Riohacha

En el auditorio de la Regional La Guajira del Bienestar Familiar fueron presentados los resultados y la estructura del informe de la Comisión Asesora Científica de La Guajira, instancia creada para estudiar las causas estructurales de la desnutrición infantil en el departamento, en cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional y del Auto 1290 de 2023. 

 

El encuentro contó con la participación de comisionados étnicos wayuu y afrodescendientes, agentes territoriales del Sistema Nacional de Bienestar Familiar líderes y lideresas comunitarias, quienes conocieron los principales hallazgos de este proceso investigativo, desarrollado desde un enfoque interdisciplinario, intercultural y participativo. 

 

«Cuando llegamos a La Guajira entendimos que, si queríamos obtener resultados distintos, debíamos hacer las cosas de manera diferente. Nos dejamos orientar por las comunidades para comprender su cultura, porque la desnutrición no puede analizarse solo desde la alimentación, sino desde los determinantes sociales, culturales y territoriales que afectan la vida del pueblo wayuu y de las comunidades afroguajiras», afirmó Astrid Cáceres Cárdenas, directora general del Bienestar Familiar. 

 

La Comisión Asesora Científica destacó que la desnutrición infantil en La Guajira es la manifestación de un entramado estructural de exclusión social, racial, territorial y económica. En este sentido, el informe plantea que la crisis nutricional no puede explicarse únicamente por la falta de alimentos o por condiciones sanitarias inmediatas, sino por la interacción de factores históricos como la pobreza estructural, el acceso limitado al agua, las barreras en salud, la fragmentación del territorio ancestral, el debilitamiento de sistemas tradicionales de cuidado, el cambio climático, el racismo estructural y los impactos del modelo extractivista en el territorio. 

 

Uno de los aportes centrales del informe es el reconocimiento de las voces comunitarias como evidencia válida para comprender la crisis. El proceso incorporó testimonios de niñas, niños, madres cuidadoras, parteras, sabedores, autoridades tradicionales, líderes comunitarios y representantes afroguajiros, con el propósito de articular el conocimiento científico con los saberes territoriales y las experiencias de las comunidades. 

 

«El cuerpo infantil refleja la sequía del entorno. No se puede sanar el cuerpo si el territorio que sostiene la vida permanece enfermo», señaló Iliana Curiel Arismendy, comisionada wayuu. 

 

El documento también advierte que los modelos de desarrollo extractivista implementados en La Guajira han configurado un determinante estructural de la pobreza y de la desnutrición infantil, al incidir en procesos de despojo, fragmentación y transformación del territorio ancestral, especialmente en la Alta y Media Guajira. Estas dinámicas han afectado los sistemas productivos tradicionales, el acceso al agua, la movilidad territorial, las prácticas alimentarias propias y las redes comunitarias de cuidado. 

 

En relación con el pueblo wayuu, el informe señala que la pérdida progresiva del calendario alimentario tradicional, la erosión de saberes ancestrales, la ruptura de redes de parentesco y cuidado, y la transición de una economía de soberanía hacia una economía del rebusque han generado nuevas formas de vulnerabilidad para niñas, niños, mujeres gestantes y familias. 

 

Así mismo, la Comisión visibiliza la situación del pueblo afroguajiro, históricamente poco reconocido en los análisis sobre La Guajira. El informe evidencia que las comunidades afrodescendientes también enfrentan desigualdades estructurales relacionadas con el subregistro estadístico, la inseguridad alimentaria, el déficit habitacional, el acceso limitado al agua, la informalidad laboral, la degradación ambiental y la invisibilización de sus sistemas de cuidado, medicina tradicional y saberes comunitarios. 

 

Entre las recomendaciones entregadas por la Comisión al Estado colombiano se destacan la protección jurídica de los cuerpos de agua; la contención jurídica frente a megaproyectos que puedan afectar fuentes hídricas y territorios vitales; la recuperación y preservación de calendarios agrícolas y alimentarios propios; el fortalecimiento de la soberanía alimentaria; la implementación efectiva de un modelo de salud propio e intercultural; y la incorporación de un enfoque étnico-cultural y de derechos colectivos en los indicadores de seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017. 
 

La Comisión también recomienda reconocer al pueblo wayuu como sujeto colectivo de derechos, con formas propias de organización social, sistemas familiares extensos, autoridades tradicionales, movilidad territorial, prácticas alimentarias y lógicas comunitarias de cuidado. Esto implica garantizar la pertinencia cultural de las intervenciones, la participación efectiva de autoridades tradicionales, palabreros, liderazgos comunitarios, mujeres cuidadoras, niñas, niños y adolescentes, así como el uso de la lengua wayuunaiki y el respeto por los tiempos y modos de relacionamiento propios del territorio. 

 

El informe plantea, además, que superar el Estado de Cosas Inconstitucional declarado por la Corte Constitucional exige pasar de respuestas asistencialistas y fragmentadas a transformaciones estructurales sostenidas, centradas en el territorio, el agua, la soberanía alimentaria, la justicia social, el reconocimiento de los saberes ancestrales y la garantía integral de derechos. 

 

Con este estudio, la Comisión Asesora Científica entrega al país un insumo estratégico para orientar decisiones públicas, fortalecer la articulación institucional y avanzar hacia respuestas integrales que reconozcan la dignidad, la cultura y los derechos de niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades de La Guajira. 

 

El informe puede ser consultado en la página web delSistema Único de Información de la Niñez (SUIN) del ICBF. 

(fin/scs/oam) 

Bienestar Familiar dio inicio a las mesas técnicas de empalme, un ejercicio de transparencia en el que la directora general, Astrid Cáceres, junto al equipo directivo, organizaciones sindicales, servidores públicos y ciudadanía, presentó los principales resultados de la gestión desarrollada entre 2022 y 2026 y la hoja de ruta para garantizar la continuidad de las acciones en favor de las niñas, niños, adolescentes y familias del país.

Durante la primera jornada se destacó que Colombia pasó del puesto 11 al puesto 8 en indicadores internacionales relacionados con la protección de la niñez. Asimismo, se presentó la reducción del 38,3 % del embarazo adolescente, el fortalecimiento de las acciones para prevenir las violencias contra niñas, niños y adolescentes y la aprobación de la ley que prohíbe el matrimonio infantil.

En materia institucional, la entidad expuso la reorganización de su estructura para fortalecer la presencia territorial, la separación de las funciones de las defensorías de Familia de la operación de los servicios de protección, el incremento de la planta de personal de 8.856 a 11.652 servidores, la vinculación de 2.353 madres comunitarias como trabajadoras oficiales del Estado y la creación de nuevas áreas estratégicas en nutrición, familias, comunidades, prevención y primera infancia.

La directora también presentó el fortalecimiento de la infraestructura institucional, con un incremento del 154 % en la inversión para la intervención de sedes administrativas y unidades de servicio, permitiendo mejorar 358 sedes y fortalecer la capacidad de atención en diferentes regiones del país.

«Abrimos la contratación para que las organizaciones de los territorios pudieran participar en igualdad de condiciones, sin bajar los requisitos de calidad. Hoy el 74 % de la operación de los servicios está en manos de organizaciones de base territorial, fortaleciendo la presencia institucional en todo el país», afirmó la directora general de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres.

Las mesas técnicas de empalme continuarán durante los próximos días con sesiones dedicadas a profundizar en temas como contratación, infraestructura, nutrición, primera infancia, protección, fortalecimiento institucional, presupuesto y Sistema Nacional de Bienestar Familiar, con el propósito de entregar de manera abierta los resultados de la gestión y los procesos que servirán como base para la transición institucional.

Como parte del compromiso del Gobierno del Cambio con la garantía de derechos de la niñez y las familias en los territorios con mayores desafíos sociales, el Bienestar Familiar continúa consolidando procesos de acompañamiento familiar y comunitario en La Guajira, uno de los departamentos priorizados para fortalecer la protección integral y la atención de la población migrante y de las comunidades de acogida.

En el asentamiento La Pista, en Maicao, el Instituto desarrolló, junto a Cine Colombia, Colgate y la Policía Nacional una jornada cultural, recreativa y pedagógica con niñas, niños, adolescentes y familias vinculadas al servicio «Tejiendo Caminos Sin Fronteras», una estrategia que demuestra cómo la articulación entre el Estado, la comunidad y los aliados permite construir entornos seguros, protectores y participativos.

Más allá de una actividad comunitaria, este encuentro refleja un proceso que permanece en el territorio: el acompañamiento a las familias para fortalecer vínculos afectivos, prevenir violencias, promover el bienestar psicosocial, impulsar la integración social y garantizar que niñas, niños y adolescentes crezcan en espacios donde sean cuidados y escuchados.

Actualmente, Bienestar Familiar hace presencia en los asentamientos La Pista, La Voz que Clama, Impacto de Dios, Agua Viva y Nueva Esperanza, donde 21 Unidades de Acompañamiento Familiar y Comunitario, conformadas por profesionales psicosociales, talento humano en salud, nutrición y gestores comunitarios, acompañan a 1.042 familias y 2.972 personas usuarias, entre ellas 1.496 niñas, niños y adolescentes.

El asentamiento La Pista concentra la mayor cobertura del servicio, con 866 familias y 2.498 personas usuarias, lo que lo convierte en un ejemplo del trabajo territorial que adelanta la entidad para acercar la oferta institucional a las comunidades.

Los resultados de este acompañamiento se reflejan en historias como la de Bélgica Hernández, madre participante del servicio y lideresa comunitaria, quien asegura que el proceso fortaleció su relación familiar y comunitaria. «Este proceso me ha ayudado a cambiar mi actitud. Hoy me relaciono mejor con mi hijo, con mi familia y con la comunidad», expresó.

Las niñas y niños también han encontrado en este proceso espacios de confianza y aprendizaje. Para Darliana, usuaria del servicio, el acompañamiento del equipo profesional hace parte de su vida cotidiana: «Los profes son muy chéveres. Van a mi casa, nos enseñan a hacerle caso a mi mamá y a ayudar en los oficios. Hoy estoy feliz porque vamos a ver una película y a compartir con mis profesores y mis amigos».

Durante la jornada, Cine Colombia llegó con su estrategia «Ruta 90», acercando experiencias culturales a las familias y fortaleciendo los lazos comunitarios a través del cine al aire libre. Mediante la campaña «Dr. Muelitas», Colgate promovió hábitos de higiene oral y entregó 771 kits de cuidado dental a niñas, niños y familias participantes. Y la Policía de Infancia y Adolescencia acompañó el espacio con actividades orientadas a fortalecer la convivencia, la integración familiar y el aprovechamiento del tiempo libre.

Con estas acciones, el Bienestar Familiar reafirma su compromiso de dejar capacidades instaladas en los territorios y avanzar hacia una atención más cercana, humana y comunitaria, donde la protección de niñas, niños y adolescentes se construye junto con las familias y las comunidades.

(fin/scs/aas)

Con el fin de proteger y garantizar los derechos de la niñez, el Bienestar Familiar realizó con éxito la reunificación familiar de dos niñas y un niño, de 5, 7 y 9 años, quienes fueron reintegrados con dos personas de su familia extensa por línea materna en el sector de La Raya, corregimiento de Paraguachón, en el departamento de La Guajira.

Los menores de edad habían sido vinculados al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) hace más de un año, luego de ser identificados en situación de calle y mendicidad, expuestos a condiciones de riesgo social y sin las garantías necesarias para el ejercicio pleno de sus derechos.

Como medida de protección, inicialmente fueron ubicados en un Centro de Emergencia y, posteriormente, en hogares sustitutos bajo la modalidad de acogimiento familiar, donde recibieron atención integral mientras la Defensoría de Familia adelantaba las actuaciones correspondientes para definir la medida más favorable para el restablecimiento de sus derechos.

Durante el proceso, dos familiares con vínculo de tíos maternos manifestaron su voluntad de asumir el cuidado de los niños. Tras la valoración realizada por el equipo interdisciplinario del Bienestar Familiar, que incluyó estudios psicosociales para verificar su idoneidad y capacidad de garantizar un entorno protector, se determinó que reunían las condiciones para asumir su cuidado.

Previo a la reunificación, Bienestar Familiar desarrolló un proceso de preparación para el reintegro familiar, mediante llamadas, audios y videollamadas que permitieron fortalecer los vínculos afectivos y generar confianza entre los niños y sus familiares, favoreciendo una transición segura y respetuosa de sus necesidades emocionales.

«Hoy me siento muy feliz. Después de todo el proceso, por fin podemos tenerlos nuevamente con nosotros. Es una alegría muy grande para toda la familia», expresó Belky Oquendo, tía materna de los niños.

La directora regional encargada, Yeleidys Bulla Berrios, destacó que «cada reunificación familiar representa la recuperación del derecho de una niña o un niño a crecer en un entorno protector. Nuestro compromiso es acompañar estos procesos con el rigor técnico y el enfoque de protección que garantizan su bienestar y desarrollo integral».

Estos resultados han sido posibles gracias al trabajo articulado entre la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Red Prodepaz, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC Colombia) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), una alianza que ha permitido fortalecer los mecanismos de búsqueda, localización, acompañamiento y reunificación familiar.

Gracias a este esfuerzo conjunto, a la fecha se han logrado más de 120 reunificaciones de niñas, niños y adolescentes con sus familias, reafirmando el compromiso de las entidades por garantizar su derecho a crecer en un entorno familiar protector.

(fin/scs/aas)

Desde el momento en que se conoció la situación, un equipo de la Defensoría de Familia activó la ruta de atención para verificar las condiciones de salud, protección y bienestar de las niñas y los niños, así como de sus familias, en articulación con las autoridades competentes.

Actualmente, cinco de los siete menores de edad se encuentran bajo protección de Bienestar Familiar. Cuatro fueron ubicados en un centro transitorio y uno en un hogar sustituto, mientras que los otros dos permanecen recibiendo atención médica en una clínica de Riohacha, con acompañamiento permanente del equipo interdisciplinario de Defensoría de Familia.

Bienestar Familiar continuará realizando el seguimiento psicosocial, familiar y jurídico necesario, conforme a su misionalidad de proteger y restablecer los derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente cuando se encuentran en situaciones de amenaza, vulneración o riesgo.

El Instituto reitera su compromiso con la protección integral de la niñez y la adolescencia en La Guajira, así como con el acompañamiento respetuoso y diferencial a las familias y comunidades indígenas wayuu.

Colombia continúa avanzando en la reducción de la mortalidad infantil por desnutrición asociada a embarazos a temprana edad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, en la actualidad, el país registra una disminución cercana al 60 % en estos fallecimientos, mientras que más de 180.000 niñas y niños con desnutrición han recibido atención integral gracias a los programas  implementados por Bienestar Familiar junto con comunidades, autoridades tradicionales y equipos territoriales.

Como parte de este trabajo, Bienestar Familiar anunció el fortalecimiento del Servicio Integrado de Atención y Prevención de la Desnutrición, una estrategia que ahora incluye a las madres gestantes y lactantes menores de 18 años, independientemente de si presentan o no condiciones de malnutrición.

El anuncio fue realizado por el director de Nutrición de Bienestar Familiar, Salvador Rincón, durante un recorrido por los Centros de Recuperación Nutricional Comunitarios de La Guajira, donde destacó la necesidad de intervenir de manera temprana los embarazos adolescentes para prevenir riesgos que pueden afectar el desarrollo de niñas y niños desde la gestación.

«Estamos apuntándole a disminuir ese 22 % de fallecimientos por desnutrición que en el país se registran en embarazos de menores de 18 años», afirmó el director, al explicar que la evidencia ha permitido identificar que la inmadurez biológica propia de la adolescencia puede generar condiciones como el retardo del crecimiento intrauterino y otras afectaciones que aumentan la vulnerabilidad nutricional de niñas y niños.

Con esta decisión, las gestantes y lactantes adolescentes podrán acceder oportunamente al Servicio Integrado de Atención y Prevención de la Desnutrición, mediante el acompañamiento de profesionales en nutrición, enfermería y atención psicosocial, fortaleciendo la protección de la madre, el bebé y su entorno familiar desde las primeras etapas de vida.

Es importante recordar que el servicio también contempla el seguimiento de las familias en sus comunidades, incluso después de los procesos de recuperación nutricional. A través de los equipos territoriales, Bienestar Familiar continuará acompañando a los hogares para promover prácticas de cuidado, alimentación y protección que contribuyan al bienestar de niñas y niños.

Además, las familias continúan recibiendo apoyos alimentarios orientados a fortalecer las condiciones nutricionales del hogar, como parte de una atención integral que reconoce que la recuperación y prevención de la desnutrición requiere respuestas que involucren a todo el entorno familiar.

La inclusión de madres menores de 18 años en el Servicio Integrado de Atención y Prevención de la Desnutrición refleja la voluntad del Gobierno del Cambio de fortalecer las acciones para la protección integral de la primera infancia y la prevención de la desnutrición, ampliando la atención a poblaciones con mayores factores de riesgo y consolidando, junto con comunidades, autoridades tradicionales, líderes comunitarios, madres cuidadoras y equipos interdisciplinarios, una red de protección que continúa salvando vidas y generando mejores oportunidades para niñas y niños en territorios como La Guajira.

(fin/scs/aas)

Durante el espacio niñas, niños y adolescentes reflexionaron sobre las ocho realizaciones de la política pública de infancia y adolescencia: familias y redes de cuidado, salud y alimentación, educación y formación, identidad y diversidad; deporte, arte y cultura; participación, protección y autoprotección, y sexualidad y autonomía.

A través de metodologías participativas y adaptadas, las y los participantes compartieron cómo perciben estas realizaciones en sus entornos y construyeron propuestas orientadas a fortalecer la integración, la participación, la protección y el bienestar de la niñez migrante.

«Mi propuesta para tener una buena salud sexual, reproductiva y autonomía es que nosotros como jóvenes aprendamos a tomar nuestras propias decisiones; que nadie puede tocar nuestro cuerpo porque es nuestro y saber prevenir a través de los métodos anticonceptivos», expresó Fraidelimar, una de las adolescentes participantes. Por su parte, Estefany señaló: «Yo propongo que ningún niño pase hambre y que todos puedan estudiar».

El propósito de este ciclo deliberativo fue generar un diálogo participativo para identificar los principales desafíos, riesgos, necesidades y oportunidades que enfrentan niñas, niños y adolescentes en contextos de migración internacional, permitiendo que sus perspectivas y recomendaciones sean tenidas en cuenta en la formulación del CONPES Migratorio 2026–2036.

La jornada fue liderada por el Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, coliderada por Bienestar Familiar, y contó con el apoyo del Ministerio de Igualdad y Equidad y la Gobernación de La Guajira, en articulación con entidades del orden nacional y territorial.

Con este ejercicio, Bienestar Familiar continúa fortaleciendo espacios donde la niñez y adolescencia participan activamente en las decisiones que impactan sus vidas, promoviendo entornos de escucha, reconocimiento y garantía de derechos.

Como parte de las acciones orientadas a fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes wayuu, Bienestar Familiar hace parte de las entidades públicas que aportan información al Sistema de Información Wayuu, una herramienta digital liderada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), creada en cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional.

Este sistema reúne y organiza información sobre diferentes aspectos del territorio wayuu en los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha, permitiendo conocer datos relacionados con agua potable, seguridad alimentaria, salud, movilidad y acciones institucionales desarrolladas en el territorio.

A través de herramientas como el geovisor, un mapa digital interactivo, las comunidades y entidades pueden ubicar servicios, acciones y puntos de atención en el territorio. Allí, Bienestar Familiar aporta información estratégica sobre puntos de servicio de protección integral, unidades de atención a la primera infancia, modelos de atención integral, unidades móviles interdisciplinarias, espacios donde se desarrollan estrategias dirigidas a niñas, niños, adolescentes, mujeres gestantes, madres lactantes y familias indígenas, así como los Territorios de Respuesta Integral priorizados para fortalecer la atención y respuesta institucional en los municipios definidos por la Sentencia T-302 de 2017.

Asimismo, el sistema incluye información sobre unidades de servicio orientadas a la atención de situaciones que ponen en riesgo el estado nutricional de niñas, niños y mujeres en periodo de gestación o lactancia.

Además del geovisor, el Sistema de Información Wayuu cuenta con un tablero de datos que presenta gráficas e indicadores organizados por derechos y temáticas, y un espacio denominado «Avances en el territorio», donde las entidades reportan acciones desarrolladas en beneficio de las comunidades.

La plataforma está disponible de manera gratuita y no requiere registro. Puede consultarse desde celulares, tabletas o computadores ingresando a DANE Colombia y accediendo al ícono del Sistema de Información Wayuu ubicado en la página principal.

Observa el video aquí y conoce los detalles.

(fin/scs/oam)

Durante la atención se realizaron acciones de acompañamiento psicosocial, seguimiento nutricional, orientación familiar, remisiones institucionales y entrega de alimentos de alto valor nutricional como la Bienestarina, con el propósito de fortalecer la garantía de derechos y contribuir al bienestar de las comunidades priorizadas del territorio.

La jornada se desarrolló junto a entidades del orden nacional y territorial, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, y contó con la participación de la Procuraduría General de la Nación, facilitando el acceso de las familias a servicios de salud, educación, identificación y afiliación al sistema de seguridad social. 

Asimismo, los equipos interdisciplinarios desarrollaron espacios de orientación sobre entornos protectores, derechos de niñas, niños y adolescentes, corresponsabilidad institucional y recomendaciones sobre alimentación balanceada. 

La atención permitió acompañar a 532 personas, entre ellas mujeres gestantes, madres lactantes, niñas, niños y adolescentes, reafirmando el compromiso institucional de llegar oportunamente a las comunidades más apartadas y fortalecer la presencia del Estado en el territorio.

Durante la jornada se entregaron 330 bolsas de Bienestarina Más Nuestra®️ de 900 gramos, 46 bolsas de Bienestarina Mamá®️ con Chontaduro y 22 cajas de Bienestarina Líquida, equivalentes a 792 unidades de 200 mililitros.

Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno del Cambio con la atención integral de la niñez y las familias en La Guajira, priorizando el trabajo cercano con las comunidades, el diálogo territorial y la articulación institucional para contribuir al bienestar y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes wayuu. 

Con dignidad, cumplimos.

(fin/scs/oam)

A la fecha, ya se han entregado 2.183 canastas alimentarias en los municipios de Maicao, Riohacha, San Juan del Cesar, Fonseca y Uribia, beneficiando a familias priorizadas del territorio. Asimismo, se proyecta la entrega de las 1.056 raciones restantes en los municipios de Albania y Manaure, una vez se definan las fechas de distribución.

Las canastas están compuestas por alimentos de diferentes grupos nutricionales, entre ellos cereales, raíces, tubérculos, plátanos, frutas, verduras, lácteos, proteínas, grasas y azúcares, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional de niñas, niños y sus familias.

Estas acciones reflejan la articulación interinstitucional para continuar acercando respuestas integrales a las comunidades más vulnerables del departamento, priorizando la atención de la niñez, la prevención de la desnutrición y el bienestar de las familias en los territorios.

(fin/scs/aas)