activos para articular con los comités departamentales de gestión del riesgo. Asimismo, permanecen atentos a las disposiciones del Puesto de Mando Unificado Nacional.

La Línea Nacional 141, disponible las 24 horas a nivel nacional, recibe reportes sobre cualquier eventualidad que pueda comprometer la integridad o los derechos de niñas, niños y adolescentes. La información recibida permitirá activar la respuesta institucional en los territorios que lo requieran.

Bienestar Familiar mantendrá activa la Mesa de Crisis presidida por la directora general encargada, la secretaria general y el director del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Con la participación del equipo directivo nacional, las direcciones regionales y los equipos de los centros zonales, se continuará verificando la situación de la niñez, las familias y los servicios en todo el país, y ajustará su capacidad de respuesta de acuerdo con los reportes oficiales y las necesidades identificadas.

El Instituto expresa su solidaridad con las familias de las personas fallecidas y con todas las comunidades afectadas por esta emergencia. La entidad acompaña al país en este momento de dolor y mantiene activas sus capacidades para proteger y atender a niñas, niños, adolescentes y familias en los territorios que lo requieran.

Durante el evento, la Regional Norte de Santander recibió la certificación de la Sala Amiga de la Familia Lactante en el Entorno Laboral (SAFEL), otorgada por la Secretaría de Salud, como reconocimiento al cumplimiento de las condiciones requeridas para ofrecer un espacio digno, privado, cómodo, higiénico y seguro para la extracción, conservación y almacenamiento de la leche materna.

La Sala Amiga de la Familia Lactante beneficiará a las funcionarias de la Regional Norte de Santander, del Centro Zonal Cúcuta Tres y a las visitantes en periodo de lactancia, fortaleciendo las acciones institucionales que favorecen la conciliación entre la vida laboral y familiar, al tiempo que promueven el derecho de los niños y las niñas a recibir lactancia materna.

La apertura oficial estuvo a cargo de la directora regional (e), Lorena Quintero Pacheco, quien resaltó que este logro refleja el compromiso de la entidad con la protección integral de la primera infancia y el bienestar de las familias. Asimismo, destacó que la implementación de este espacio contribuye al cumplimiento de la misión institucional de garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, promoviendo entornos protectores para las familias.

La jornada contó con la participación de madres FAMI, funcionarios de la Secretaría de Salud, representantes de la Facultad de Nutrición y Dietética de la Universidad de Pamplona y colaboradores del Bienestar Familiar. Como parte de la programación, las asociaciones de madres comunitarias realizaron presentaciones artísticas alusivas a la lactancia materna, destacando su importancia para el crecimiento, el desarrollo integral y el fortalecimiento del vínculo afectivo entre madres, niños y niñas.

Con esta certificación e inauguración, la Regional Norte de Santander reafirma su compromiso con la promoción de la lactancia materna como una práctica fundamental para la salud y el desarrollo de la primera infancia, así como con la creación de entornos laborales que favorezcan el bienestar de las madres lactantes y sus familias.

Rosa Redondo, autoridad wayuu del resguardo Perratpu y participante de las mesas públicas previas Memorias para el Cambio, destacó que estos espacios permitieron recoger las experiencias de las comunidades y convertirlas en acciones para fortalecer la atención en el territorio. En ese sentido, resaltó el valor del diálogo y la construcción conjunta con Bienestar Familiar. «Las mesas nos permitieron ser escuchados y construir, junto a Bienestar Familiar, un camino de trabajo comunitario que fortaleció la atención en nuestros territorios», afirmó.

Durante la jornada, Bienestar Familiar presentó el informe de gestión correspondiente a la vigencia 2025, destacando una inversión superior a $826.349 millones, la atención de 514.134 personas en los 15 municipios del departamento y los principales resultados alcanzados en las diferentes líneas misionales, con énfasis en la garantía de derechos de niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades.

La directora regional (e) de Bienestar Familiar en La Guajira, Yeleidys Bulla Berrios, destacó que este ejercicio de transparencia va más allá de presentar indicadores: «Más allá de presentar cifras, inversiones o resultados institucionales, queremos hablar de aquello que realmente da sentido a nuestro trabajo; las vidas que se transforman, las oportunidades que se construyen y los derechos que se garantizan en los territorios», indicó.

Posteriormente, se realizó el foro «Cuentas para la Vida», un espacio de diálogo abierto con representantes de distintos sectores que forman parte de la atención que brinda el instituto, entre ellos el intendente Jhonatan Barbosa de la Policía de Infancia y Adolescencia; José Robles, de la Asociación Mutual Mma kato'ulu''u (asociación campesina) que  provee alimentos a unidades de atención de primera infancia; y José Daniel del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. El espacio abordó reflexiones sobre las transformaciones impulsadas durante el cuatrienio de gobierno, los aprendizajes construidos y los desafíos para seguir fortaleciendo la garantía de derechos de la niñez y las familias en La Guajira.

Hay que mencionar que, entre 2022 y 2025, Bienestar Familiar ejecutó en La Guajira recursos superiores a $2,18 billones, atendió a 1.166.715 usuarios y consolidó una atención con mayor presencia en el territorio, fortaleciendo la implementación del Modelo de Atención Integral Wayuu, la respuesta a la Sentencia T-302 de 2017 y las estrategias orientadas a la protección integral de niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades.

En cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, Bienestar Familiar consolidó acciones para garantizar el derecho a la alimentación, la salud y el desarrollo integral de la niñez wayuu, mediante un modelo construido desde el diálogo con las comunidades. Entre los principales resultados se destacan 862 diálogos genuinos en 2.491 comunidades, la atención de 129.913 niñas y niños menores de cinco años, el fortalecimiento de la recuperación nutricional con 30.975 atenciones y el suministro de 28 millones de litros de agua potable en los territorios ancestrales wayuu.

Como uno de los principales legados de este proceso, la directora general, Astrid Cáceres realizó la presentación y entrega oficial de la Resolución para la Atención al Pueblo Wayuu, construida a partir de los mandatos recibidos por parte de autoridades tradicionales, lideresas, líderes comunitarios, familias, niñas, niños, adolescentes, voceros y accionantes de la Sentencia T-302 de 2017, mediante un ejercicio de diálogo y participación desarrollado en los territorios. Este instrumento fortalece el compromiso institucional con una atención integral construida desde el reconocimiento de la cultura la participación y la corresponsabilidad con las comunidades.

(fin/scs/oam)

Una niña o un niño que enfrenta una vulneración de sus derechos no solo necesita una respuesta institucional. Necesita conservar sus vínculos, sentirse protegido y tener la oportunidad de reconstruir su historia sin perder sus raíces.
 

Durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, Bienestar Familiar avanzó en la transformación de la protección especial para responder de manera más humana, familiar y comunitaria. Entre 2022 y 2026 se fortalecieron servicios orientados a prevenir nuevas vulneraciones, acompañar a las familias, recuperar redes de apoyo y abrir oportunidades educativas y de autonomía para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

El cambio parte de una premisa: proteger no debe significar separar automáticamente. Siempre que sea posible y responda al interés superior de la niñez, la actuación institucional debe contribuir a que las familias recuperen sus capacidades de cuidado y a que las niñas, los niños y los adolescentes puedan permanecer en entornos seguros y afectivos.

Llegar antes para proteger mejor

Los servicios de restablecimiento de derechos avanzaron hacia un enfoque que prioriza sostener, recuperar y fortalecer el cuidado familiar y las redes de apoyo antes de acudir a medidas de separación.

La modalidad de Fortalecimiento Familiar y Redes de Apoyo se consolidó como una primera línea de acompañamiento para niñas, niños y adolescentes con riesgos identificados, incluso en situaciones en las que todavía no se ha abierto un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos.

El propósito es que una dificultad familiar no termine necesariamente en una separación, sino que se convierta en una oportunidad para reconstruir vínculos, fortalecer capacidades de cuidado y recuperar condiciones de protección.

Entre 2022 y 2026, Bienestar Familiar atendió a cerca de 560.000 niñas, niños y adolescentesmediante las modalidades de restablecimiento de derechos. Solo en 2026, con corte al 31 de mayo, 37.911 niñas, niños, adolescentes y personas adultas recibieron atención en estos servicios.

Esta transformación estuvo acompañada por el fortalecimiento financiero de la oferta. Entre 2023 y 2026, los valores de los cupos de los servicios de protección y responsabilidad penal registraron incrementos diferenciales de entre 32 % y 77 %, según las modalidades, con el propósito de mejorar las condiciones de atención y superar el rezago acumulado de estos servicios.

Una protección que también construye proyectos de vida

Para las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes bajo medidas de protección, cuidar también significa abrir oportunidades para estudiar, desarrollar capacidades y construir un proyecto de vida.

Proyecto Sueños se transformó en un programa de inclusión social que articula educación, formación para el trabajo, empleabilidad, emprendimiento, cultura, deporte, participación y preparación para la vida autónoma.

Las matrículas promovidas mediante este programa pasaron de 913 en 2022 a 2.007 en junio de 2026, un incremento del 120 %. Las trayectorias incluyen formación técnico-profesional, tecnológica, universitaria y de posgrado, de acuerdo con los intereses, capacidades y proyectos ocupacionales de adolescentes y jóvenes.

Detrás de cada matrícula hay una historia de protección que no termina con una medida administrativa: continúa con herramientas para estudiar, trabajar, tomar decisiones y construir un futuro con mayor autonomía.

El derecho a crecer en una familia

La adopción continúa siendo una medida de protección para garantizar el derecho a crecer en familia cuando no es posible permanecer con la familia de origen, siempre bajo el principio del interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes.

Entre 2022 y mayo de 2026, 4.080 niñas, niños y adolescentes encontraron una familia mediante el Programa de Adopciones. De ellos, 2.574 tenían características y necesidades especiales, lo que representa cerca del 63 % del total atendido durante el periodo.

La adopción nacional también ganó participación: pasó de representar el 57,4 % en 2022 al 66,4 % en 2026, fortaleciendo la búsqueda de familias colombianas para niñas, niños y adolescentes con declaratoria de adoptabilidad.

Bienestar Familiar avanzó además en la modernización del trámite, la actualización de los documentos técnicos del programa, la búsqueda de orígenes y la cooperación internacional para el restablecimiento de derechos.

Menos institucionalización y más vida en comunidad

La transformación de la protección también avanzó hacia modelos que promueven la inclusión, la autonomía y la participación de las personas con discapacidad.

El servicio Vida en Comunidad busca superar progresivamente los modelos de institucionalización prolongada y promover entornos residenciales más cercanos a la vida cotidiana, con apoyos personalizados, acompañamiento territorial y fortalecimiento de habilidades para la autonomía.

Esta apuesta reconoce que proteger no significa aislar, sino generar condiciones para que las personas participen, decidan, desarrollen vínculos y hagan parte activa de sus comunidades.

Protección para la niñez afectada por el conflicto armado

El Gobierno del Cambio también fortaleció la atención especializada de niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento, uso y utilización en el conflicto armado y la criminalidad.

Entre 2022 y junio de 2026, 1.360 niñas, niños y adolescentes desvinculados recibieron protección y acompañamiento para el restablecimiento de sus derechos y la reparación integral. El 43,1 % tenía pertenencia étnica y el 98 % ingresó al programa entre los 13 y los 17 años.

Las Unidades Regionales de Apoyo aumentaron 47,6 %, al pasar de 21 a 31 equipos, mientras que la estrategia Cuidado Mutuo amplió su operación de 10 a 19 unidades en territorios priorizados.

Una justicia que educa y restaura

Los ingresos al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes disminuyeron 36 % entre 2022 y 2025. Al mismo tiempo, las modalidades no privativas de la libertad aumentaron 65 %, fortaleciendo respuestas como la libertad vigilada, la prestación de servicios a la comunidad y la internación en medio semicerrado.

En 2026, el 63,5 % de los adolescentes fue atendido mediante modalidades no privativas de la libertad, frente a una meta de 64 % para el cuatrienio. Este avance consolida una justicia juvenil restaurativa y pedagógica, orientada a la responsabilización, la reparación del daño, la inclusión social y la construcción de nuevos proyectos de vida.

Un reconocimiento que llegó desde el mundo

La transformación de la protección integral también fue reconocida internacionalmente.

En el índice Out of the Shadows 2026, elaborado por Economist Impact y Together for Girls, Colombia avanzó del puesto 19 que ocupaba en 2022 al octavo lugar entre 60 países. Además, alcanzó el primer lugar mundial en el pilar de prevención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, el octavo lugar en justicia y el tercer mejor puntaje en sanación.

Este resultado no corresponde únicamente a una entidad. Es producto del trabajo articulado del Gobierno nacional, las entidades territoriales, las autoridades administrativas, las familias, las comunidades, las organizaciones sociales y los equipos que diariamente protegen a la niñez.

Un legado que debe continuar

Proteger sin romper vínculos es uno de los legados que el Gobierno del presidente Gustavo Petro entrega al país: una protección menos centrada en la separación y la institucionalización, y más comprometida con las familias, las redes de cuidado, la justicia restaurativa y los proyectos de vida.

Este cambio debe permanecer en la historia de Colombia y continuar fortaleciéndose. Las niñas, los niños y los adolescentes que necesitan protección no pueden volver a ser atendidos únicamente desde la emergencia o después de que el daño haya ocurrido.

El camino que queda trazado exige proteger antes, acompañar mejor y garantizar que cada medida institucional abra una oportunidad para sanar, crecer en familia, ejercer derechos y construir un futuro. Ese es el hito alcanzado y el legado que las próximas administraciones tienen la responsabilidad de preservar y profundizar.

Entre 2022 y 2025, los nacimientos de madres adolescentes en Colombia bajaron un 38 %, al pasar de 98.203 a 60.902 casos, según cifras del DANE. Detrás de esa reducción hay un cambio de fondo: el paso de una atención fragmentada en programas dispersos a una sola estrategia intersectorial —Atrapasueños— construida junto a las comunidades para proteger a niñas, niños y adolescentes en los territorios donde más los amenazan la violencia, el conflicto armado y el abandono estatal.

Hito: de la dispersión a un solo camino

Integramos la oferta institucional para la niñez y la adolescencia —antes repartida en programas que no se hablaban entre sí— en una sola apuesta: la Estrategia Intersectorial Atrapasueños. Pasamos de 5 centros Sacúdete recibidos en 2022 a 36 Casas Atrapasueños dotadas para la atención directa de niñas, niños y adolescentes. Junto con las comunidades y organizaciones de base que sostienen el cuidado en los territorios, desplegamos tres formas de atención —Casas Atrapasueños, Espacios Comunitarios y Experiencias Comunitarias— a través del arte, la cultura, el deporte y la tecnología, para que niñas, niños y adolescentes entre los 6 y los 18 años encuentren un lugar donde soñar, sanar y ser escuchados. Entre 2023 y 2026, la Dirección de Infancias y Adolescencias registró 584.512 atenciones a niñas, niños y adolescentes en el conjunto de sus modalidades.

Legado: territorios que antes solo veían el conflicto, hoy tienen una casa

Dejamos en operación directa 36 Casas Atrapasueños en 23 departamentos y 35 municipios, que entre 2023 y 2026 atendieron a 23.755 niñas, niños y adolescentes. A ellas se suman los Espacios Comunitarios Atrapasueños, que llegaron a 188.167 niñas, niños y adolescentes en 681 municipios, y las Experiencias Comunitarias, que alcanzaron a 168.618 niñas, niños y adolescentes de la mano de 2.119 organizaciones de base articuladas en una red de cuidado y protección en 381 municipios y localidades.

Dejamos 9 casas más en gestión —Buenaventura, Doncello, Fusagasugá, Leticia, Miraflores, San José de Guaviare, Santander de Quilichao, Saravena y Tierralta—, con lo que completar las 45 Casas Atrapasueños proyectadas queda como tarea pendiente para la administración entrante.

Legado: cuidado directo, sin intermediarios

Transformamos el modelo de atención: pasamos de la tercerización a la contratación directa de profesionales por parte de la Dirección de Infancias y Adolescencias —263 en Casas Atrapasueños, 78 en Espacios Comunitarios y 94 en los Centros de Apoyo a la Inclusión—. A la par, fortalecimos el tejido comunitario del cuidado con la articulación de 2.119 organizaciones de base en todo el país, muchas de ellas en zonas rurales dispersas donde antes no llegaba ninguna oferta institucional.

Logro: ningún niño se queda atrás

Los Centros de Apoyo a la Inclusión (CAI) atendieron, entre sus puntos fijos y equipos itinerantes, a niñas, niños y adolescentes con discapacidad en 44 y 104 municipios respectivamente, promoviendo su participación en la familia, la escuela y la comunidad en lugar de su institucionalización.

En La Guajira, el Modelo de Atención Integral (MAI) dirigido al pueblo wayuu llegó a 78.478 niñas, niños y adolescentes entre 2025 y 2026.

Logro: territorios cubiertos, meta cumplida

Llegamos a 877 municipios y/o localidades con atención integral para la promoción y garantía de derechos y la prevención de vulneraciones, y a 385 de los 426 municipios priorizados por el Plan Nacional de Desarrollo, un avance del 90 %. Cumplimos la meta de atención del PND en Atrapasueños con un 96 %. Transformamos también la atención a la población con discapacidad —mayor inclusión, menos barreras y más garantía de derechos— y tejimos una red de prevención comunitaria con organizaciones de base en los territorios y con poblaciones diversas, para el cuidado y la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

Logro: prevención con resultados medibles

Contribuimos a la reducción del trabajo infantil: 67.863 niñas, niños y adolescentes menos en esta situación en 2025, con una disminución de 0,6 puntos porcentuales frente a 2022, y de 1,9 puntos porcentuales en la ruralidad en el mismo periodo.

Un cambio construido entre todos

Cada programa fue una construcción conjunta entre las familias, las comunidades, las organizaciones de base y Bienestar Familiar, con el Gobierno del Cambio garantizando los recursos y la decisión política para sostenerla. El tránsito hacia la contratación directa y el fin de la tercerización no busca protagonismo institucional: cierra el paso a que la protección de la niñez dependa de intermediarios o de favores políticos. Lo alcanzado —38 % menos embarazos adolescentes, miles de niñas y niños que hoy tienen una casa, un espacio o un equipo que los acompaña— es la garantía de un derecho, y es el legado que el Gobierno del Cambio le entrega al país para que siga creciendo.

Con dignidad, cumplimos.

En el espacio, que contó con panelistas de Save the Children, UNICEF Colombia, el Departamento Nacional de Planeación y la Contraloría, Cáceres explicó que la situación presupuestal de la niñez y la adolescencia responde a la manera como el Estado ha funcionado durante décadas y que, por eso, se hace necesaria una reestructuración en la que durante estos cuatro años se registraron avances considerables.

«Si nos paramos sobre el pilar de la deuda y de los servicios, los recursos nunca serán suficientes para el aparato estatal porque eso significa ir metiendo cada vez más a esa bolsa de servicios que son contratados con externos. Es decir, la mirada está enfocada en un servicio y no en garantizar los derechos de la niñez», manifestó la directora de Bienestar Familiar.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro se ocupó de dos grandes derechos fundamentales: la educación y la salud. Cáceres indicó que, para cumplirlos en términos presupuestales, es necesario un enfoque más territorial que poblacional; es decir, que cada territorio tenga una inversión diferenciada de acuerdo con lo que requiere: «Lo que necesita un niño del Amazonas no es lo mismo que necesita uno de Bogotá».

Sin embargo, aclaró que está bien mantener el enfoque poblacional sobre la niñez, pero también se necesita fortalecer el trabajo con el territorio, la familia y la comunidad. «La mirada territorial usada desde la población nos daría un factor diferencial en términos de qué necesitan los niños. Los recursos no son solamente para la niñez, sino para un sistema comunitario de cuidado donde la comunidad entra a trabajar por la garantía de los derechos».

De igual manera, la líder de Bienestar Familiar habló de la importancia de la articulación del Estado frente a las problemáticas de la niñez y de la necesidad de la integralidad de los recursos. «Armar un modelo integrado de presupuestos donde, si lo que estamos combatiendo es una enfermedad, sumemos esfuerzos y no nos desentendamos. Hay que entender que hay cosas que, aunque la competencia no sea directa, sí hay una incumbencia total del Estado», explicó.

En conclusión, cerrar las brechas en la garantía de los derechos de la niñez exige fortalecer el trabajo articulado con las comunidades; comprender la inversión en la niñez como una obligación del Estado y no como un negocio; avanzar hacia un modelo integral de presupuestos que promueva la corresponsabilidad institucional, y adoptar un enfoque territorial que atienda las necesidades de cada niña y niño de acuerdo con su territorio. Estas son algunas de las apuestas que propone la directora de la Entidad frente al estudio presentado.

Entre 2022 y 2025, las muertes por desnutrición aguda en niñas y niños menores de cinco años en Colombia disminuyeron de 404 a 160 casos, lo que representa una reducción del 60,4 %. Asimismo, entre 2022 y 2026, la tasa de mortalidad por esta causa cayó un 59,6 %, resultado del fortalecimiento de la detección temprana, la atención oportuna y la articulación institucional.

Detrás de estos resultados hay una transformación del modelo de atención. El país pasó de responder únicamente cuando la emergencia ya estaba presente a consolidar una estrategia que integra la detección temprana, la atención en salud, el acompañamiento familiar y la recuperación nutricional, construida junto con comunidades que aportan sus conocimientos, prácticas y soluciones propias.

Este modelo se consolidó en los territorios mediante la articulación entre hospitales públicos, comunidades y equipos territoriales. A través de 145 convenios con Empresas Sociales del Estado, el Bienestar Familiar atendió a 214.171 niñas y niños menores de cinco años con riesgo o desnutrición aguda y a mujeres gestantes con malnutrición, en 569 municipios de 30 departamentos.

Como resultado, el 90,2 % de las niñas y los niños atendidos mejoró su estado nutricional. La estrategia priorizó municipios rurales y dispersos como Maicao y Uribia, en La Guajira; Tibú, en el Catatumbo; Tumaco, en Nariño, y Quibdó, en Chocó, territorios históricamente con menor acceso a la respuesta institucional. Allí, mediante 58 Zonas de Recuperación Nutricional y 27 Unidades de Recuperación Nutricional Comunitaria, la recuperación nutricional dejó de depender únicamente de las instituciones para fortalecerse desde las familias y sus propios saberes.

Esta visión también transformó la manera de entender la alimentación. Más allá de la entrega de complementos nutricionales, incorporó alimentos naturales y acordes con las prácticas culturales y alimentarias de cada territorio.

Bienestarina: 50 años y más colombiana que nunca

En 2026, la Bienestarina cumple 50 años de historia y presenta Mi Primera Bienestarina, sabor piña y aguacate, elaborada con un 99 % de materia prima nacional, el porcentaje más alto alcanzado desde su creación.

Este avance hace parte de un proceso iniciado en 2023 con el lanzamiento de Bienestarina Mamá con chontaduro. En 2024 se presentó Bienestarina Más Nuestra con harina de yuca y sacha inchi, la primera elaborada completamente con materias primas nacionales. En 2025 llegó Bienestarina Líquida Mi Tierra con pulpa de mango.

Como resultado de esta apuesta, las compras de materia prima nacional para la producción de Bienestarina pasaron de 3.545 toneladas en 2023 a 6.078 toneladas en 2025, un incremento del 71 %. Paralelamente, la estrategia de Alimentos de Alto Valor Nutricional benefició, en promedio, a 3,1 millones de personas y distribuyó 78.037 toneladas de productos entre agosto de 2022 y mayo de 2026.

El campesinado, reconocido como socio del Estado

La transformación también fortaleció la relación entre el Bienestar Familiar y el campesinado colombiano. Tras el reconocimiento constitucional del campesinado como sujeto de derechos mediante el Acto Legislativo 01 de 2023, la entidad adoptó el Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos mediante la Resolución 7998 del mismo año y creó mesas técnicas nacionales y regionales para incorporar este enfoque en toda su oferta institucional.

Posteriormente, la Resolución 6300 de 2024 fortaleció el otorgamiento de personerías jurídicas a organizaciones campesinas. Solo en 2025 fueron reconocidas 135 organizaciones. Además, por primera vez el Bienestar Familiar incorporó la variable de autorreconocimiento campesino en sus sistemas de información, identificando a 121.962 usuarios de primera infancia que se reconocen como campesinos.

Este reconocimiento también se refleja en las compras públicas y la educación inicial. Las Compras Públicas Locales con organizaciones campesinas pasaron de 144 contratos en 2025 a 197 en 2026, con presencia en 31 regionales, 369 municipios y 92 mercados campesinos.

En materia educativa, la Educación Inicial Campesina acumuló 414.600 atenciones entre 2025 y mayo de 2026 y dio origen al primer modelo propio de educación inicial dirigido al campesinado colombiano «Risas, Raíces y Reconocimiento Campesino», creado mediante la Resolución 5000 de 2025 junto con organizaciones campesinas del Cauca. En un año, esta estrategia pasó de atender 703 a 1.670 usuarios.

Asimismo, mediante la estrategia Tejiendo Interculturalidad, el Bienestar Familiar acompañó a 9.700 familias campesinas entre 2024 y mayo de 2026, con acciones específicas en la región del Catatumbo.

La reducción de las muertes por desnutrición, el fortalecimiento de la Bienestarina con materias primas nacionales y el reconocimiento del campesinado como actor estratégico son el resultado del trabajo conjunto entre familias, comunidades, productores campesinos, pueblos étnicos, hospitales públicos y equipos territoriales.

Con este proceso, el Bienestar Familiar consolidó una política que entiende la alimentación como un derecho humano y que fortalece la prevención, la participación comunitaria y el reconocimiento de los territorios como pilares para garantizar el bienestar de las niñas, los niños y sus familias.

Entre 2022 y 2026, la Subdirección General del Bienestar Familiar lideró una transformación de fondo: pasar de una oferta institucional pensada de manera general, a una construida con las comunidades y ajustada a sus particularidades étnicas, territoriales, de género y de discapacidad. El resultado es una institucionalidad con más herramientas técnicas, más presencia territorial y más capacidad de escuchar antes de responder.

El conocimiento que nace en los territorios y del diálogo con niños, niñas, adolescentes, las familias, líderes tradicionales, comunitarios y sociales.

Reconocimos que los territorios no son solo receptores de servicios, sino productores de conocimiento. Por eso se consolidó el Modelo de Comunidades de Aprendizaje y Fortalecimiento Técnico, construido de manera conjunta con los territorios, con mesas técnicas nacionales y regionales y una Red de Saberes y Conexión Territorial que articula los ámbitos nacional, regional y zonal. El modelo quedó institucionalizado mediante la Resolución 4956 de 2025, trascendiendo el esquema de asistencia técnica y consolidando una forma participativa y flexible de gestionar el conocimiento.

Ese mismo ejercicio permitió rediseñar la oferta misional: se desarrollaron el Lineamiento técnico de atención para el desarrollo integral, el Manual técnico de modalidad integrada, el Manual técnico de modalidad territorios priorizados, y guías operativas específicas para los Centros de Apoyo a la Inclusión, Tejiendo Caminos Sin Fronteras, la atención integral al pueblo wayuu y el Modelo de Atención Integral para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Gonawindúa, entre otras herramientas hoy en desarrollo para emergencias, primera infancia en contextos hospitalarios y espacios de cuidado nocturno.

Un enfoque que reconoce la diversidad del país

Construimos el Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos (MEDD) como eje transversal para que cada respuesta institucional se ajuste a las características de cada población. El modelo agrupa 6 categorías diferenciales, se acompañó técnicamente a las 33 direcciones regionales, y se desarrollaron más de 10 documentos e instrumentos técnicos, 3 memorandos institucionales, una caja de herramientas y un plan institucional para implementar la Ley 2447 de 2025. Como parte de este enfoque, se construyeron 30 herramientas para prevenir violencias basadas en género.

Pueblos étnicos: una atención construida desde la interculturalidad

El Bienestar Familiar fortaleció una atención intercultural construida junto con pueblos indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, que hoy representa a 115 pueblos indígenas y 2,4 millones de personas. En 2024, 162.187 niñas y niños indígenas recibieron atención, 5.632 a través del programa Semillas de Vida, y entre 8.000 y 12.000 mediante el Modelo de Atención Integral de la Sierra Nevada.

Este trabajo se construyó con más de 312 organizaciones comunitarias vinculadas y 9 juntanzas con más de 900 participantes, e incluyó la protocolización de la Política Pública de Infancia y Adolescencia Indígena, el Centro de Atención Integral Indígena del Guaviare, la construcción de un modelo propio para comunidades afrodescendientes, el fortalecimiento de la atención al pueblo emberá, y la incorporación de saberes ancestrales y partería tradicional.

El campo y las fronteras también son territorio de derechos

La Subdirección General consolidó una arquitectura institucional para reconocer al campesinado dentro de las políticas y servicios de la entidad, con 489.543 atenciones acumuladas —412.227 de ellas a través del nuevo modelo—, un 97,8 % de autorreconocimiento campesino, 135 organizaciones campesinas y rurales reconocidas con personería jurídica, 970 familias acompañadas y 1.268 organizaciones participantes (113 de ellas vinculadas específicamente como organizaciones campesinas), a través de modalidades como Educación Inicial Campesina, Risas, Raíces y Reconocimiento Campesino, Mochila Atrapasueños, Tejiendo Interculturalidad, compras públicas locales y 91 mercados campesinos, con 32 ruedas de negocio, 336 acuerdos de compra y $2.115 millones proyectados.

En materia migratoria, el Bienestar Familiar acompañó a 355.589 ciudadanos venezolanos a través de 9 ERAM que atendieron a 9.713 niñas, niños y adolescentes, 2.049 usuarios de Tejiendo Caminos y 2.953 personas de Tejiendo Caminos sin Fronteras, logrando 106 reuniones familiares con la articulación de 20 entidades. La entidad implementó protocolos en 12 aeropuertos, atendió 43 vuelos, y fortaleció a 323 funcionarios, de los cuales 123 quedaron certificados.

El pueblo wayuu, protagonista de su propia atención

Fortalecimos una atención intercultural con el pueblo wayuu basada en la participación comunitaria, a través del Mandato Comunitario y el Observatorio Ayaawataa, con componentes de pervivencia cultural, seguridad alimentaria y cuidado del territorio. Esta apuesta se tradujo en 40 fortalecimientos técnicos con 1.418 participantes, 138 comités técnicos operativos y 29 comités internos de emergencia nutricional.

En paralelo, el Bienestar Familiar desarrolló la primera Encuesta Nacional sobre Alimentación y Nutrición de los Pueblos Indígenas (ENSIN Indígena), construida con la Mesa Permanente de Concertación y en articulación con el DANE, el INS y organizaciones indígenas: desde el inicio de la recolección, el 18 de abril de 2026, con recursos del Convenio FSB 432 por $15.501.140.372, se han visitado 3.070 viviendas, encuestado a 11.323 personas y realizado 4.927 mediciones antropométricas.

Discapacidad y diversidad: derechos sin excepción

Se fortaleció la atención integral para niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad a través de los Centros de Apoyo a la Inclusión, la Estrategia Vida en Comunidad, el Hogar Gestor y la Ruta de Educación Inclusiva, en el marco de la implementación del CONPES Nacional de Discapacidad. El Bienestar Familiar también incorporó al Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos la categoría de orientaciones sexuales e identidades de género diversas (OSIGD), con la incorporación de 5 acciones al CONPES 4147, más de 300 personas fortalecidas y al menos 8 estudios de caso desarrollados junto con organizaciones sociales.

Prevención, salud mental y una atención que integra lo social y lo sanitario

Se fortalecieron las capacidades institucionales para prevenir y atender violencias, a través del Sistema Nacional de Justicia Familiar, las Unidades Locales de Apoyo y el fortalecimiento de las defensorías de Familia. Las Casas Atrapasueños llegaron a 33 en funcionamiento, con 3 nuevas proyectadas, 29 equipos territoriales y 281 profesionales. En salud mental, la entidad desplegó las estrategias Salud Mental y Buen Vivir, Parar para Crear, el Mes del Cuidado de la Salud Mental y #ResuenaLaVida, junto con formación territorial, acompañamiento psicosocial y la construcción de la Política Nacional de Salud Mental. El Bienestar Familiar y el Ministerio de Salud avanzaron, además, en un modelo sociosanitario que integra la atención social y en salud a través de planes individuales de atención, con pilotos en la Fundación Niña María (Albán), el Proyecto Unión (Tocancipá) y Los Álamos (Itagüí).

Memoria, paz y reconciliación desde los territorios

La Subdirección General fortaleció la respuesta territorial en municipios afectados por el conflicto, con cobertura en 170 municipios PDET, 1.249.042 personas atendidas, 356.446 niñas, niños y adolescentes acompañados y 2.916 ingresos a procesos de restablecimiento de derechos, incluyendo la prevención del reclutamiento, la atención mediante unidades móviles, la atención a hijas e hijos de firmantes de paz y la respuesta en el Catatumbo y El Plateado. La estrategia Aquí Crece la Generación para la Paz dejó 165 murales en 96 instituciones educativas y 34 infraestructuras del Bienestar Familiar, con 35 espacios comunitarios, y llegó a 4.125 niñas, niños y adolescentes y 495 docentes.

A 40 años de la tragedia, el Bienestar Familiar desarrolló también un proceso de memoria y reparación simbólica con el informe técnico Memorias vivas de la tragedia socionatural de Armero, círculos de diálogo y entrevistas con sobrevivientes, en articulación con la Fundación Armando Armero, la Registraduría Nacional y el Archivo General de la Nación.

Una gestión que se blinda con transparencia

Se consolidó una estrategia nacional de supervisión a través de la Mesa Nacional de Supervisión, 7 mesas técnicas y la integración de cinco sistemas de información, junto con el curso «Misión Supervisión: ver para proteger». Esta apuesta fortaleció a las 33 regionales, actualizó más de 20 instrumentos técnicos y formó a 3.410 profesionales de apoyo a la supervisión.

En materia de seguimiento y transparencia, el Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación Institucional (SIMEI) hizo seguimiento a 5 indicadores estratégicos, con una participación superior al 70 % en espacios institucionales, la revisión de 1.348 requerimientos, la elaboración de 3 informes de ley y la revisión de 11 informes institucionales. También se apoyó en la ruta de las auditorías forenses, los tamizajes a personas jurídica y naturales previo a la contratación misional con el equipo Anticorrupción y de Transparencia del Bienestar Familiar.

Un legado con las comunidades en el centro

El principal legado de estos cuatro años es una institucionalidad con mayores capacidades para responder a las realidades de niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades en todo el país: una gestión del conocimiento que reconoce a los territorios como productores de saber, un enfoque diferencial convertido en herramientas concretas, y una atención a víctimas y construcción de paz que no se quedó en el papel. El Gobierno del Cambio fortaleció las condiciones y los recursos para que esta transformación llegara a los territorios históricamente más alejados del Estado, junto con las comunidades que la hicieron posible. Gratitud plena con todas y todos. Con dignidad, cumplimos.

Fuente: V6 - Empalme con el Pueblo – Subdirección General del ICBF, julio de 2026.

Una niña o un niño no crece solamente con servicios: crece rodeado de vínculos, historias, afectos y comunidades que pueden convertirse en su primera red de protección. Bajo esa idea, el Bienestar Familiar superó en 55 % la meta de familias acompañadas durante el cuatrienio, y transformó de fondo la manera de llegar a ellas: pasó de diseñar respuestas institucionales desde afuera a construir procesos junto con quienes conocen sus territorios y sus propias formas de cuidado.

El cuidado también se construye desde el territorio

Colombia es un país de muchas formas de ser familia y de muchas maneras de cuidar. Por eso, el acompañamiento avanzó hacia una mirada que reconoce la diversidad cultural, étnica y territorial del país, pasando de hablar de «familia y comunidad» a reconocer a familias, comunidades y pueblos como sujetos con saberes, historias y capacidades propias. Este cambio permitió fortalecer procesos con pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, raizales, palenqueras, Rrom y campesinas, desde el diálogo de saberes y el reconocimiento de sus formas propias de organización y cuidado.

Cuando las familias se fortalecen, niñas y niños tienen más protección

La prevención empieza antes de que exista una vulneración. A través de «Somos Familia, Somos Comunidad» se fortalecieron capacidades familiares y comunitarias para mejorar la convivencia, crear redes de apoyo, resolver conflictos y promover entornos protectores para niñas, niños y adolescentes. Este servicio llegó a 170 municipios, con acompañamiento a 19.348 familias y 62.847 personas usuarias en todo el país. Las comunidades no recibieron una respuesta ya construida: participaron en la identificación de sus necesidades y en la creación de iniciativas para fortalecer el cuidado colectivo.

Los pueblos como protagonistas de sus propios caminos

En los territorios étnicos y campesinos, la protección de la niñez también pasa por cuidar la cultura, la memoria, la identidad y las formas propias de vivir. Con «Tejiendo Interculturalidad», las comunidades construyeron procesos desde sus propios saberes y prioridades: el servicio llegó a 23.782 familias (54.330 personas usuarias), en 861 comunidades de 150 municipios. La apuesta permitió que el Estado llegara a los territorios no para reemplazar las voces comunitarias, sino para acompañarlas y fortalecer sus capacidades.

Llegar antes: acompañar para prevenir

Otra transformación fue fortalecer la presencia cercana para acompañar a las familias antes de que las dificultades escalen. El servicio «Presencia para la Convivencia y el Fortalecimiento de Vínculos Familiares y Comunitarios», que incluye acciones afirmativas diferenciales, atendió a 9.159 familias en todo el país.

Familias migrantes también hacen parte del cuidado

En La Guajira, el servicio «Tejiendo Caminos sin Fronteras» fortaleció la atención a población migrante y comunidades de acogida, promoviendo integración social, convivencia y acceso a derechos. Actualmente acompaña a 1.042 familias migrantes en Maicao.

Estas transformaciones son resultado de las familias, comunidades, pueblos étnicos, comunidades campesinas, organizaciones de base y redes de cuidado que durante años han protegido a niñas, niños y adolescentes en Colombia. El Bienestar Familiar acompañó este camino con presencia técnica y territorial, y el Gobierno del Cambio fortaleció las condiciones y los recursos para que el cuidado que ya existía en los territorios se reconociera, creciera y llegara a más comunidades. Ese reconocimiento —convertir en política pública lo que las familias y los pueblos ya sabían hacer— es el legado que este gobierno le entrega al país, y la garantía que debe seguir creciendo para que la protección de niñas, niños y adolescentes continúe siendo, siempre, un derecho de la niñez colombiana.

Fuente: Presentación de la Directora General, Bienestar Familiar, 15 de julio de 2026 (diapositivas 53-55).

Con dignidad, cumplimos.

En el marco de las mesas técnicas de Empalme ante el Pueblo, el Bienestar Familiar realizó la jornada dedicada al Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), con la participación de organizaciones de la sociedad civil, entidades que integran el Comité Ejecutivo del SNBF y organismos de cooperación internacional.

En el desarrollo de la mesa técnica se destacó como uno de los principales legados la modernización del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, materializada mediante la nueva estructura creada por el Decreto 1430 de 2025, que fortaleció la articulación de las autoridades administrativas, la coordinación del Observatorio del Bienestar de la Niñez, y la creación de un equipo de seguimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño,  junto a la generación de conocimiento para orientar la toma de decisiones públicas.

Asimismo, se presentaron los avances alcanzados en la articulación territorial, con el acompañamiento técnico a más de 5.500 instancias del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, la incorporación de la niñez en 1.133 planes de desarrollo territorial, el fortalecimiento de las mesas de participación de niñas, niños y adolescentes, la formulación de 4.947 iniciativas por parte de esta población y la consolidación de mecanismos interinstitucionales para la prevención y atención integral de las violencias. 

En materia institucional, también se resaltaron los avances en el fortalecimiento de las defensorías de Familia, con la creación de 113 nuevas defensorías, la ampliación de la planta de personal y el fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios, así como la implementación del Sistema Nacional de Justicia Familiar para ampliar la capacidad de respuesta del Estado frente a la garantía y el restablecimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

La directora general del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, destacó que el principal legado de este proceso es haber consolidado un Sistema capaz de trascender los periodos de gobierno y fortalecer la acción conjunta del Estado.

«El legado más importante que dejamos es un Sistema Nacional de Bienestar Familiar más fuerte. La garantía de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes no depende de una sola entidad; depende de la capacidad del Estado para actuar de manera articulada, llegar a los territorios y mantener estas políticas como un compromiso permanente del país. La protección integral solo será posible si este Sistema continúa fortaleciéndose como una política de Estado», señaló la directora general.

Por su parte, el director del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, Julián Moreno Parra, afirmó que la transformación institucional alcanzada durante el cuatrienio constituye una base sólida para fortalecer la coordinación de las políticas públicas de niñez y familia.

«La modernización del Sistema Nacional de Bienestar Familiar constituye uno de los principales legados de esta administración. Hoy el país cuenta con una institucionalidad más sólida, con mayores capacidades para articular las políticas de niñez y familia, fortalecer las autoridades administrativas, generar conocimiento para la toma de decisiones y acompañar a los territorios en la garantía efectiva de los derechos de niñas, niños, adolescentes y familias», afirmó el director Moreno Parra.

Finalmente, la subdirectora de Articulación Nacional, Natalia Quiñones, resaltó que el fortalecimiento del Sistema también se refleja en una mayor capacidad para coordinar la acción del Estado desde los territorios y producir conocimiento útil para la formulación y el seguimiento de las políticas públicas.

«Durante estos cuatro años fortalecimos la articulación entre la Nación y los territorios para que las políticas públicas llegaran con mayor capacidad de respuesta a las comunidades. Hoy contamos con herramientas como el Observatorio del Bienestar de la Niñez, el Sistema Único de Información de la Niñez (SUIN) y el seguimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño, que fortalecen la gestión del conocimiento y permiten tomar decisiones basadas en evidencia para garantizar los derechos de la niñez». 

Durante la jornada también se presentaron los avances del Observatorio del Bienestar de la Niñez, que ha consolidado la producción de información estratégica mediante boletines, tableros territoriales y análisis especializados, así como el desarrollo de herramientas para el seguimiento al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuya integración al Sistema Único de Información de la Niñez (SUIN) fortalecerá la toma de decisiones y el monitoreo de las políticas públicas en favor de la niñez. 

Con las Mesas Técnicas de Empalme ante el Pueblo, el Gobierno del Cambio entrega a la ciudadanía, a las organizaciones de la sociedad civil, a las entidades que integran el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y a los organismos de cooperación internacional una hoja de ruta construida a partir de los principales avances alcanzados durante el cuatrienio, con el propósito de dar continuidad al fortalecimiento del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y de las políticas públicas orientadas a garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y familias.