Esta concepción ha permitido que se oriente la atención integral a la primera infancia y su relación con la forma de comprender a las niñas y niños en este ciclo vital, su desarrollo y el papel que cumple el Estado en los diferentes entornos donde transcurren sus vidas. Por eso la política «De Cero a Siempre» cambió la forma de atender a la primera infancia y ubicó al menor de edad de 0 a 6 años en el centro de sus acciones para generar cambios en su vida y promover su desarrollo integral.
En este escenario también vale la pena destacar la Política Nacional de Infancia y Adolescencia que tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y del compromiso del Estado en generar las condiciones sociales, humanas y materiales que se requieran para favorecerlo. Esta misión se logra a través del reconocimiento de los menores de edad como sujetos prevalentes de derechos sobre quienes recaen las acciones estatales para lograr su realización como seres humanos.
En esta lógica, las políticas públicas que implementa el Estado para beneficiar a las niñas, niños y adolescentes se construyen a partir de las necesidades que tienen los menores de edad. Por eso, su formulación se define teniendo en cuenta aspectos de tipo social y humano.
Por otra parte, para lograr el reconocimiento de los menores de edad como sujetos de derechos, el Estado es responsable de definir las políticas públicas destinadas para ellos con un enfoque que se deriva de la concepción del ser humano integral y holístico, y cuya finalidad esencial es la de proteger los derechos, indispensables para el desarrollo integral de cada individuo.
Vale la pena resaltar que en la construcción de las políticas públicas que benefician a las niñas, niños y adolescentes está incluido el concepto de «autonomía» en tres niveles: autonomía funcional del individuo en sus capacidades cognitivas, motoras, sensoriales y relacionales, entre otras; autonomía social y económica que implica la capacidad del individuo de interactuar de manera positiva y constructiva con la oferta institucional para forjar su proyecto de vida; y la autonomía política como sujeto.
Finalmente, para la construcción de las políticas públicas se tienen en cuenta los derechos que comprenden los principios universales, el reconocimiento del compromiso estatal de la garantía y el carácter integral de los seres humanos en lo individual y colectivo, atendiendo a sus capacidades de desarrollo. Allí, tanto la niñez como la adolescencia deben ser reconocidas con la promoción de su desarrollo integral y la prevención de la vulneración de sus derechos de la que hace parte la garantía y su restablecimiento.
En este escenario también vale la pena destacar la Política Nacional de Infancia y Adolescencia que tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y del compromiso del Estado en generar las condiciones sociales, humanas y materiales que se requieran para favorecerlo. Esta misión se logra a través del reconocimiento de los menores de edad como sujetos prevalentes de derechos sobre quienes recaen las acciones estatales para lograr su realización como seres humanos.
En esta lógica, las políticas públicas que implementa el Estado para beneficiar a las niñas, niños y adolescentes se construyen a partir de las necesidades que tienen los menores de edad. Por eso, su formulación se define teniendo en cuenta aspectos de tipo social y humano.
Por otra parte, para lograr el reconocimiento de los menores de edad como sujetos de derechos, el Estado es responsable de definir las políticas públicas destinadas para ellos con un enfoque que se deriva de la concepción del ser humano integral y holístico, y cuya finalidad esencial es la de proteger los derechos, indispensables para el desarrollo integral de cada individuo.
Vale la pena resaltar que en la construcción de las políticas públicas que benefician a las niñas, niños y adolescentes está incluido el concepto de «autonomía» en tres niveles: autonomía funcional del individuo en sus capacidades cognitivas, motoras, sensoriales y relacionales, entre otras; autonomía social y económica que implica la capacidad del individuo de interactuar de manera positiva y constructiva con la oferta institucional para forjar su proyecto de vida; y la autonomía política como sujeto.
Finalmente, para la construcción de las políticas públicas se tienen en cuenta los derechos que comprenden los principios universales, el reconocimiento del compromiso estatal de la garantía y el carácter integral de los seres humanos en lo individual y colectivo, atendiendo a sus capacidades de desarrollo. Allí, tanto la niñez como la adolescencia deben ser reconocidas con la promoción de su desarrollo integral y la prevención de la vulneración de sus derechos de la que hace parte la garantía y su restablecimiento.